Empleo en Afganistán

El empleo en Afganistán se organiza a través de la administración pública, empresas privadas, ONG, organizaciones internacionales y agencias privadas de empleo, pero no se ha verificado ningún portal público nacional único de empleo. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Ministry of Labor and Social Affairs, MoLSA), cuyo nombre completo en inglés es Ministry of Labor and Social Affairs (MoLSA), y las estructuras provinciales de Trabajo y Asuntos Sociales gestionan los asuntos relacionados con el empleo formal. La Autoridad de Educación y Formación Técnica y Profesional (Technical and Vocational Education and Training Authority, TVET-A), cuyo nombre completo en inglés es Technical and Vocational Education and Training Authority (TVET-A), apoya la formación formal, incluidos cursos no formales de aproximadamente 3 a 12 meses. Los aprendizajes privados, la agricultura, el trabajo diario, la venta ambulante, el trabajo como taxista, la costura, la fabricación de alfombras, la transformación de alimentos y otras actividades desde casa ofrecen formas adicionales de obtener ingresos. Los programas de dinero por trabajo proporcionan ingresos a corto plazo, pero no crean empleo regular. El marco formal incluye la nacionalidad afgana, un certificado profesional, un certificado de salud y la educación secundaria o superior entre las condiciones habituales para los empleados, con excepciones para el personal de apoyo. Establece la edad mínima en 18 años para el trabajo ordinario, 15 para el trabajo ligero y 14 para la formación. Puede ser necesario un documento nacional de identidad (Tazkira) u otra identificación nacional para verificar la edad. El acceso real y la aplicación varían considerablemente entre sectores y provincias. Un contrato de empleo formal debería indicar el trabajo, el salario, las horas de trabajo, las vacaciones, el lugar de trabajo y la duración. El marco prevé tres copias para el trabajador, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la función de recursos humanos del empleador. Un plazo fijo de un año es lo habitual, las prórrogas requieren acuerdo y el período de prueba puede durar hasta tres meses. Un trabajador que ponga fin a un contrato de duración indefinida generalmente debe avisar por escrito con un mes de antelación. El pago puede ser mensual, cada 15 días, semanal o por trabajo realizado. El marco hace referencia a un salario mínimo gubernamental, pero no se ha verificado el importe nacional vigente en AFN. El tiempo de trabajo ordinario está limitado a 40 horas semanales en el marco formal, con límites inferiores para los trabajadores jóvenes, el trabajo subterráneo o peligroso y las trabajadoras embarazadas. Los complementos por horas extraordinarias son del 25 % en días ordinarios y del 50 % en días de descanso o festivos. Los complementos por trabajo nocturno son del 15 % en el trabajo de servicios y administrativo y del 25 % en la producción. El marco también prevé una licencia de maternidad remunerada de 90 días, normalmente 30 días antes y 60 después del parto, con 15 días adicionales en caso de parto anormal o gemelos. En el marco jurídico existen permisos públicos, anuales, por enfermedad y urgentes remunerados, así como disposiciones de protección social, pero su cobertura práctica no se ha verificado por completo. El empleo puede terminar por acuerdo, vencimiento de un plazo fijo, jubilación, fallecimiento, incapacidad, más de seis meses de interrupción del trabajo, disolución de la organización o reducción de personal, condena o incumplimiento reiterado de las obligaciones. Cuando una organización termina el empleo por razones organizativas, el marco prevé una ayuda equivalente a un mes de salario después de un año de servicio, dos meses después de uno a cinco años, cuatro meses después de cinco a diez años y seis meses después de más de diez años. Las controversias pueden pasar de una Comisión de Resolución de Disputas a una Comisión Central y después a los tribunales, pero el acceso práctico y la aplicación siguen siendo fragmentarios. Los ciudadanos extranjeros utilizan un procedimiento separado de permiso de trabajo a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El permiso es válido durante un año, registra el lugar de trabajo, el puesto y la fecha de inicio, y tiene una tasa cuyo importe vigente no se ha verificado. Un visado de turista no es suficiente, y puede requerirse un visado adicional de entrada del Ministerio de Asuntos Exteriores. Los trabajadores domésticos tienen prioridad según el procedimiento indicado. El mercado laboral está dominado por el trabajo informal y por cuenta propia. La modelización de la Organización Internacional del Trabajo (International Labour Organization, ILO) para 2026 estima aproximadamente 8,5 millones de personas empleadas, una proporción empleo-población del 32,5 % y una participación femenina en la fuerza laboral del 5,1 %. El trabajo asalariado privado representaba aproximadamente el 12 % de las personas empleadas de 15 a 65 años en 2023, frente al 5 % en 2020. El crecimiento del empleo siguió siendo inferior al crecimiento de la población, y el empleo de las mujeres todavía estaba por debajo de un tercio de su nivel de 2020. Las restricciones actuales limitan considerablemente el acceso de las mujeres a puestos gubernamentales, al trabajo en ONG y en la ONU, a la gestión, a los salones de belleza y a muchas vías educativas y sanitarias. Los requisitos de movilidad, las normas sobre el acompañante masculino obligatorio (mahram), la segregación por género, las normas de vestimenta y los riesgos en los puestos de control pueden afectar a si se puede llegar a un empleo. Desde el 7 de septiembre de 2025, las trabajadoras y contratistas afganas tienen prohibida la entrada a los recintos de la ONU, lo que ha llevado a algunas organizaciones a utilizar modalidades a distancia. El trabajo desde casa y las microempresas y pequeñas y medianas empresas propiedad de mujeres siguen siendo alternativas importantes, mientras que las mujeres jóvenes, las personas retornadas, las personas desplazadas internamente, los hogares encabezados por mujeres y los trabajadores rurales afrontan riesgos especialmente altos de acceso y de ingresos. Por tanto, los derechos legales formales no garantizan un acceso igualitario ni una aplicación fiable en la práctica.