Entorno vital en Angola

La electricidad, el agua y el saneamiento tienen un efecto especialmente fuerte en la vida cotidiana. En 2023, alrededor del 43 % de la población tenía acceso a la electricidad, incluido aproximadamente el 90 % en las ciudades y menos del 10 % en las zonas rurales. La distribuidora y comercializadora nacional de electricidad (ENDE) opera la distribución y las ventas en todo el país, mientras que el Ministerio de Energía y Agua (MINEA) supervisa el sector energético. El acceso se proporciona mediante la red pública o soluciones descentralizadas, como la energía solar; los costes, los plazos de conexión y la continuidad del suministro dependen de la ubicación, la tarifa y el proyecto concreto. En 2024, aproximadamente el 68 % de la población tenía al menos servicios básicos de agua potable. La proporción con al menos servicios básicos de saneamiento era de alrededor del 52 % en 2022, mientras que en 2024 cerca del 19 % disponía de una instalación para lavarse las manos con agua y jabón. No se dispone de una cifra nacional fiable sobre el suministro de agua gestionado de forma segura. En algunos lugares, los hogares utilizan redes públicas, puntos de agua, perforaciones, pozos o gestión comunitaria (MoGeCa). La Dirección Nacional de Agua y Saneamiento (DNAAS) y el Instituto de Regulación del Agua y el Saneamiento (IRSEA) trabajan en el sector del agua y el saneamiento; la empresa de agua de Luanda (EPAL-EP) abastece especialmente a Luanda, mientras que las provincias, los municipios (Municípios) y los proveedores regionales desempeñan tareas adicionales. La distancia a la red, la continuidad, la calidad y el precio del agua determinan qué suministro está disponible en la práctica. Los servicios de aguas residuales y de lodos fecales siguen siendo incompletos en muchas zonas. La eliminación de residuos está fragmentada contractual y organizativamente, especialmente en las ciudades. La Agencia Nacional de Residuos (ANR) regula la política nacional de residuos, las licencias, las zonas de recogida y la eliminación; un organismo de apoyo a la gestión de residuos (PESGRU) respalda la gestión de residuos. Angola genera aproximadamente 5,2 millones de toneladas de residuos al año, de los cuales más del 60 % se elimina sin control en vertederos abiertos. Coexisten la recogida municipal, las instalaciones de eliminación autorizadas, el reciclaje y la separación, y los recolectores informales. La Tasa de Limpieza y Saneamiento (Taxa de Limpeza e Saneamento) se está implantando, pero su importe, cobertura y frecuencia de cobro dependen de la ubicación. Los vertidos y la quema al aire libre contaminan el aire y el agua y pueden bloquear el drenaje durante lluvias intensas. Los operadores están sujetos a requisitos de eliminación autorizada, así como a obligaciones relativas al operador y a los permisos. En cuanto a la calidad del aire, la base de datos WHO-GHO proporciona una concentración modelizada de PM2,5 de 20,15 µg/m³ para las zonas urbanas de Angola en 2019. La evaluación de la OMS de 2025 la sitúa, por tanto, en aproximadamente cinco veces el valor de referencia de la OMS; la cifra se basa en un modelo y en un indicador, y no es una medición actual de una ubicación concreta. Entre las fuentes habituales se encuentran los generadores diésel, el tráfico y el polvo de las carreteras, la quema de residuos y la industria. La autoridad de gestión ambiental (INGA) participa en las normas de calidad ambiental, el trabajo de laboratorio y el control de la contaminación. No se ha establecido una red pública nacional densa de vigilancia o alerta ni un procedimiento uniforme de reclamaciones. El ruido procede principalmente de generadores, obras de construcción, comercios, ocio nocturno y tráfico en el entorno. En Angola no se han establecido mapas nacionales de ruido, mediciones uniformes ni oficinas centrales de reclamaciones; por ello, es necesario comprobar sobre el terreno cuál es la administración local responsable y cómo se aplica la normativa ambiental. Los espacios verdes se experimentan en términos de sombra, utilidad, mantenimiento, iluminación y accesibilidad. INGA, el Ministerio de Medio Ambiente (Ministério do Ambiente) y las provincias y los municipios promueven o gestionan estos espacios, pero no se ha establecido una norma nacional sobre parques, mantenimiento, acceso u horarios de apertura. Los costes y los tiempos de acceso dependen de la ubicación y del operador. La escasez de agua y las sequías prolongadas afectan especialmente al sur. En todo el país, la variabilidad de las precipitaciones, las inundaciones, la erosión y el calor modifican las condiciones; los desagües bloqueados pueden intensificar las inundaciones en las ciudades. El Instituto Nacional de Meteorología y Geofísica (INAMET) proporciona información meteorológica y climática, mientras que el Servicio de Protección Civil y Bomberos (SPCB) y el Ministerio del Interior (MININT) participan en la preparación y la asistencia ante catástrofes. No existe una solución local uniforme de alerta y protección. Los riesgos para la seguridad en el entorno vital incluyen inundaciones, incendios, instalaciones de drenaje abiertas, residuos, caminos sin iluminación, minas terrestres y restos explosivos de guerra. El SPCB es responsable, entre otras cosas, de la preparación y el rescate durante inundaciones e incendios. La Agencia Nacional de Acción contra las Minas (ANAM) coordina el desminado nacional; en 2025 Angola solicitó una prórroga del plazo de desminado hasta 2030. En las antiguas zonas de conflicto, especialmente Moxico, Cuando Cubango y Bié, solo se puede entrar en zonas señalizadas y despejadas. No se deben tocar objetos desconocidos. El desminado y la declaración de una zona como despejada dependen del programa y de la ubicación correspondientes; no existe una tarifa general ni un calendario nacional. Los proyectos de infraestructuras, industriales, de materias primas, de agua o de residuos pueden requerir una licencia ambiental con participación pública. En virtud del Decreto Presidencial 117/20, los proyectos se examinan previamente: las categorías A y B requieren una evaluación de impacto ambiental detallada (EIA), la categoría C requiere una evaluación ambiental simplificada (EAS) y la categoría D no requiere licencia ambiental. Las personas afectadas e interesadas pueden presentar observaciones; el procedimiento incluye un informe y un anuncio público de la decisión final. Participan el Ministerio de Medio Ambiente o la autoridad ambiental responsable, el promotor del proyecto y los organismos locales y provinciales. El idioma del procedimiento es el portugués. Para el examen preliminar o la declaración de categoría D, el reglamento especifica 24 horas; una licencia ambiental puede expedirse en un plazo de 8 días laborables después de una decisión positiva y del pago de la tasa. Las observaciones pueden presentarse durante un máximo de 30 días, y las tasas dependen del proyecto y de la categoría; el Estado y las autoridades locales autónomas (Autarquias) están exentos. La urbanización y la expansión de los asentamientos, las nuevas infraestructuras, los proyectos de agua y residuos, la minería, la industria y el cambio climático están modificando el agua, el aire, el suelo, los espacios verdes y la seguridad. La evaluación ambiental, la consulta local y los requisitos ambientales proporcionan el marco formal para gestionar estos proyectos. El desplazamiento y la indemnización deben examinarse por separado para cada proyecto. Angola no dispone de un portal nacional que reúna todos los aspectos de la calidad del entorno vital, ni de una vigilancia uniforme del ruido y del aire, ni de un canal municipal de reclamaciones garantizado, ni de un servicio normalizado de espacios verdes. Coexisten soluciones formales, no formales e informales, que deben comprobarse según la ubicación.