Derecho penal en Argentina

En Argentina, la rama jurídica que define los delitos y las penas (derecho penal) determina las conductas consideradas delitos y sus posibles consecuencias jurídicas. Un principio básico es que una conducta no puede castigarse como delito a menos que una ley ya la hubiera definido como tal. Argentina es un país federal. Los delitos y las penas fundamentales se establecen en gran medida a nivel nacional, mientras que el procedimiento penal, los tribunales, los fiscales, la organización policial y las vías procesales pueden diferir entre las jurisdicciones federales y provinciales. Un caso penal puede comenzar con una denuncia, una intervención policial, una investigación de un fiscal u otra medida autorizada. La investigación busca pruebas sobre lo ocurrido, si se cometió un delito y quién podría ser responsable. Una persona bajo investigación puede describirse como una persona formalmente vinculada a una investigación penal (imputado) o como acusada. Las protecciones fundamentales incluyen la presunción de inocencia, el derecho a comprender la acusación, el derecho a un abogado defensor, la protección contra la autoincriminación forzada y la revisión por autoridades legalmente competentes. El representante del Ministerio Público que dirige la acusación (fiscal) dirige o participa en el ejercicio de la acción penal según el procedimiento aplicable. Un juez protege las garantías legales y decide las cuestiones asignadas al tribunal, mientras que la división exacta de tareas depende de la jurisdicción y de la etapa procesal. Las víctimas pueden denunciar delitos, recibir información, solicitar protección, presentar pruebas y participar mediante las funciones procesales reconocidas. En ocasiones, una víctima puede actuar como denunciante particular reconocido por la ley procesal (querellante), conforme a las normas aplicables. Las pruebas pueden incluir declaraciones de testigos, documentos, mensajes, objetos, conclusiones periciales y material forense. Su legalidad, fiabilidad, cadena de custodia y relación con la acusación pueden ser tan importantes como su existencia. Un caso puede terminar mediante sobreseimiento, absolución, condena, un procedimiento alternativo u otra resolución legal. Las posibles consecuencias incluyen prisión, multas, restricciones, decomiso y efectos sobre los antecedentes, el empleo, la inmigración o la responsabilidad civil. El derecho penal protege la seguridad pública y los derechos individuales, pero no garantiza un resultado rápido o sencillo. La jurisdicción, la etapa procesal, las pruebas, la calificación jurídica y el papel de la persona determinan qué medidas están disponibles.