Estado en Argentina

Argentina es un Estado representativo, republicano y federal. La Constitución de la Nación (Constitución Nacional) establece las reglas básicas para la autoridad pública y protege los derechos fundamentales. El federalismo significa que el poder de gobierno se divide entre la Nación y las provincias. El nivel nacional se ocupa de los asuntos que afectan a todo el país, mientras que cada provincia tiene su propia constitución, autoridades, legislatura, tribunales y administración pública. Argentina tiene veintitrés provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La ciudad tiene sus propias autoridades elegidas y un estatus autónomo especial, por lo que no es simplemente otro municipio ni es lo mismo que la Provincia de Buenos Aires. A nivel nacional, la rama ejecutiva está encabezada por el Presidente de la Nación. El presidente dirige la administración nacional, aplica las leyes nacionales y representa al país, mientras que los ministros gestionan las principales áreas de política pública. El Congreso Nacional ejerce el poder legislativo federal. Está compuesto por una Cámara de Diputados, que representa a la población, y un Senado, que representa a las provincias y CABA. Normalmente, una propuesta necesita la aprobación de ambas cámaras para convertirse en una ley nacional. La rama judicial aplica la Constitución y las leyes a controversias concretas. La Corte Suprema se encuentra en la cima de la estructura judicial federal, mientras que los tribunales provinciales resuelven muchos asuntos regidos por la legislación provincial. Los tribunales están institucionalmente separados de las ramas políticas. Los municipios y otros gobiernos locales organizan los asuntos comunitarios conforme a las normas de su provincia. Sus responsabilidades habituales pueden incluir las calles locales, los espacios públicos, los servicios de residuos, los permisos y la administración barrial, aunque la división exacta varía entre las provincias. Por lo tanto, los servicios públicos provienen de varios niveles a la vez. Los asuntos nacionales de seguridad social, los asuntos provinciales de educación o justicia y los asuntos municipales relacionados con calles o permisos pueden requerir distintas oficinas. El primer paso práctico es identificar qué nivel de gobierno es responsable del asunto. Los residentes pueden relacionarse con el Estado a través de oficinas públicas, procedimientos administrativos oficiales, representantes elegidos, tribunales y canales de acceso a la información o de reclamos cuando estén disponibles. La participación también se produce mediante elecciones, partidos políticos, la sociedad civil, sindicatos, grupos vecinales y el debate público pacífico.