Derecho en Armenia

Armenia tiene un sistema jurídico de derecho civil. La mayoría de las normas están escritas en la Constitución, los códigos, las leyes y otros actos jurídicos formales, en lugar de basarse principalmente en decisiones judiciales anteriores. La Constitución es la base jurídica interna suprema. Describe la estructura del Estado, divide los poderes públicos y protege derechos básicos como la igualdad, la propiedad, la privacidad, las garantías procesales y la libertad de expresión. La Asamblea Nacional (National Assembly) adopta las leyes, mientras que el Gobierno y otros organismos públicos emiten y aplican normas más detalladas dentro de sus competencias. Una norma de rango inferior no debería entrar en conflicto con una norma de rango superior. El derecho privado regula las relaciones entre personas y organizaciones. Entre sus áreas importantes se encuentran los contratos, la propiedad, las sucesiones, los asuntos familiares, el empleo y las formas jurídicas y actividades de las empresas. El derecho público regula el ejercicio del poder estatal. Incluye el derecho constitucional, administrativo, tributario y penal, así como los procedimientos para impugnar decisiones de las autoridades públicas. Armenia cuenta con tribunales que conocen de asuntos civiles, penales y administrativos, y cuyas decisiones pueden revisarse ante tribunales superiores conforme a las normas procesales. El Tribunal Constitucional (Constitutional Court) tiene un papel especial en las cuestiones relativas a la compatibilidad constitucional y a las competencias constitucionales. Un asunto jurídico típico comienza con la recopilación de documentos, la identificación de la persona o autoridad responsable y la presentación de una solicitud o reclamación por escrito. Si no se logra una solución directa, el asunto puede continuar mediante una reclamación administrativa, mediación o negociación cuando sean adecuadas, o un procedimiento judicial formal. En la práctica, las pruebas escritas son especialmente importantes. Los contratos, recibos, decisiones oficiales, registros, correspondencia y comprobantes de entrega pueden determinar qué derechos existen y si se realizó un paso requerido. Los derechos jurídicos tienen límites y normalmente conllevan procedimientos. Una reclamación sólida aun así puede verse perjudicada por una demora, la elección del foro equivocado, la falta de pruebas, una traducción poco clara o el incumplimiento de la forma exigida, por lo que puede ser útil obtener orientación jurídica de forma temprana.