El Estado en Armenia

El nombre oficial del Estado es la República de Armenia, o la denominación oficial en armenio (Hayastani Hanrapetutyun). Armenia es un Estado unitario, por lo que no tiene estados soberanos ni provincias con sus propias constituciones. La Constitución es el marco básico del poder público. Define las instituciones estatales, los derechos fundamentales y los límites dentro de los cuales deben actuar las autoridades. Armenia es una república parlamentaria. La Asamblea Nacional (Azgayin Zhoghov) es el parlamento unicameral y aprueba leyes, aprueba el presupuesto estatal y supervisa al Gobierno. El primer ministro dirige el Gobierno y es la figura central del poder ejecutivo. Los ministerios y otros organismos gubernamentales convierten las leyes y los programas políticos en administración, servicios públicos y políticas nacionales. El presidente es el jefe de Estado, pero normalmente tiene un papel más limitado que el primer ministro. El cargo representa la continuidad, cumple funciones constitucionales y no gestiona la política gubernamental cotidiana. Los tribunales ejercen el poder judicial y resuelven casos conforme a la Constitución y las leyes. El control constitucional tiene un papel especial porque examina si los actos jurídicos o las decisiones oficiales cumplen la Constitución. Armenia se divide en provincias administrativas (marzer), que suelen traducirse como provincias, mientras que Yerevan tiene un régimen especial de ciudad capital. Estas zonas son divisiones administrativas y no estados separados. El autogobierno local funciona a través de comunidades locales (hamaynkner). Los consejos comunitarios y los dirigentes locales se ocupan de asuntos como la planificación local, los bienes municipales, los servicios vecinales y los presupuestos comunitarios, dentro de las competencias establecidas por la legislación nacional. En la práctica, la institución adecuada depende del problema. Un ministerio gestiona la política nacional, un municipio gestiona muchos servicios locales, el parlamento modifica las leyes y un tribunal resuelve litigios jurídicos, no solicitudes generales de servicios.