Estado en Antigua y Barbuda

El orden constitucional se basa en la Constitution Order 1981, Cap. 23 (Orden Constitucional de 1981, cap. 23), incluida la Constitution of Antigua and Barbuda (Amendment) Act 2025. El territorio comprende Antigua, Barbuda y Redonda, sin un nivel federal ni provincial. La Corona está representada por el gobernador general, que nombra al primer ministro basándose en el apoyo mayoritario de la Cámara de Representantes. El primer ministro dirige el Gabinete, que orienta y controla la política gubernamental, mientras que los ministros son nombrados entre los miembros de la Cámara o del Senado. Los secretarios permanentes supervisan los departamentos, y el fiscal general actúa como principal asesor jurídico del Gobierno. En 2026, Gaston A. Browne es primer ministro y Sir Rodney Williams es gobernador general. El Parlamento está formado por la Corona, el Senado y la Cámara de Representantes. El Senado tiene 17 miembros nombrados: 10 por recomendación del primer ministro, 4 por recomendación del líder de la oposición, 1 a discreción del gobernador general, 1 por recomendación del Consejo de Barbuda y 1 residente de Barbuda por recomendación del primer ministro. La Cámara se elige en circunscripciones uninominales; el Gobierno describe su composición como 17 miembros elegidos, 1 miembro ex officio y un presidente, lo que suma 19 puestos. Un proyecto de ley debe ser aprobado por el Senado y la Cámara antes de que el gobernador general otorgue su sanción y la medida se publique en la Gaceta Oficial (Official Gazette). Las reformas constitucionales requieren una mayoría de dos tercios en la Cámara. Antigua y Barbuda tiene una administración nacional, no gobiernos provinciales separados. Los ministerios y departamentos abarcan áreas como finanzas, asuntos jurídicos, seguridad pública, trabajo, relaciones exteriores, inmigración, agricultura, tierras, turismo, transporte, educación, vivienda, obras públicas, transformación social y servicios públicos. Los portales gubernamentales ofrecen formularios, servicios electrónicos y acceso a servicios ciudadanos como certificados de antecedentes, permisos de tráfico, pasaportes, asistencia jurídica y reclamaciones ante el Ombudsman. El departamento responsable, los requisitos, los documentos, las tasas y el tiempo de tramitación dependen del servicio concreto y de si el solicitante es ciudadano, residente o no ciudadano. No existe un plazo general aplicable a todos los departamentos. El Consejo de Barbuda (Barbuda Council) es el órgano principal constitucional del gobierno local de Barbuda en virtud de la Barbuda Local Government Act 1976 (Ley de Gobierno Local de Barbuda de 1976). Sus funciones incluyen la agricultura y la silvicultura, la salud pública y los servicios sanitarios, los servicios de electricidad y agua, las carreteras y los ingresos locales. El Gabinete puede emitir directrices políticas generales o específicas, pero las funciones del Consejo cuentan con protecciones legales; los cambios en las disposiciones protegidas requieren el consentimiento del Consejo. En las fuentes primarias revisadas no se evidencia un órgano general de autogobierno local para Antigua y Redonda, por lo que los ministerios y departamentos nacionales siguen siendo el principal punto de acceso a los servicios públicos allí. El sistema del Tribunal Supremo del Caribe Oriental (Eastern Caribbean Supreme Court) incluye el Tribunal Superior y el Tribunal de Apelación, mientras que los tribunales de magistrados conocen de los asuntos de su competencia. El director de la Fiscalía, nombrado por el gobernador general por recomendación de la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos, puede iniciar, asumir o suspender procedimientos penales. Las instrucciones del fiscal general al director de la Fiscalía están limitadas constitucionalmente a asuntos como secretos oficiales, motín, incitación y obligaciones de derecho internacional. Una persona que alegue una violación de derechos constitucionales puede solicitar reparación ante el Tribunal Superior, y el Centro de Asesoramiento de Asistencia Jurídica puede prestar ayuda cuando sus servicios sean aplicables. El dinero público se gestiona a través del Ministerio de Finanzas, el secretario financiero, la Tesorería, la Hacienda Interna, las aduanas y las funciones de deuda pública. Los ingresos públicos generalmente ingresan en el Fondo Consolidado (Consolidated Fund), y las retiradas requieren una imputación constitucional o legal o una autorización parlamentaria. El ejercicio financiero dura 12 meses. Las estimaciones deben presentarse antes del inicio del ejercicio financiero o, como máximo, dentro de los 90 días siguientes a su comienzo; después de la aprobación de la Cámara se presenta un proyecto de ley de asignaciones. Si no existe una asignación disponible, se pueden autorizar gastos temporales durante un máximo de cuatro meses, y la Constitución también prevé un Fondo para Contingencias. El presupuesto de 2026 informó de ingresos y subvenciones de 1,51 mil millones de dólares, gastos excluida la amortización de 1,44 mil millones de dólares, amortización de 636,6 millones de dólares y una necesidad neta de financiación de 567,1 millones de dólares; estas cifras corresponden a ese ejercicio presupuestario. La supervisión se reparte entre varios órganos. El director de Auditoría examina las cuentas públicas, las autoridades gubernamentales, los tribunales, las comisiones constitucionales y las empresas controladas por el Estado, y después envía el informe a la Cámara a través del ministro de Finanzas dentro del plazo constitucional. El Comité de Cuentas Públicas examina las conclusiones de auditoría y los gastos no autorizados o excesivos. La Comisión de la Función Pública gestiona los nombramientos y la disciplina dentro de sus competencias constitucionales, mientras que la Comisión del Servicio de Policía y la Junta de Apelación de la Función Pública tienen sus respectivas funciones. El Ombudsman es un funcionario del Parlamento nombrado por ambas Cámaras y puede investigar decisiones administrativas injustas del Gobierno o de organismos legales conforme a la Ombudsman Act 1994 (Ley del Ombudsman de 1994). La Integrity in Public Life Act 2004, la Freedom of Information Act 2004 y la Comisión de Información proporcionan mecanismos adicionales de rendición de cuentas, sujetos a las condiciones y excepciones legales. Las protecciones constitucionales incluyen la vida, la libertad, la seguridad personal, la propiedad, la protección de la ley, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, incluida la prensa, la reunión pacífica, la asociación y la privacidad. La Gaceta Oficial publica los instrumentos jurídicos, mientras que laws.gov.ag, los comunicados del Gobierno, las notas del Gabinete y los servicios electrónicos oficiales proporcionan información pública. La información presentada mediante servicios electrónicos puede compartirse para fines gubernamentales necesarios conforme a la política de privacidad aplicable; las comunicaciones oficiales no representan todo el entorno mediático. La Real Fuerza de Policía de Antigua y Barbuda es el principal servicio de aplicación de la ley para el orden público, la protección de la vida y la propiedad, la prevención y detección de delitos y el mantenimiento de la paz. La Fuerza de Defensa de Antigua y Barbuda protege la integridad territorial y la soberanía, y también apoya a las autoridades civiles, la protección pesquera, la lucha contra las drogas, la ayuda humanitaria, la seguridad marítima, la búsqueda y el rescate y la aplicación de la ley. La Oficina Nacional de Políticas de Control de Drogas y Blanqueo de Capitales, la Unidad de Inteligencia Financiera, Inmigración, Aduanas, las autoridades portuarias y aeroportuarias y la Oficina Nacional de Servicios para Casos de Desastre tienen responsabilidades especializadas. Durante las emergencias que implican a varios organismos, la Oficina Nacional de Servicios para Casos de Desastre coordina la gestión gubernamental de desastres. La policía, los servicios médicos de emergencia o las autoridades de desastre son el primer contacto pertinente según la situación. Una emergencia pública es proclamada por el gobernador general en la Gaceta Oficial. Salvo que ambas Cámaras aprueben su continuación, la proclamación caduca después de siete días cuando el Parlamento está reunido o después de 21 días en las demás circunstancias. Las restricciones de derechos deben tener una justificación constitucional o legal, y las autoridades públicas siguen sujetas a la ley. Los ciudadanos y demás personas en Antigua y Barbuda están sujetos a la Constitución y a las leyes válidas.