Derecho civil en Australia

En Australia, el derecho civil es un término amplio que designa las disputas jurídicas no penales. Incluye contratos, negligencia y otros ilícitos civiles, bienes, deudas, testamentos y sucesiones, equidad y numerosos derechos establecidos por ley. Australia utiliza un sistema de common law, es decir, de derecho anglosajón basado en precedentes, que está determinado por leyes escritas y decisiones judiciales. La legislación aplicable y la instancia adecuada pueden depender del estado o territorio, de las partes, del lugar de los hechos y de si interviene una cuestión federal. Una demanda civil suele requerir un derecho reconocido por la ley, hechos que demuestren que la otra parte incumplió una obligación y una solución adecuada. No todos los sucesos injustos dan lugar a una demanda legal, y las pruebas prácticas suelen ser decisivas. Las disputas contractuales pueden tratar de si existe un acuerdo, qué significan sus condiciones, si se incumplió una promesa y qué pérdida se produjo como consecuencia. Los acuerdos pueden ser escritos, verbales o deducirse de la conducta, aunque suele ser más fácil probarlos mediante documentos escritos. La negligencia suele referirse a no tomar las precauciones exigidas por la ley cuando eso causa un daño previsible. La prueba concreta varía según los hechos y la legislación, y la responsabilidad puede reducirse o compartirse si varias personas contribuyeron a la pérdida. Entre las soluciones habituales figuran una indemnización, el cobro de deudas, declaraciones, órdenes que exigen o prohíben una conducta y la ejecución de obligaciones concretas. Por lo general, se espera que quien reclama adopte medidas razonables para limitar las pérdidas evitables. Los asuntos civiles pueden resolverse mediante negociación, mediación, un ombudsman o entidad sectorial, un tribunal especializado o un juzgado. La vía más adecuada depende del tipo y el valor de la disputa, la solución deseada, el coste, la urgencia y la relación entre las partes. Los plazos pueden impedir que se tramite incluso una demanda válida. Antes de iniciar una acción formal, conviene tener en cuenta los documentos, los datos de testigos, las pruebas periciales, los costes jurídicos y la posibilidad de que la otra parte pueda cumplir una orden.