Convivencia en las Bahamas

La Ley de Gobierno Local (Local Government Act 2024) está en vigor desde el 18 de diciembre de 2024. El Departamento de Gobierno Local depende del ministro responsable de Asuntos de las Family Islands. Los distritos establecidos por ley comprenden las Family Islands y Gran Bahama; New Providence no figura en los registros correspondientes y, por tanto, requiere una comprobación de jurisdicción aparte. Los administradores de las Family Islands apoyan la administración local. Las zonas urbanas trabajan con comités municipales, mientras que los demás distritos trabajan con consejos de distrito. Los votantes registrados eligen a los miembros de los comités municipales o los consejos. Estos organismos atienden asuntos locales y pueden cooperar con instituciones públicas u organizaciones benéficas registradas si el ministro responsable lo aprueba. Entre otros asuntos, los comités municipales se ocupan de residuos, carreteras, desagües, baños públicos, áreas de juego, parques, playas, senderos y determinadas instalaciones escolares y de transporte. Las reuniones se celebran al menos una vez al mes; las reuniones públicas, al menos una vez cada trimestre, y las reuniones de las zonas urbanas, al menos una vez al año. Por lo general, estas reuniones requieren un aviso con al menos 14 días de antelación. Los miembros deben declarar de inmediato cualquier conflicto de intereses, abandonar la reunión y abstenerse de votar sobre el asunto correspondiente. La Constitución protege, entre otros aspectos, la intimidad del hogar y la propiedad, la libertad de conciencia y expresión, la reunión y asociación pacíficas, y la libertad de circulación. Pueden aplicarse restricciones por motivos de seguridad pública, orden público, moralidad, salud o derechos de otras personas. Los espacios públicos también están sujetos a normas sobre residuos, higiene, tráfico, estacionamiento, señalización y construcción. En los parques públicos y las playas públicas están prohibidos las estructuras o ventas no autorizadas, las obstrucciones, los daños, tirar basura y abandonar animales, permitir que deambulen, capturarlos o alimentarlos. Según la infracción, las posibles sanciones incluyen multas de hasta 5.000 dólares y seis meses de prisión; los daños o determinadas infracciones relacionadas con la señalización conllevan sanciones de hasta 3.000 dólares, mientras que las ventas no autorizadas o las obstrucciones pueden acarrear hasta 1.000 dólares por una primera infracción y hasta 3.000 dólares por una reincidencia. Las tasas por el uso de espacios públicos pueden establecerse mediante una orden. Las decisiones de un comité municipal pueden recurrirse ante el consejo de distrito en un plazo de 15 días. La protección constitucional contra la discriminación menciona la raza, el lugar de origen, la opinión política, el color y el credo. Las personas con discapacidad tienen protecciones adicionales relativas al acceso a edificios públicos, servicios, tecnologías de la información y la comunicación, carreteras e instalaciones sociales. La Comisión Nacional para las Personas con Discapacidad puede investigar reclamaciones, ordenar ajustes y recomendar acciones legales. Por lo general, los animales de asistencia pueden acceder a lugares y servicios públicos sin cargos adicionales. La discriminación probada contra personas con discapacidad puede castigarse con hasta 5.000 dólares y tres meses de prisión. La legislación examinada no ha establecido una ley general de igualdad de trato que incluya otros motivos protegidos. En caso de peligro inmediato o delito, se puede contactar con la Fuerza de Policía Real de las Bahamas (Royal Bahamas Police Force) llamando al 911 o al 919; los asuntos no urgentes deben dirigirse a la comisaría local. También se puede enviar información al servicio Crime Tips por WhatsApp al 242-376-8268. La policía comunitaria, el Consejo Nacional de Vigilancia Vecinal, los grupos de vigilancia vecinal, las patrullas y la cooperación con iglesias u organizaciones no gubernamentales complementan las medidas estatales de emergencia y seguridad. No se ha establecido un sistema formal de mediación a escala nacional para los conflictos vecinales comunes; el conocimiento local o el apoyo de líderes locales no tiene automáticamente efectos jurídicos vinculantes. La Ley del Defensor del Pueblo (Ombudsman Act 2024) prevé reclamaciones sobre medidas administrativas y determinadas vulneraciones de los derechos humanos, siempre que la ley ya esté en vigor. En la Gaceta y el registro examinados no se confirmó el inicio de su aplicación. Si la ley es aplicable, el plazo general es de un año desde la notificación, con acuse de recibo en un plazo de 30 días y una mediación que no puede durar más de 60 días. La vivienda compartida se rige principalmente por un contrato privado de alquiler, las normas de la vivienda y los acuerdos entre residentes. No se ha establecido un servicio nacional ni un procedimiento uniforme específico para la convivencia en viviendas compartidas o comunitarias. Por tanto, el alquiler, los depósitos, el uso de espacios compartidos y los plazos de preaviso dependen del acuerdo y de las circunstancias. Los asuntos detallados de derecho de vivienda corresponden a otra área temática, salvo que afecten directamente a la convivencia. Los grupos vecinales digitales están sujetos a la legislación sobre protección de datos y delitos informáticos. Por lo general, las personas interesadas pueden solicitar por escrito al responsable del tratamiento acceso a sus datos o su rectificación, pedir su supresión y oponerse al marketing directo; el plazo general de tramitación suele ser de 40 días laborables. Las reclamaciones las atiende el Comisionado de Protección de Datos. El acceso, la modificación, la interceptación o la divulgación no autorizados de datos, así como compartir códigos de acceso, pueden denunciarse ante la policía. Las sanciones varían según la infracción; si se trata de un ordenador protegido, se prevén sanciones de hasta 100.000 dólares o 20 años de prisión.