Medios de comunicación en Bangladés

En Bangladés no existe una única autoridad estatal para todos los medios ni un portal nacional que reúna todos los servicios mediáticos. Las responsabilidades se distribuyen, entre otras instituciones, entre el Ministerio de Información y Radiodifusión (Ministry of Information and Broadcasting), el Departamento de Información (PID; Department of Information), la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones de Bangladés (BTRC; Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission), el Consejo de Prensa de Bangladés (Bangladesh Press Council), la televisión pública de Bangladés (Bangladesh Television, BTV), la radio nacional de Bangladés (Bangladesh Betar), el Instituto de Prensa de Bangladés (Press Institute Bangladesh), el Instituto Nacional de Comunicación de Masas (National Institute of Mass Communication), la Comisión de Información y la Oficina de Derechos de Autor. Los periódicos y las agencias de noticias necesitan una declaración y un registro antes de su publicación conforme a la Ley de Declaración y Registro de Imprentas y Publicaciones de 1973 (Printing Presses and Publications (Declaration and Registration) Act 1973). Esta responsabilidad corresponde al magistrado de distrito. El Consejo de Prensa funciona conforme a la Ley del Consejo de Prensa de Bangladés de 1974 (Bangladesh Press Council Act 1974), protege la libertad de prensa y tramita las quejas sobre las normas periodísticas. El Código de Conducta para Periodistas, Periódicos y Agencias de Noticias data de 1993 y fue modificado en 2002. Una queja debe presentarse por escrito al secretario del Consejo de Prensa e identificar el medio, el reportaje, los motivos de la queja, las pruebas disponibles, la respuesta anterior o la situación de publicación y una declaración de que no existen procedimientos judiciales paralelos. Se puede presentar un recurso contra el rechazo de una declaración en un plazo máximo de 45 días; para un recurso contra la revocación se establece un plazo máximo de 60 días. En el caso de los portales de noticias en línea, el departamento realiza los procedimientos de registro, renovación y licitación, y mantiene listas de portales registrados y de servicios de televisión IP. Las tasas y los plazos de tramitación no se publican de manera uniforme para todos los procedimientos. La televisión pública de Bangladés emite noticias y programas educativos, sanitarios, informativos y de entretenimiento en bengalí y en inglés. Su servicio terrestre funciona aproximadamente 17,5 horas al día y su servicio por satélite durante 24 horas; la institución indica que cuenta con dos centros de televisión completos, 14 estaciones repetidoras y una cobertura de aproximadamente el 95 % del territorio y el 97 % de la población. También distribuye contenidos mediante emisiones web, aplicaciones, Facebook y YouTube. La radio nacional utiliza AM, FM y onda corta, y ofrece servicios en directo, aplicaciones, archivos de programas y noticias, clubes de oyentes y canales de comentarios, quejas e información. Se aplican vías de licencia separadas a la recepción de televisión, los proveedores de cable, la transmisión de señales, la distribución y los canales extranjeros de pago. La comisión reguladora supervisa, entre otras cosas, las frecuencias, los satélites, los derechos de aterrizaje y la infraestructura de telecomunicaciones. Las solicitudes de permisos para cable y distribución pueden presentarse a través de myGov o de la televisión pública y pueden requerir una recomendación de la administración del distrito. El streaming sigue dependiendo de las plataformas y está fragmentado. Los documentos de la comisión reguladora distinguen entre servicios de streaming basados en IP, IPTV y vídeo bajo demanda; para determinados servicios OTT o IoT ofrecidos por proveedores de servicios de internet, la cláusula 20.3 de la Directriz para Proveedores de Servicios de Internet exige la aprobación previa de la comisión mientras se esperan nuevas directrices. No existe un catálogo nacional uniforme documentado, un portal público de acceso ni un precio general de suscripción. Por lo general, los usuarios necesitan un dispositivo adecuado, una conexión de datos o acceso de banda ancha y, según la plataforma, una cuenta. Los costes consisten en una tarifa de internet o móvil y una posible tarifa de la plataforma. Una publicación antigua de One Country One Rate indicaba un máximo de 500 BDT al mes para 5 Mbps, 800 BDT para 10 Mbps y 1.200 BDT para 20 Mbps; antes de proporcionar un coste actual deben volver a comprobarse los avisos tarifarios de 2026. Las redes sociales permiten publicar, comentar, denunciar, movilizar socialmente y difundir información pública. No se ha documentado ningún requisito general de licencia para las cuentas privadas de redes sociales; el registro de un portal de noticias en línea no autoriza cada publicación personal. Además de las condiciones de las plataformas, se aplican las bases jurídicas nacionales vigentes, incluida la Ley de Ciberseguridad (Cyber Security Act) y la Ley de Protección de Datos Personales (Personal Data Protection Act), incluidas en 2026. La situación jurídica sigue siendo dinámica porque en julio de 2026 todavía se debatían modificaciones de la legislación sobre ciberseguridad. Por tanto, las reglas concretas de eliminación, denuncia o carácter penal solo pueden evaluarse conforme a la ley vigente en ese momento. Entre los riesgos habituales se encuentran la desinformación, el discurso de odio, el acoso escolar, el hostigamiento, los contenidos perjudiciales y la divulgación de datos personales. No se ha documentado una licencia profesional legal general para ejercer el periodismo. La Política de Acreditación de Prensa de 2025 (Press Accreditation Policy 2025) ofrece una acreditación como prueba de acceso, pero no establece un derecho general a ejercer la profesión. Se puede recurrir ante el Comité de Apelación de Acreditación de Prensa contra la retirada de una acreditación. El instituto de prensa ofrece formación para periodistas de prensa escrita, medios electrónicos y medios en línea, incluida la cobertura digital, móvil, de datos, fotográfica, de investigación, infantil y de radio comunitaria. Las solicitudes pueden presentarse individualmente o a través de una institución o club de prensa. El Diploma de Posgrado en Periodismo (Postgraduate Diploma in Journalism (PGDJ)) de la Universidad Nacional dura un año, con dos semestres y 40 créditos, cuenta con 50 plazas y recientemente exigía una tasa de solicitud de 600 BDT y una tasa del curso de 16.000 BDT; las fechas pueden cambiar y se exige una asistencia del 60 %. El Instituto Nacional de Comunicación de Masas también ofrece formación en comunicación gubernamental con solicitudes en línea. La protección infantil combina la alfabetización mediática, ajustes seguros de las cuentas, la comprobación de las fuentes, el bloqueo y la denuncia de contenidos problemáticos y el apoyo de adultos o profesores. La comisión reguladora ofrece recursos para la orientación parental y el uso seguro de internet. En una encuesta U-Report de UNICEF Bangladés de 2025, con alrededor de 29.000 participantes, aproximadamente dos tercios describieron la desinformación como una fuente importante de estrés en las redes sociales; alrededor de una séptima parte informó de acoso o comentarios negativos, el 14 % de contenidos perjudiciales o angustiosos y el 17 % de sentirse menos seguro en internet. En las fuentes oficiales examinadas no se documenta un límite de edad legal uniforme a escala nacional para las cuentas de redes sociales. El acceso sigue siendo desigual; MICS 2025 informa de que el 72,1 % de los hogares tiene acceso a internet en casa. La Constitución protege la libertad de pensamiento, conciencia, palabra, expresión y prensa en su artículo 39. Las restricciones pueden referirse, entre otras cosas, a la seguridad del Estado, las relaciones amistosas con Estados extranjeros, el orden público, la decencia y la moralidad, el desacato al tribunal, la difamación o la incitación. El artículo 43 protege las comunicaciones y la privacidad, sujetas a restricciones legales razonables. Conforme a la Ley de Derecho a la Información de 2009 (Right to Information Act 2009), los ciudadanos bangladesíes pueden solicitar información por escrito, electrónicamente o por correo electrónico a la autoridad responsable. Por lo general, la respuesta debe darse en un plazo de 20 días laborables, o en un máximo de 30 días laborables cuando interviene otra autoridad; la denegación debe comunicarse en un plazo de diez días laborables. La decisión sobre el recurso debe emitirse en un plazo de 15 días laborables, tras lo cual se puede presentar una queja ante la Comisión de Información en un plazo de 30 días. La información relativa a la vida, la detención o la puesta en libertad debe proporcionarse en un plazo de 24 horas, salvo que se aplique una excepción legal. La Ley de Derechos de Autor de 2023 (Copyright Act 2023) protege, entre otras cosas, las obras literarias, dramáticas y musicales, las grabaciones sonoras, las películas, los contenidos de radio y televisión y los programas informáticos. El registro no es obligatorio, pero puede servir como prueba. Los derechos económicos pueden transferirse o licenciarse; deben respetarse los derechos de los autores y los derechos económicos. Para usos concretos deben comprobarse las tasas vigentes y los requisitos aplicables de la Oficina de Derechos de Autor. Por tanto, la participación es posible mediante solicitudes de información, quejas ante el Consejo de Prensa, recursos, procedimientos de acreditación y registro, comentarios a la televisión pública o a la radio nacional y formación periodística. U-Report de UNICEF proporciona datos adicionales sobre la participación de los jóvenes, pero no establece un derecho legal.