Derecho civil en Barbados

El derecho civil de Barbados comprende los litigios y acuerdos jurídicos entre partes privadas. Incluye capacidad jurídica, contratos, tierras y otros bienes, relaciones familiares, sucesiones, responsabilidad por daños, procedimientos civiles y ejecución. La protección de consumidores, el empleo y los asuntos penales pertenecen principalmente a áreas jurídicas adyacentes, aunque pueden afectar a un litigio civil en sus límites. El marco general combina el common law, la equidad y legislación específica. El High Court incluye las divisiones Civil y de Familia. Los Magistrates’ Courts pueden conocer de reclamaciones civiles contractuales y extracontractuales dentro de sus límites geográficos y económicos, por lo general hasta 10.000 dólares barbadenses (Bds $). Las apelaciones civiles pueden llegar al Court of Appeal y, cuando corresponda, al Caribbean Court of Justice. El Supreme Court Registry, el Land Registry, la Probate Unit y el Court Process Office se encargan de funciones administrativas y de ejecución específicas. Una demanda civil suele iniciarse con un formulario de demanda y un escrito de demanda conforme a las Civil Procedure Rules 2008, abreviadas habitualmente como CPR. El demandado puede acusar recibo de la notificación y presentar una contestación. A continuación pueden producirse la gestión del caso, la exhibición de documentos, la presentación de pruebas, las medidas cautelares provisionales, las admisiones y una sentencia en rebeldía. Los tribunales promueven la mediación y los acuerdos conforme al objetivo primordial de las reglas. Las costas judiciales quedan a discreción del tribunal y pueden incluir honorarios de abogados, gastos, importes fijos o reglamentarios, presupuestos y una tasación posterior. La situación jurídica de una persona puede afectar a su capacidad para celebrar un contrato o participar en un procedimiento. Conforme a la Minors Act, la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Por lo general, el contrato de un menor es nulo si no se refiere a artículos de primera necesidad, y el menor puede tener que devolver el dinero o los bienes recibidos. Los tribunales pueden intervenir en cuestiones de tutela, custodia, manutención y bienes en fideicomiso para un menor; el bienestar del menor es la consideración primera y primordial. La Status of Children Reform Act otorga a los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio la misma condición y establece presunciones de paternidad basadas en circunstancias como el matrimonio, la convivencia, el reconocimiento o una resolución judicial. La Mental Health Act permite que los tribunales intervengan en la administración de los bienes y asuntos de un paciente, incluida la designación de un administrador judicial. Las reglas sobre discapacidad pueden afectar los plazos de prescripción aplicables a menores y personas con trastorno mental, con sujeción a los límites legales. Los litigios contractuales suelen depender del common law, la equidad y las leyes específicas. La Statute of Frauds exige un documento escrito y firmado para las garantías y para los contratos de venta o transferencia de un interés en tierras. La Electronic Transactions Act reconoce los registros electrónicos si siguen siendo accesibles y utilizables, y reconoce una firma electrónica cuando el método identifica al firmante y demuestra de forma fiable su aprobación para el propósito correspondiente. No es obligatorio consentir la contratación electrónica; entre las exclusiones figuran las transmisiones de bienes inmuebles o intereses en tierras, las escrituras de aprendizaje, los fideicomisos y los poderes notariales. La Sale of Goods Act regula el título, la descripción, la calidad, la idoneidad y la conformidad con una muestra. La propiedad y el riesgo suelen transferirse según la intención de las partes y las reglas legales. Un vendedor impagado puede tener derecho de retención, derecho a detener bienes en tránsito o derecho a revender; el comprador puede solicitar recursos por falta de entrega, cumplimiento específico o incumplimiento de garantía. Las ventas a crédito mediante alquiler con opción a compra que impliquen cinco o más cuotas están sujetas a obligaciones documentales e informativas y a condiciones implícitas. Si el comprador ha pagado dos tercios o más del precio, por lo general el propietario debe solicitar la intervención del tribunal antes de recuperar la posesión. Si se ha pagado menos de dos tercios y el comprador incumple una cuota, suele ser necesario notificarlo antes de recuperar la posesión. Un contrato también puede extinguirse conforme a la Frustrated Contracts Act cuando un suceso imprevisto hace imposible su cumplimiento o cambia fundamentalmente la obligación. El dinero ya pagado puede recuperarse, con sujeción a una retención justificada por gastos, y el tribunal puede ajustar el valor de los beneficios ya recibidos. El derecho de tierras se basa en el registro, los antecedentes de titularidad y las búsquedas conforme a la Land Registration Act. El Land Registry registra intereses inscritos, certificados, arrendamientos, hipotecas, cargas, servidumbres, pactos restrictivos y cuestiones de copropiedad. Por lo general, la prioridad de las transmisiones registradas sigue el orden de presentación para su registro. Un retraso superior a tres meses puede conllevar una tasa de registro adicional por cada período de tres meses, hasta cinco veces la tasa original. El sistema también contempla la redención, los administradores judiciales, la facultad de venta, la partición, las órdenes de venta y la transmisión de tierras tras un fallecimiento. Los contratos de tierras y ciertos instrumentos requieren forma escrita; su inscripción puede servir como notificación. La Property Act regula las transmisiones mediante escritura y otros instrumentos. Los litigios entre propietarios e inquilinos pueden implicar embargo de bienes por alquiler impagado, procedimiento sumario de posesión, notificación, notificación procesal y recuperación de bienes embargados por error. En el contexto legal especial de terrenos abandonados, tenencias a voluntad o tenencias por un plazo máximo de siete años con un alquiler anual que no supere 10.000 dólares barbadenses, el procedimiento disponible depende de los hechos. Los bienes embargados pueden venderse después de diez días, y el embargo suele limitarse a los alquileres impagados de los dos años anteriores. Antes de recurrir a un remedio concreto, el inquilino o propietario debe comprobar el contrato, el historial de pagos, los avisos y los documentos judiciales. El derecho de familia se rige principalmente por la Family Law Act y las Family Law Rules. La división de Familia del High Court y los Magistrates’ Courts conocen de procedimientos diferentes. Un matrimonio puede disolverse por ruptura irreparable, normalmente tras una separación de al menos 12 meses, aunque en algunas circunstancias las partes pueden contar como separadas mientras viven en la misma residencia. El tribunal considera la reconciliación; la nulidad se aplica cuando el matrimonio es nulo. Los procedimientos familiares pueden abordar la custodia, la tutela, el régimen de visitas, la manutención de menores, declaraciones sobre bienes, venta, partición y posesión. El bienestar del menor sigue siendo central y puede haber representación independiente para el niño. Puede ordenarse urgentemente una manutención provisional. Las contribuciones a los bienes pueden incluir aportaciones económicas directas y trabajo doméstico o crianza no remunerados. Algunas disposiciones también abarcan uniones distintas del matrimonio. La manutención y otras resoluciones pueden ejecutarse mediante medidas como la retención de ingresos. Puede recurrirse a la mediación en asuntos matrimoniales y otros asuntos de derecho de familia. La Succession Act rige las sucesiones. El High Court, el Registrar y la Probate Unit gestionan las concesiones y la administración de sucesiones. La concesión puede ser Probate o Letters Testamentary si hay testamento, o Letters of Administration cuando corresponda. Los representantes personales reúnen los bienes inmuebles y muebles, los mantienen como fideicomisarios, pagan las deudas y distribuyen el patrimonio restante. Las reglas de sucesión intestada contemplan cónyuges, hijos, padres y parientes más próximos; se han abolido las antiguas reglas de primogenitura, curtesy, dower y escheat. El cónyuge superviviente tiene derechos legales, y los hijos y dependientes pueden tener derecho a una provisión conforme a las reglas aplicables. Los testamentos deben cumplir los requisitos de capacidad, firma y testigos, aunque los testamentos ológrafos y los codicilos pueden recibir un tratamiento específico. Un caveat suele durar seis meses, salvo que se aplique otro plazo. Quien impugne una concesión puede tener que presentar una Appearance o solicitar instrucciones dentro del plazo aplicable, incluido el plazo de ocho días indicado para responder a una Warning. Los litigios sucesorios contenciosos se tramitan ante el High Court. La responsabilidad civil se basa en gran medida en los ilícitos del common law, con modificaciones legales. La Occupiers Liability Act sustituye las reglas del common law sobre el deber de cuidado hacia visitantes por peligros en las instalaciones. Conforme a la Contributory Negligence Act, la culpa propia del demandante no desestima automáticamente la reclamación, pero los daños pueden reducirse a la cantidad que el tribunal considere justa y equitativa. La Defamation Act establece una acción unificada por difamación y reconoce defensas como la veracidad, la opinión honesta y el privilegio cualificado; por lo general, no es necesario demostrar un daño especial. Los usuarios de la vía pública deben contar con cobertura obligatoria de responsabilidad frente a terceros, y puede exigirse a una aseguradora que pague una sentencia cubierta. Los plazos de prescripción varían según la reclamación. Los períodos generales indicados en la Limitation Act incluyen seis años para reclamaciones por ilícitos civiles y contratos simples, 12 años para reclamaciones basadas en instrumentos formales, tres años para ciertas reclamaciones por lesiones personales a partir de la fecha posterior aplicable de devengo o conocimiento y tres años para reclamaciones por fallecimiento a partir de la fecha posterior aplicable del fallecimiento o conocimiento. Por lo general, una acción basada en una sentencia tiene un plazo de seis años y una reclamación de contribución, de dos años. Las ampliaciones por discapacidad y los límites legales pueden modificar el cálculo. El demandante debe identificar la causa de acción y la fecha pertinente de devengo o conocimiento, en vez de confiar en un único plazo general. Tras la sentencia, el Court Process Office y el Chief Marshal pueden encargarse de notificar y ejecutar mandamientos, órdenes, resoluciones y embargos. La parte 46 de las CPR contempla mandamientos contra bienes, de posesión, entrega o valor, y de incautación y venta. Las órdenes de pago a plazos y las citaciones judiciales de pago pueden servir para tramitar el pago. Una orden de embargo conforme a la parte 48 de las CPR puede dar lugar a una venta de tierras, acciones o bienes muebles ordenada por el tribunal. La parte 50 de las CPR regula el embargo de deudas, también llamado procedimiento garnishee; una orden provisional vincula al tercero deudor cuando se le notifica. Los plazos indicados incluyen 21 días antes de la audiencia garnishee, al menos siete días de aviso al deudor y al menos siete días antes de la audiencia. No se puede emitir un mandamiento de ejecución contra la Corona. La Registration of Judgments Act permite registrar sentencias ante el Supreme Court Registrar; para que surtan efecto respecto de tierras frente a compradores, acreedores hipotecarios y acreedores con sentencia, se requieren el memorando previsto y su presentación ante el Registrar of Titles. Las sentencias extranjeras pueden registrarse y ejecutarse conforme a acuerdos de reciprocidad y a la parte 72 de las CPR. Las órdenes de manutención familiar pueden ejecutarse mediante registro y retención de ingresos. El acceso depende de la jurisdicción, el tipo y el valor de la reclamación, la condición de las partes, la prescripción y la notificación procesal. Las tasas de presentación y notificación deben comprobarse en el arancel vigente del Registro. Los honorarios de abogados y los gastos son independientes de las tasas judiciales, y la parte perdedora puede tener que pagar las costas de la otra parte. Los servicios jurídicos comunitarios conforme a la Community Legal Services Act pueden estar disponibles para ciudadanos, residentes permanentes e inmigrantes en asuntos familiares distintos del divorcio, asuntos de menores, pequeñas propiedades o tenencias de tierras y asuntos constitucionales. Las pruebas disponibles no establecen una cobertura amplia de asistencia jurídica para las reclamaciones ordinarias de contratos o ilícitos civiles. Un expediente útil puede incluir el contrato o la escritura, una búsqueda de títulos, recibos, correspondencia, datos de testigos, pruebas médicas o de daños materiales, testamento o concesión, e información sobre la sentencia. El vencimiento de la prescripción, un título o registro defectuoso, una notificación procesal fallida y una sentencia no ejecutada son riesgos recurrentes del derecho civil en Barbados.