Deudas en Barbados

El marco formal de la deuda en Barbados abarca el endeudamiento, el reembolso, los atrasos, el cobro de deudas, las garantías, la ejecución, la reestructuración y la insolvencia. Las fuentes primarias revisadas no documentan un servicio público directo de asesoramiento sobre deudas; por ello, los puntos de contacto prácticos son el prestamista, un abogado (Attorney-at-law) o un servicio jurídico comunitario (Community Legal Services), un profesional de insolvencia autorizado y, según las circunstancias, el Tribunal Superior (High Court) y el regulador competente. Antes de contratar un crédito, deben compararse por escrito el importe del préstamo y el desembolso efectivo, la tasa porcentual anual o la tasa de interés, el plazo, el calendario de pagos, las comisiones de tramitación, los recargos por demora, el período de gracia, la comisión por reembolso anticipado, la garantía, las condiciones contractuales, las consecuencias del incumplimiento y el procedimiento de reclamación. Los bancos, las cooperativas de crédito, las compañías financieras y los proveedores de compras a plazos pueden diferir considerablemente en las tasas de interés, las comisiones, las garantías y el riesgo de reembolso. Las deudas garantizadas pueden, después de un incumplimiento, dar lugar a la ejecución de la garantía, al vencimiento anticipado de la deuda o a procedimientos judiciales; los préstamos sin garantía suelen tener un interés más alto porque no existe una garantía específica sujeta a ejecución. En contratos complejos, puede ser útil obtener asesoramiento independiente de un abogado o de un asesor financiero. Toda persona que no pueda realizar un pago a tiempo debería ponerse en contacto por escrito con el prestamista en una fase temprana y considerar una reestructuración, un plazo más largo o la combinación de varias deudas. Un plazo más largo puede reducir la cuota periódica, pero aumentar los costes totales de intereses; no existe un derecho automático a obtener tal solución. Todo acuerdo debería dejar constancia expresa de las comisiones, las nuevas cuotas, el plazo, el tratamiento en el informe crediticio y las posibles consecuencias de otro incumplimiento. Deben conservarse los registros de pagos, los extractos bancarios, los contratos, los requerimientos y los mensajes. La Ley de Informes Crediticios Justos 2021-31 (Fair Credit Reporting Act 2021-31) regula los informes crediticios en Barbados. El Banco Central de Barbados (Central Bank of Barbados (CBB)) autoriza y supervisa a las agencias de información crediticia; los datos que pueden comunicarse incluyen préstamos, saldos, estado de los pagos, garantías, avales y demandas pendientes. El acceso a los datos crediticios generalmente requiere consentimiento o una notificación contractual conforme a la ley. Las personas afectadas pueden solicitar un informe crediticio gratuito cada año. La agencia de información crediticia debe investigar una reclamación escrita, corregirla cuando corresponda y comunicarla al CBB en un plazo de siete días hábiles. Una anotación negativa correcta o una sentencia judicial no tiene que eliminarse; la actividad crediticia puede permanecer en el informe hasta siete años después del pago completo. La puntuación crediticia puede influir en préstamos posteriores, compras a plazos, contratos de servicios públicos, arrendamientos, seguros y determinadas ocupaciones con responsabilidad financiera, pero no cancela automáticamente una deuda. Los intereses contractuales y los recargos por demora pueden continuar durante los atrasos. La comisión concreta depende del contrato; el CBB menciona entre 30 y 60 BBD como ejemplo de una posible comisión por demora, pero ese importe no se aplica con carácter general. Según las orientaciones de la Comisión de Comercio Justo (Fair Trading Commission (FTC)), las comisiones de cobro o por demora solo son exigibles si fueron comunicadas en el momento de la compra o de la contratación; un extracto de cuenta posterior por sí solo no es suficiente. Las cláusulas contractuales injustas no negociadas pueden ser nulas conforme a la Ley de Protección del Consumidor (Consumer Protection Act), y están prohibidas las declaraciones engañosas. Toda persona que impugne el importe o la validez de una reclamación debería hacerlo por escrito y no debería realizar una promesa informal de pago sin condiciones documentadas. Para los bancos y las compañías financieras dentro de la jurisdicción del CBB, primero debe utilizarse el procedimiento interno gratuito de reclamaciones. Por lo general, se proporciona una respuesta a través del mismo canal en un plazo de tres a cinco días hábiles, con una actualización del estado al menos cada 15 días hábiles si se requiere una investigación más larga; posteriormente puede contactarse con el CBB, que puede remitir el asunto al tribunal de servicios financieros (Financial Services Tribunal). En el caso de una cooperativa de crédito, la reclamación escrita se presenta primero ante el Comité de Supervisión (Supervisory Committee); las orientaciones de la Comisión de Servicios Financieros (Financial Services Commission (FSC)) establecen un objetivo de respuesta de 45 días. Una reclamación no resuelta o una posible conducta indebida desde el punto de vista regulatorio puede remitirse a la FSC. Una reclamación no detiene automáticamente el cobro ni la ejecución. Un prestamista garantizado puede ejecutar su garantía conforme al contrato y a la ley. Después de una sentencia dineraria, los Tribunales de Magistrados (Magistrate's Courts) pueden, conforme a las Reglas de Procedimiento Civil (Civil Procedure Rules), embargar una deuda que un tercero adeude al deudor; este procedimiento se conoce como embargo de deudas de terceros (Garnishee). Entre otras cosas, el acreedor debe presentar una declaración jurada relativa a la sentencia u orden impagada, el importe pendiente y la deuda del tercero. Después de una citación para presentar motivos, por lo general el pago debe haber llegado al tribunal al menos cinco días completos antes de la fecha de comparecencia. Es apropiado obtener asesoramiento jurídico rápidamente después de recibir una citación, una notificación de terminación, una recuperación del bien o una advertencia de embargo. La Ley de Quiebras e Insolvencia, cap. 303 (Bankruptcy and Insolvency Act, Cap. 303) regula la insolvencia. El Tribunal Superior tiene jurisdicción; el Supervisor de Insolvencia (Supervisor of Insolvency) y los profesionales de insolvencia autorizados desempeñan las funciones prescritas por la ley. Pueden considerarse procedimientos de insolvencia, entre otras circunstancias, cuando una persona reside en Barbados o tiene allí un negocio o bienes, sus obligaciones demostrables ascienden al menos a 4.000 BBD y no puede pagar sus deudas a medida que vencen, ha dejado de realizar los pagos ordinarios o tiene activos insuficientes según una valoración justa y una venta lícita. Las posibles vías son una cesión (Assignment), una orden de administración (Receiving Order) o una propuesta (Proposal). Para una propuesta, el profesional de insolvencia autorizado examina los activos y la situación financiera de la persona; los requisitos incluyen condiciones firmadas, información sobre las garantías y los avalistas, y una declaración jurada sobre las circunstancias financieras. Tras la aprobación de los acreedores, la propuesta debe ser confirmada por el tribunal y, por lo general, vinculará las reclamaciones no garantizadas y las garantizadas participantes, con sujeción a las excepciones legales. En caso de incumplimiento, inviabilidad o fraude, el tribunal puede anular el acuerdo y ordenar una cesión. En la primera insolvencia de una persona física, el profesional de insolvencia prepara un informe antes de que finalicen ocho meses. Después de un aviso de al menos 15 días, puede producirse una liberación automática después de nueve meses si no hay oposición; siguen siendo aplicables las excepciones legales. La insolvencia puede afectar considerablemente a los activos, al control sobre los bienes y al acceso futuro al crédito, por lo que debe intervenir un abogado o un profesional de insolvencia autorizado antes de presentar la solicitud. Después de un acuerdo o una reestructuración, deben obtenerse una confirmación escrita de satisfacción o liberación, un informe crediticio actualizado y todos los registros de pago. La deuda pública pertenece a un proceso institucional separado y no constituye un medio para resolver las deudas privadas de los hogares. La unidad gubernamental de gestión de la deuda (Debt Management Unit) del Ministerio de Finanzas, Asuntos Económicos e Inversión (Ministry of Finance, Economic Affairs and Investment) y el Tesoro administran, entre otras cosas, letras del Tesoro, pagarés del Tesoro, obligaciones, bonos de ahorro, préstamos de instituciones financieras y gobiernos, y certificados de reserva o devolución de impuestos. La Estrategia de Gestión de la Deuda a Medio Plazo 2024-2027 aborda, entre otras cuestiones, los costes de financiación, los riesgos de refinanciación, los riesgos cambiarios y la gestión de los vencimientos. Para los hogares privados, estas decisiones solo tienen efectos indirectos a través de las condiciones financieras y económicas. En 2024, las hipotecas representaron la mayor parte del endeudamiento privado en Barbados. El crecimiento del crédito al consumo estuvo impulsado especialmente por la financiación de vehículos, mientras que la deuda de tarjetas de crédito aumentó de forma más moderada. El endeudamiento de los hogares fue aproximadamente 1,4 veces los ingresos; según el informe de estabilidad financiera del CBB y la FSC, el índice de servicio de la deuda alcanzó su nivel más bajo en cinco años. Las normas nacionales se aplican a este tema en Barbados; no se ha acreditado ninguna regulación adicional de ciudad o distrito para los procedimientos revisados.