Familia en Barbados

Barbados es un Estado unitario sin normas regionales especiales al nivel de los estados o municipios. Las responsabilidades se determinan principalmente por la parroquia o el distrito, especialmente en relación con el Departamento de Registro, los tribunales y el registro de nacimientos y defunciones. Los términos locales importantes incluyen derecho de familia (Family Law), matrimonio, convivencia, tutela, custodia, cuidado y control, régimen de visitas, manutención, acogimiento familiar, adopción y violencia doméstica. Desde 2026, la Agencia de Empoderamiento Social (Social Empowerment Agency) ha reunido varias funciones sociales, incluidas las de la Junta de Atención Infantil (Child Care Board), la Junta Nacional de Asistencia, la Unidad Nacional de Discapacidad, el Departamento de Bienestar y la Unidad de Resiliencia y Reinserción Social. El nombre exacto de la autoridad se encuentra en una fase de transición y debe comprobarse al realizar una gestión. El matrimonio normalmente implica a un funcionario matrimonial (Marriage Officer) o un magistrado, una carta, la Sección de Licencias Matrimoniales del Ministerio del Interior y después la ceremonia. No se permite el matrimonio antes de los 16 años; a los 16 o 17 años, ambos padres deben dar su consentimiento y estar presentes, aunque un juez puede sustituir ese consentimiento en determinadas condiciones. Una ceremonia civil cuesta BDS$100 para nacionales de Barbados en el tribunal o BDS$125 fuera del tribunal, y BDS$250 o BDS$350, respectivamente, para otros solicitantes. El certificado de matrimonio cuesta BDS$5 para nacionales y BDS$20 para otros solicitantes; una apostilla cuesta BDS$50. El funcionario matrimonial o magistrado registra el matrimonio dentro del mes correspondiente, normalmente entre el primer y el décimo día. La Ley de Derecho de Familia también reconoce una unión no matrimonial entre un hombre soltero y una mujer soltera cuando la convivencia continua ha durado al menos cinco años; para los procedimientos, también cuenta el año inmediatamente anterior. Un acuerdo escrito de convivencia puede regular cuestiones patrimoniales o de manutención, pero no vincula automáticamente a las partes en materia de custodia o régimen de visitas. Los nacimientos, incluidos los nacimientos sin vida, deben registrarse dentro de los 28 días en el distrito donde ocurrió el nacimiento. Se aplica un período de gracia de un año; después se cobra una tasa de BDS$20 por el registro tardío. En el caso de padres casados, normalmente el padre registra el nacimiento; en el caso de padres no casados, lo hace la madre, y el padre debe comparecer junto con ella para que se incorporen sus datos. Normalmente se requieren un documento de identidad válido, la cartilla sanitaria (Green Book) del niño y, cuando corresponda, el certificado de matrimonio original. Un certificado de nacimiento cuesta BDS$5 y normalmente está disponible después de dos o tres días; a menudo se necesita para la escuela, la atención sanitaria, el NIS, la identificación y el pasaporte. Las guarderías diurnas públicas atienden a niños menores de cinco años. Se puede presentar una solicitud desde el nacimiento y el inicio más temprano es a los tres meses. Las solicitudes se presentan en persona durante todo el año en cada centro; ponerse en contacto con varios centros, al menos tres, aumenta la posibilidad de obtener una plaza. Si hay saturación, existe una lista de espera. Para la admisión normalmente se requiere un padre o tutor, la cartilla sanitaria, el certificado de nacimiento y una fotografía. Los centros privados de cuidado infantil están sujetos a registro e inspección por la Junta de Atención Infantil o su estructura sucesora dentro de la Agencia de Empoderamiento Social. La Junta de Atención Infantil o la Agencia de Empoderamiento Social presta apoyo a menores de 18 años en casos de abuso, negligencia, peligro y necesidades especiales de cuidado. Los informes pueden presentarse ante la autoridad responsable o la policía y, bajo determinadas condiciones, pueden ser anónimos. Los profesionales que están legalmente obligados a informar deben comunicar los casos sospechosos; un informe realizado de buena fe generalmente protege frente a la responsabilidad civil o penal. En caso de peligro grave se requiere una actuación inmediata; para los menores de cinco años, la investigación debería realizarse en un plazo de 24 horas. Entre las posibles medidas se encuentran el acogimiento protector, una orden de protección o la remisión a la policía. Los padres pueden celebrar un acuerdo con la Junta sobre el cuidado, la protección, la supervisión o las necesidades especiales, normalmente por seis meses o más; por lo general termina a los 18 años o se modifica si todavía se necesita apoyo. En casos de fallecimiento sin tutor, abandono, incapacidad parental o incumplimiento persistente de las obligaciones, la Junta puede solicitar al Tribunal Superior que restrinja los derechos y deberes parentales. El acogimiento familiar es una alternativa familiar temporal al acogimiento residencial y no es una adopción. El acogimiento a corto plazo dura como máximo seis meses y generalmente tiene por objeto permitir el regreso a la familia biológica; el acogimiento de emergencia se organiza con poca antelación y se revisa en un plazo de 24 horas. El acogimiento a largo plazo puede continuar hasta que el niño cumpla 18 años. Los solicitantes son evaluados, examinados, formados y apoyados durante todo el acogimiento. Los acogedores pueden ser conjuntamente una pareja casada o una mujer; el solicitante debe tener al menos 25 años y ser al menos 18 años mayor que el niño. La adopción solo puede solicitarse a través de la Junta de Atención Infantil o la Agencia de Empoderamiento Social. Crea una relación jurídica permanente entre padres e hijos y requiere una orden de adopción del Tribunal Superior. Entre los requisitos habituales se encuentran la ciudadanía barbadense o la residencia permanente en un Estado que mantenga relaciones diplomáticas o consulares con Barbados, una edad mínima de 25 años y una diferencia de edad de al menos 18 años; se aplican normas especiales a los familiares, los padres biológicos, el cónyuge de uno de los padres y los solicitantes individuales. Por lo general, los solicitantes y el niño deben vivir en Barbados. Antes de la orden judicial existe un período legal de supervisión de seis meses. Las autoridades indican aproximadamente 13 meses para determinados casos, mientras que otras directrices exigen una estancia de al menos 18 meses para ciertos casos internacionales o de Barbados; esta discrepancia debe aclararse antes de presentar la solicitud. No se establece un ingreso mínimo específico, pero se espera que exista un ingreso suficiente. Los costes consisten principalmente en honorarios jurídicos y costes judiciales y de finalización. Después de la orden de adopción, por lo general los padres biológicos no tienen derechos de retorno ni de visita; la orden no puede revocarse. Los padres son responsables, según sus medios económicos, de un hijo no casado menor de 18 años. La manutención la fija el Tribunal de Magistrados cuando es necesario. La madre puede solicitar una citación contra el presunto padre antes del nacimiento o hasta que el niño cumpla 18 años o se case antes; el magistrado puede determinar la paternidad. Una orden puede cubrir la manutención del niño, los gastos razonables del nacimiento y, en determinadas circunstancias, los gastos funerarios. Los pagos se realizan a través del secretario judicial; los atrasos pueden ejecutarse y deducirse del salario. La manutención después de los 18 años es posible principalmente para la educación, la formación profesional (vocational training), el aprendizaje profesional o una discapacidad mental o física. Puede ordenarse un pago provisional de manutención cuando existe una necesidad inmediata. Barbados no tiene un importe uniforme de manutención; el tribunal evalúa los ingresos, otros medios, las necesidades y los costes de educación y formación. Los padres casados o que forman parte de una unión reconocida generalmente tienen la custodia y la tutela conjuntas de un menor de 18 años, salvo que un tribunal decida lo contrario. El interés superior del niño es fundamental. A partir de los 16 años, el tribunal presta especial atención a los deseos del niño, pero puede apartarse de ellos en circunstancias especiales. Las posibles disposiciones incluyen la custodia exclusiva o conjunta, el régimen de visitas, la custodia por un tercero y el cuidado supervisado por un funcionario principal de bienestar social o un funcionario de libertad vigilada. Si se amenaza con trasladar al niño o salir del país, el tribunal puede ordenar la entrega del pasaporte u otras medidas de protección. Si fallece el progenitor cuidador, el otro progenitor no obtiene automáticamente la custodia; puede ser necesaria una solicitud judicial. El divorcio requiere la ruptura irremediable del matrimonio. Antes de solicitarlo, los cónyuges generalmente deben haber estado separados y viviendo aparte durante al menos doce meses consecutivos; la separación puede existir incluso en la misma vivienda. Después del decreto nisi, el decreto absoluto normalmente se dicta después de un mes, salvo que un acuerdo para proteger a los hijos requiera una decisión posterior. Antes de la finalización definitiva deben existir disposiciones adecuadas para los hijos. La reconciliación puede llevar a que se revoque el decreto nisi. La mediación judicial es posible en los procedimientos familiares, que también pueden incluir cuestiones de manutención y patrimonio; sigue siendo voluntaria y confidencial, y el mediador no decide el caso. Cada parte normalmente asume sus propios costes, aunque el tribunal puede decidir otra cosa. La asistencia jurídica está disponible en asuntos familiares para nacionales, residentes permanentes y determinados inmigrantes, pero no cubre los procedimientos de divorcio; en algunos casos pueden cubrirse honorarios y gastos, sujetos a una contribución propia. La violencia doméstica incluye conductas controladoras, coercitivas, amenazantes, degradantes o violentas, ya sean únicas o repetidas. Incluye violencia física, emocional, económica y sexual ejercida por una pareja, expareja, familiar o cuidador. En caso de peligro inmediato, se puede contactar con la policía en el 211; la línea de crisis y la Unidad de Conflictos Familiares están disponibles en el 435-8222, y otros números de la Unidad de Conflictos Familiares son 845-0623 y 836-5070. Una orden de protección de emergencia normalmente se emite de inmediato, suele durar siete días y puede ser prorrogada por el tribunal. El apoyo incluye evaluación del riesgo, investigaciones, ayuda para solicitar protección, alojamiento, atención médica, asesoramiento sobre traumas y asistencia en casos relacionados con niños. Los servicios residenciales para personas mayores o dependientes están disponibles en el Hospital Geriátrico y en los hospitales de distrito de St. Philip, St. Lucy y Gordon Cummins. El Hospital Geriátrico también ofrece atención diurna. Alternative Care of the Elderly combina alojamiento público y privado y puede compensar los costes. Los centros de atención al cliente de la Agencia de Empoderamiento Social pueden organizar, entre otras cosas, vales de alimentos, asistencia económica, ayuda con las facturas de servicios, atención domiciliaria para personas mayores y derivaciones en casos de abuso infantil o de personas mayores. El abuso de personas mayores puede denunciarse anónimamente al 211 ante la policía o ante la Junta Nacional de Asistencia o su estructura sucesora. El material revisado no muestra una obligación legal general de que los hijos adultos cuiden de sus padres; las alternativas prácticas incluyen atención domiciliaria, atención diurna y centros públicos o privados. La Junta Nacional de Asistencia y la Agencia de Empoderamiento Social proporcionan, según la necesidad, asistencia en especie para alimentos, ropa, funerales, ayudas, facturas de servicios y alquiler. Entre los posibles beneficiarios se encuentran personas mayores, personas con discapacidad sin una prestación del NIS, niños o familiares dependientes cuyo cuidado sea difícil de financiar y hogares sin vivienda o afectados por desastres. Normalmente debería realizarse una evaluación social en un plazo de seis semanas; la ayuda suele durar de tres a seis meses y después se revisa. El programa COLCC 2026-2027 proporciona BDS$100 al mes a las personas mayores y beneficiarios de Welfare que cumplan los requisitos; esta prestación es administrada por NISSS y no es una prestación familiar específica. El material oficial revisado no documenta una prestación familiar o por hijos general de ámbito nacional. Una defunción debe notificarse en un plazo de cinco días. El director de la funeraria normalmente se encarga del registro en el distrito de la defunción; se requieren el certificado médico de defunción, el Aviso de Defunción y la identificación de la persona fallecida. Un certificado de defunción cuesta BDS$5 y un certificado de causa de muerte cuesta BDS$10. Después de un año, el registro tardío solo es posible mediante un procedimiento especial ante el Registrador. La asistencia para los gastos funerarios se proporciona a través de la Junta Nacional de Asistencia o la Agencia de Empoderamiento Social. La muerte del progenitor cuidador no termina automáticamente la custodia a favor de una persona determinada; el cuidado posterior puede requerir una decisión judicial. Según el Censo 2021269.09, Barbados tenía habitantes; para 2025 se notificaron 1.915 nacimientos vivos, 3.113 defunciones y una población de 261.692 habitantes al final del año.