Vida familiar en Belice

En Belice, las personas pueden casarse a partir de los 18 años. El Ministerio del Fiscal General (Attorney General’s Ministry) expide la licencia matrimonial; la solicitud se tramita por medio de un juez de paz (Justice of the Peace). Se necesita pasaporte o tarjeta de Seguridad Social. La tarifa es de 50 BZD si al menos una persona es beliceña y de 200 BZD si ninguna lo es. La tramitación suele tardar dos semanas. La Unidad de Estadísticas Vitales (Vital Statistics Unit) registra el matrimonio y expide el certificado; la tarifa del procedimiento estándar es de 5 BZD, de 20 BZD para el servicio al día siguiente o de 30 BZD para el mismo día. Una unión de hecho legalmente reconocida (common-law union) se define por ley como la convivencia de un hombre y una mujer no casados durante al menos cinco años, viviendo permanentemente como pareja casada. No se trata igual que el matrimonio en todos los ámbitos, aunque puede reconocerse, entre otras cosas, para la manutención, las prestaciones de la Junta de Seguridad Social (Social Security Board) y asuntos migratorios. Desde la enmienda de 2024 a la legislación familiar, el término cónyuge también incluye una unión de hecho. El registro de nacimientos se realiza en la Unidad de Estadísticas Vitales (VSU) o mediante el sistema de Registro Civil y Estadísticas Vitales (Civil Registry and Vital Statistics, CRVS). El nacimiento debe registrarse durante el primer año de vida. Si los progenitores están casados, se inscribe a la madre o al padre con el certificado de matrimonio; si la madre no está casada, por lo general se inscribe al padre con su consentimiento. Si la madre fallece, el padre o los familiares pueden tramitar el registro con un certificado de defunción. En las inscripciones tardías, la VSU exige declaraciones adicionales de testigos; para un parto en casa se proporcionan cuatro declaraciones. La tarifa del procedimiento estándar es 4 BZD, 25 BZD si el retraso es de uno a cinco años y 50 BZD si supera los cinco años. Añadir posteriormente los datos del padre cuesta 8,50 BZD. El registro establece la identidad y la filiación y facilita el acceso a la ciudadanía y las prestaciones sociales. Los progenitores, tutores y otras personas cuidadoras legalmente responsables deben proporcionar al menor educación, orientación, vacunas, alimentación equilibrada, ropa, vivienda y atención médica. Ambos progenitores tienen responsabilidades parentales. El menor tiene derecho a protección contra la discriminación, la violencia, los abusos y la negligencia. Un cónyuge también debe mantener a los hijos que vivían con el otro cónyuge cuando se celebró el matrimonio; esta obligación suele terminar con la separación judicial o el divorcio, o al finalizar la unión de hecho. El Tribunal de Familia (Family Court) o el sistema de tribunales de magistrados (Magistracy) se ocupa de asuntos como custodia, visitas, tutela, manutención infantil, órdenes de protección, mediación, orientación e investigaciones sociales. El tribunal considera el interés superior del menor, su edad y opinión, la conducta de las partes y sus recursos económicos. Si concede la custodia a un progenitor, puede otorgar al otro un régimen de visitas razonable y ordenar pagos periódicos de manutención. Tras una separación, divorcio o anulación, ambos progenitores siguen siendo responsables de la manutención y educación según su capacidad económica. Los atrasos y el incumplimiento de órdenes judiciales pueden hacerse valer ante los tribunales. Si la filiación es incierta, el tribunal de magistrados puede emitir una citación y una declaración de filiación; las pruebas confirmadas pueden dar lugar a una orden de filiación con pagos semanales de manutención y contribuciones a la educación. Si un menor está en riesgo, el Departamento de Servicios Humanos (Human Services Department) registra la denuncia, realiza una visita al hogar y entrevistas con el menor cuando corresponda, y prepara un informe de investigación social. Una orden de supervisión suele durar un año y puede prorrogarse una vez. Una orden de cuidado dura como máximo tres años o hasta que el menor cumpla 18, y se revisa al menos cada 90 días. Las órdenes provisionales de cuidado o supervisión duran como máximo tres meses; la colocación protectora inmediata en un lugar seguro puede durar como máximo 48 horas. También son posibles familias de acogida, centros residenciales y órdenes judiciales de exclusión, búsqueda y restitución. Se puede exigir a los progenitores o tutores que contribuyan a los gastos según su capacidad económica. La adopción la ordena el Tribunal Supremo. Puede solicitarla una persona sola o dos cónyuges conjuntamente; la persona solicitante debe tener al menos 25 años y ser al menos doce años mayor que el menor. El proceso tiene en cuenta los consentimientos, un informe de evaluación, un tutor ad litem y el interés superior del menor. Un periodo provisional de prueba puede durar hasta dos años. Tras la orden de adopción, la VSU expide el certificado correspondiente y se establece una relación jurídica entre progenitor e hijo con los derechos y beneficios esenciales de la parentalidad. El Departamento de Servicios Humanos y los servicios de Apoyo Familiar y Asuntos de Género (Family Support and Gender Affairs) ofrecen gestión de casos, asistencia pública, BOOST, BOOST+, despensa de alimentos, alojamiento, derivaciones y apoyo en procedimientos judiciales. El acceso depende del caso y la necesidad; no se ha establecido una prestación familiar general. En los casos de violencia doméstica, el Tribunal de Familia, la policía, la Unidad de Violencia Doméstica (Domestic Violence Unit), la Comisión Nacional de Mujeres (National Women’s Commission) y el Departamento de Mujeres (Women’s Department) pueden facilitar protección, apoyo psicosocial, atención médica, ayuda jurídica y reintegración económica. Para emergencias se puede llamar a la policía al 0-800-292-9688; también se puede enviar un SMS o un mensaje de WhatsApp al 672-9628. En casos excepcionales urgentes, algunos jueces de paz sénior seleccionados pueden emitir órdenes temporales de protección. En un procedimiento de separación judicial, el tribunal puede poner fin a la convivencia porque el matrimonio ha fracasado definitivamente o es incompatible, y puede regular la custodia, la manutención conyugal y la manutención de los hijos. Una unión de hecho termina sin procedimiento de divorcio, aunque el Tribunal de Familia todavía puede resolver asuntos de custodia, manutención y protección. El Centro de Asesoría y Servicios Jurídicos (Legal Advice and Services Centre) ofrece ayuda en asuntos como divorcio, adopción, procedimientos ante el Tribunal de Familia y el Tribunal Supremo, y sucesiones. La asistencia depende de los ingresos; la tarifa de consulta vigente es de 50 BZD, aunque puede eximirse en casos de necesidad especial. Tras el fallecimiento de un familiar, la VSU registra la defunción a partir del certificado médico y los documentos de identidad. Para registrar con más de un año de retraso se requieren dos declaraciones de testigos y prueba del entierro. La tarifa es 4 BZD en el procedimiento estándar, 15 BZD para el servicio al día siguiente o 30 BZD para el mismo día; en los registros tardíos, es de 25 BZD si el retraso es de uno a cinco años y de 50 BZD si supera los cinco años. La Junta de Seguridad Social puede pagar una prestación de supervivencia (Survivors’ Benefit) a viudas o viudos, hijos biológicos, hijastros e hijos adoptados y, en ciertas condiciones, a los padres. Para recibir una pensión se necesitan al menos 500 cotizaciones; por lo general, la solicitud debe presentarse dentro de 13 semanas. La pensión mínima es de 47 BZD semanales. También se puede solicitar una subvención funeraria (Funeral Grant) si se cumplen los requisitos de cotización y parentesco. Las uniones de hecho también pueden considerarse para ciertos asuntos matrimoniales, de manutención, cuidados y residencia. Hay que confirmar de nuevo las tarifas, los plazos y los requisitos legales con la autoridad responsable antes de presentar una solicitud concreta.