Seguros en Benín

Los seguros en Benín combinan la protección pública con un mercado privado regulado formalmente. El código regional de seguros de CIMA rige a las aseguradoras y los contratos de seguro, mientras que la CRCA regional y la Direction des Assurances del Ministère de l’Économie et des Finances supervisan el mercado a escala nacional y regional. Benín cuenta actualmente con siete aseguradoras registradas de seguros generales o IARDT y seis de vida o capitalización. Los clientes deben acudir a una aseguradora, un corredor o un agente autorizado y comprobar la licencia concreta y las condiciones de la póliza. Un corredor actúa como mandatario independiente del cliente; un agente general, empleado o comisionista puede representar a una aseguradora de acuerdo con las reglas aplicables de CIMA. El seguro social de la CNSS cubre prestaciones familiares y de maternidad, riesgos laborales y pensiones o subsidios de vejez, invalidez y supervivencia. Cubre principalmente a empleados, pero también incluye funcionarios en comisión de servicio, estudiantes de escuelas técnicas o profesionales, becarios y aprendices —incluso en prácticas no remuneradas—, cooperativas y ciertos directivos. La empresa se inscribe en la CNSS al comenzar sus actividades o al contratar a su primer empleado. El empleador declara al empleado desde el primer día de trabajo y conserva listas de salarios y nombres. Las cotizaciones a la CNSS se calculan sobre la remuneración total, incluidas primas y prestaciones en especie. El empleador paga el 9 % por prestaciones familiares y maternidad, entre el 1 % y el 4 % por riesgos laborales según el nivel de riesgo, y la cotización del 10 % para pensiones se divide en un 6,4 % a cargo del empleador y un 3,6 % a cargo del empleado. El empleador sigue siendo responsable del pago total. Las empresas con al menos 20 empleados pagan mensualmente; las demás, por regla general, pagan trimestralmente. El pago vence dentro de los 15 días posteriores al periodo de cotización, y el retraso puede añadir un 1,5 % por cada mes o fracción de mes. Las agencias de la CNSS, incluidas seis oficinas regionales y la agencia de Cotonú, reciben solicitudes de prestaciones. Las prestaciones de la CNSS incluyen ayudas familiares, prenatales y de maternidad; pensiones o subsidios de vejez, invalidez y supervivencia; y prestaciones médicas y económicas por accidentes y enfermedades laborales. El empleado debe comunicar un accidente laboral en 24 horas y el empleador debe declararlo a la CNSS en 48 horas. El empleador debería prestar ayuda inmediata, organizar el transporte y completar el formulario de accidente. No se acepta una declaración presentada después de dos años. Durante la incapacidad, la persona asegurada debe seguir las instrucciones médicas, el tratamiento y los requisitos de reposo, y no realizar otro trabajo remunerado. El sistema público de seguro médico conocido como AMO, junto con el programa de protección social ARCH, se basa en la Ley 2022-17 y el Decreto 2023-327. El marco jurídico hace obligatorio el seguro médico para las personas residentes en Benín. La ANPS es el principal organismo operativo público. El Estado cubre el 100 % de la prima de quienes están clasificados como extremadamente pobres y el 50 % de quienes no pertenecen a esa categoría, aunque la información citada de la ANPS todavía no indicaba que este último componente estuviera operativo en la fecha de la investigación. Los empleadores públicos y privados aportan al menos el 80 % de la prima del paquete básico. La atención admisible puede prestarse en centros públicos y farmacias, laboratorios, clínicas y centros privados autorizados; los centros confesionales públicos y privados están aprobados automáticamente. El acceso y la implementación también dependen de las funciones de las ARS, la ANPS, las aseguradoras y las mutualidades. ARCH combina el seguro médico con un componente de seguro de jubilación y se centra en hogares pobres y trabajadores de agricultura, comercio, transporte, artesanía, artes y cultura, así como en personas desempleadas. Los objetivos cuantitativos de la ANPS se refieren a unos 4,3 millones de posibles beneficiarios del seguro médico y unos 2 millones de personas en la protección de jubilación informal. Son objetivos del programa, no cifras de cobertura actual medida. Las normas detalladas sobre cotizaciones y prestaciones locales del componente de jubilación de ARCH no están suficientemente publicadas para indicar un cuadro completo de tarifas o prestaciones. Las cifras históricas de RAMU, CMPS o mutualidades no deben tratarse como cifras actuales de cobertura. Los seguros privados se dividen principalmente en seguros generales o IARDT y seguros de vida o capitalización. Según la póliza autorizada, los productos pueden cubrir responsabilidad civil, vehículos, daños materiales, transporte, vida, fallecimiento, accidentes, enfermedad individual, construcción, agricultura u otros riesgos definidos. Las reglas de microseguros de CIMA también reconocen cobertura para accidentes corporales, enfermedades, pérdidas de cosechas, pérdidas de ganado, pesca, otras pérdidas agrícolas, daños materiales, fallecimiento, vida, ahorro y capitalización. Los seguros agrícolas o patrimoniales basados en índices son legalmente posibles, pero no se han confirmado suficientemente productos y proveedores concretos de Benín para todas las categorías. Fuera del empleo formal, el acceso práctico al seguro privado es más limitado; las soluciones informales o mutualistas no deben considerarse equivalentes a una póliza regulada por CIMA. El seguro obligatorio de responsabilidad civil frente a terceros para vehículos se aplica al propietario o usuario civilmente responsable de un vehículo, incluidos los vehículos con remolque o semirremolque. La cobertura legal se extiende al propietario, al conductor y a los pasajeros conforme al Código. Las primas se fijan libremente, pero no pueden ser inferiores a la tarifa mínima aprobada por la CRCA. El precio depende, entre otros factores, de la zona de circulación, el tipo y uso del vehículo y el perfil del conductor. La aseguradora entrega gratuitamente el certificado y el documento separable de seguro. Los documentos deben expedirse en un plazo de 15 días tras la celebración del contrato; si se retrasan, puede utilizarse un documento provisional durante un máximo de un mes. Cuando se desconoce al conductor responsable o este no está asegurado, el Código prevé un procedimiento ante el Fonds de Garantie, especialmente para daños corporales, aunque la práctica local concreta de los casos requiere una comprobación independiente. Antes de contratar un seguro privado, el cliente recibe una ficha informativa con el precio, las garantías y las exclusiones. La póliza escrita utiliza la lengua oficial del Estado e identifica a las partes, el bien o la persona asegurada, los riesgos cubiertos, la fecha de inicio, la duración, la suma asegurada, la prima y las reglas de pago. También establece la renovación tácita, la rescisión, las obligaciones, la notificación de siniestros, los plazos de pago, la valoración de daños y los plazos de prescripción. Una propuesta por sí sola normalmente no vincula a la aseguradora. Por regla general, el contrato comienza solo tras el pago de la prima. Se permite un plazo de pago de hasta 60 días únicamente para ciertos riesgos grandes que superen 80 veces el SMIG anual; esta excepción no incluye los seguros de vehículos, enfermedad o transporte de mercancías. Por lo general, los contratos de seguro directo se denominan en FCFA; otra moneda requiere autorización ministerial. La persona asegurada paga la prima a tiempo, responde con veracidad a las preguntas, comunica en 15 días un cambio sustancial del riesgo y notifica los siniestros según la póliza. El plazo mínimo legal para notificar un siniestro es de cinco días laborables; los siniestros por robo y los relacionados con ganado tienen un plazo de 48 horas. La notificación tardía no anula automáticamente la reclamación, salvo que la aseguradora pruebe un perjuicio real o que la fuerza mayor no explique el retraso. Los daños causados deliberadamente no están cubiertos. En los microseguros, la aseguradora acepta o rechaza la reclamación en siete días, paga una reclamación aceptada en diez días y explica por escrito cualquier rechazo. Las reclamaciones por lesiones corporales en accidentes de tráfico tienen plazos distintos. La aseguradora presenta una oferta en un máximo de 12 meses después del accidente o de ocho meses después de un fallecimiento. El pago debe efectuarse en el mes siguiente al periodo de oposición de 15 días. El retraso genera una compensación del 5 % por cada mes de demora. La falta de documentos puede suspender el plazo aplicable. El cliente debe conservar la póliza, el recibo de la prima, el certificado del seguro, la notificación y confirmación de la reclamación, el informe pericial y los documentos médicos u oficiales. Muchas pólizas se renuevan tácitamente por un periodo máximo de un año. Después del primer año, por lo general se requiere una notificación certificada con al menos dos meses de antelación a la fecha de renovación para rescindirlas. Esta regla no se aplica del mismo modo al seguro individual de enfermedad, los seguros de construcción, los riesgos fuera del ámbito privado o los seguros de vida. La aseguradora debería enviar un aviso de renovación al menos 45 días antes del vencimiento. El impago puede provocar la rescisión automática después de los avisos y periodos de espera previstos legalmente, pero las primas ya vencidas siguen siendo exigibles. Un cambio de residencia, ocupación, jubilación o situación familiar puede modificar el riesgo. En esos casos, la persona asegurada puede rescindir el contrato en un plazo de tres meses; la rescisión entra en vigor un mes después de la notificación y, cuando corresponda, se devuelve la parte no consumida de la prima. Tras la venta de un vehículo, la cobertura se suspende a partir del quinto día a las 24:00 y se puede rescindir con diez días de preaviso; de lo contrario, finaliza automáticamente a los seis meses. La redacción exacta de la póliza y la norma aplicable de CIMA determinan el cálculo práctico. La reclamación suele empezar ante la aseguradora o el intermediario. La Direction des Assurances supervisa el mercado, las licencias, los peritos y las soluciones amistosas, mientras que la CRCA ejerce las funciones regionales de supervisión y sanción de CIMA. Desde 2025, el OQSF ofrece un portal de reclamaciones, una línea telefónica y un servicio de mediación para servicios financieros, pero no impone sanciones directamente. Si fracasa una solución amistosa, el cliente puede recurrir al procedimiento judicial previsto en la póliza, las reglas de CIMA o la ley de seguro social. No se puede suponer un importe de prima, prestación o reclamación sin comprobar la póliza, el riesgo, la tarifa y la práctica administrativa vigente.