Protección del consumidor en Burundi

El Código de Comercio (Code de commerce) vigente, la Ley N°1/01 de 16 de enero de 2015, exige información comercial sobre los precios, facturas e información clara sobre tarifas o costes. Los productos perecederos, los cosméticos y los productos farmacéuticos deben llevar etiquetas. El Ministerio responsable del comercio supervisa los precios, combate el fraude comercial y protege a los consumidores en los mercados de bienes esenciales. La Comisión Independiente de la Competencia (Commission Indépendante de la Concurrence), conocida como la CIC, opera desde el 25 de abril de 2025 conforme a la Ley N°1/06 de 25 de marzo de 2010. Cualquier persona interesada puede remitir un asunto a la Comisión Independiente de la Competencia (CIC), esta puede actuar por iniciativa propia y el Ministerio puede remitir casos. No se ha establecido públicamente ningún formulario central en línea, plazo general de presentación ni tasa estándar. Las disposiciones más antiguas de protección del consumidor del código comercial de 1993 son históricas y no deben considerarse legislación horizontal vigente. En las fuentes actuales revisadas no se establece un derecho legal general de desistimiento ni un procedimiento estándar de reembolso y garantía. Las reclamaciones contractuales, por defectos y por daños y perjuicios pueden requerir en su lugar acudir al tribunal mercantil o a un tribunal ordinario. Conserva facturas, recibos, listas de precios, etiquetas, contratos, mensajes, comprobantes de pago y fotografías, porque los organismos sectoriales y los tribunales necesitan pruebas de la transacción y del problema. Los bancos, las instituciones de microfinanzas, los proveedores de pagos y otras instituciones financieras supervisadas están sujetos a las normas de protección del consumidor del Banco de la República de Burundi (BRB) sobre transparencia, trato justo y riesgos de fraude. En caso de una transacción de pago perdida, robada o no autorizada, o de un fallo del sistema, el proveedor debe ofrecer atención al cliente, aceptar una reclamación oral o escrita, tramitarla en un plazo máximo de tres días laborables y prestar el servicio gratuitamente; el incidente también se registra y se comunica al BRB. El BRB acepta reclamaciones y quejas, pero su material publicado sobre escalamiento no establece un plazo general único ni una compensación garantizada. Las reclamaciones de seguros normalmente comienzan con el intermediario o la aseguradora y después pueden remitirse al organismo regulador de seguros (ARCA). El Código de Seguros exige un trato justo, información suficiente sobre los productos, los derechos y las obligaciones, y sistemas accesibles de reclamación. ARCA investiga las reclamaciones y puede imponer sanciones regulatorias; también puede ser posible acudir a los tribunales o al arbitraje. El informe de ARCA de 2024 registró 68 reclamaciones recibidas, 44 cerradas y 24 pendientes, pero no se publican claramente un formulario individual estándar, una tasa ni un plazo de tramitación. Las reclamaciones de telecomunicaciones pueden presentarse mediante el buzón de sugerencias de una agencia del operador o a través del número corto gratuito 151, y pueden escalarse al organismo regulador de las telecomunicaciones (ARCT). En caso de pérdida o robo de un teléfono, se utilizan un documento nacional de identidad y la factura en una estación de la Policía Nacional de Burundi (PNB) para obtener una requisición de oficial de policía judicial (OPJ), que permite actuar ante ARCT y el operador correspondiente utilizando la información del IMEI y de la SIM. El organismo regulador de la electricidad y el agua potable (AREEN) supervisa las tarifas de electricidad y agua potable, la calidad y regularidad del servicio, los intereses de los consumidores y las disputas con los operadores. Una reclamación documentada al proveedor de electricidad y agua (REGIDESO), seguida de una escalada a AREEN, es una vía práctica, aunque no se identificó ningún plazo público uniforme, tasa ni garantía de compensación individual. El organismo regulador de medicamentos y otros productos sanitarios (ABREMA) gestiona las reclamaciones regulatorias y de seguridad relativas a medicamentos y otros productos sanitarios. Los presuntos defectos de calidad o acontecimientos adversos pueden notificarse mediante el número gratuito 203 o info@abrema.gov.bi. Este procedimiento aborda la seguridad del producto y las medidas regulatorias, pero no necesariamente el reembolso del precio de compra o la compensación. El fraude comercial, la información falsa, el phishing y el fraude electrónico pueden denunciarse ante la policía judicial o el fiscal. Los incidentes relacionados con las telecomunicaciones y el dinero móvil también deben dirigirse a ARCT o al BRB. La organización de defensa de los consumidores (ABUCO-TI) puede proporcionar información, representación y defensa, pero no es una autoridad pública de ejecución. Las reclamaciones relacionadas con viajes y comercio electrónico siguen estando más fragmentadas: pueden intervenir las autoridades de turismo, los proveedores autorizados, la autoridad de aviación civil (AACB) en asuntos de aviación civil, el regulador sectorial correspondiente y procedimientos contractuales o judiciales ordinarios. El organismo responsable debe seleccionarse según el servicio o producto implicado, y la reclamación debe indicar la transacción, la fecha, el importe, el proveedor, el perjuicio, la solución solicitada y las pruebas de respaldo.