Deuda en Bután

La Royal Monetary Authority (RMA) concede licencias y supervisa bancos, instituciones financieras no bancarias e instituciones de microfinanzas. Estos proveedores ofrecen préstamos para vivienda, vehículos, gastos personales, educación, empresas y microcréditos. Los tipos de interés, las comisiones, las garantías y los plazos de amortización dependen del proveedor y del contrato; Bután no tiene un tipo de interés único para consumidores ni un límite general de deuda que se haya podido verificar. Antes de aprobar o renovar un préstamo, un proveedor regulado consulta el Credit Information Bureau of Bhutan, conocido habitualmente como CIB. Quienes solicitan préstamos deben proporcionar información exacta y actualizada sobre domicilio, ocupación, situación financiera, finalidad del préstamo, fuente de pago y otros préstamos. También se regula el préstamo privado de dinero. Según las normas de 2023, un prestamista privado debe registrarse en la RMA, ser ciudadano butanés, obtener un certificado y solicitar la renovación 30 días antes de su vencimiento. La tasa de renovación es de 1.000 ngultrum; no se permiten intermediarios y prestar después de que caduque el certificado es ilegal. La RMA publica un registro de prestamistas privados vigentes. Se puede denegar el registro a solicitantes con préstamos improductivos. Las fuentes revisadas no permiten establecer de manera fiable el alcance y las condiciones de los préstamos informales no registrados. Para los préstamos impagados, el Regulations on Non-Performing Loan Management de 2025 se aplica a todos los proveedores de servicios financieros desde el 1 de julio de 2025. Un préstamo impagado viable y, en algunos casos, un préstamo al corriente afectado por una dificultad financiera imprevista real pueden acogerse a una reestructuración tras una evaluación de capacidad de pago y un acuerdo entre prestatario y proveedor. Se excluye a quienes incumplen deliberadamente. La reestructuración debe completarse en un máximo de 365 días desde que el préstamo pasa a estar vencido; si la reestructuración fracasa, puede iniciarse la ejecución hipotecaria. Las normas distinguen entre préstamos viables y no viables, así como entre impagos deliberados y no deliberados. La moratoria de pagos prevista en el régimen de 2025 fue revocada el 7 de abril de 2026; seis facilidades siguen bajo el acuerdo aplicable. Se puede reclamar contra un proveedor autorizado a través de su unidad de protección al consumidor o de la Consumer Protection Cell de la RMA. El CIB mantiene confidencial la información sobre solvencia y proporciona certificados de situación de préstamos y puntuaciones crediticias. Una reclamación no elimina la obligación contractual de pagar. Los litigios bancarios y de préstamos privados pueden llegar a la judicatura; un tribunal puede ordenar la venta judicial o el embargo de bienes muebles e inmuebles, incluidos bienes situados en otra jurisdicción. Tras descontar los costes de realización, los ingresos se distribuyen proporcionalmente entre varios acreedores; el tribunal puede aplazar una venta si el precio ofrecido es insuficiente. La Bankruptcy Act de Bután de 1999 contempla formalmente peticiones, acreedores garantizados, reorganización y solicitudes de exoneración, pero la Asamblea Nacional indicó que la ley llevaba más de 20 años sin aplicarse. Un Insolvency and Rehabilitation Bill presentado en 2025 propone procedimientos para personas, pequeñas y medianas empresas y sociedades, incluidos rescates y cooperación transfronteriza, pero no se ha verificado que se haya promulgado o esté operativo. No se ha verificado un total nacional de deuda de los hogares, un servicio normalizado de asesoramiento sobre deudas ni una vía general operativa de insolvencia del consumidor. La deuda pública es un asunto macroeconómico separado. A 31 de diciembre de 2025, la deuda pública total era de 302.770,746 millones de ngultrum: 285.672,694 millones de deuda externa y 17.098,052 millones de deuda interna. La deuda del Gobierno central era de 108.229,352 millones de ngultrum, equivalentes al 31,1 % del PIB, frente a un umbral de política del 55 %. El servicio de la deuda en relación con los ingresos internos fue del 32,7 % en el ejercicio fiscal 2025–26, frente a un umbral del 35 %, mientras que el servicio de la deuda externa representó el 19,5 % de las exportaciones. La energía hidroeléctrica representaba el 60,1 % de la deuda externa, el Gobierno de India era acreedor del 62,3 % y el 64,4 % estaba denominado en rupias indias. La presión de reembolso aumenta entre los ejercicios fiscales 2026–27 y 2037–38.