Delincuencia en la República Centroafricana

La delincuencia suele describirse localmente con términos como criminalité, délinquance, banditisme, braquage y enlèvement. Entre los riesgos denunciados figuran el homicidio, el secuestro, el robo a mano armada, las agresiones agravadas, el allanamiento de morada, los tirones de bolsos en mercados y transportes públicos, el robo de vehículos, la extorsión, las agresiones sexuales y la violencia doméstica. También se producen estafas financieras y engaños románticos por internet. No se dispone de una tasa ni de una cifra de cobertura nacional fiables, y los casos denunciados no miden la prevalencia, porque la inseguridad, el estigma y la distancia pueden impedir que las personas soliciten ayuda. Bangui es comparativamente más estable que muchas otras zonas, pero la situación puede deteriorarse rápidamente. En las afueras de Bangui, incluida PK5, puede haber actividad de bandas armadas. Fuera de Bangui, los grupos armados, el bandidaje, la toma de rehenes, el robo de vehículos, los allanamientos, los controles de carretera ilegales y oficiales, la extorsión y la debilidad de los servicios estatales aumentan el riesgo práctico. Puede resultar difícil o imposible acceder a la policía y a los servicios de emergencia en zonas rurales y remotas debido a la distancia, la inseguridad, la falta de personal y la falta de combustible. Hay un toque de queda nacional de 00:00 a 05:00; las recomendaciones canadienses señalan que Bangui está exenta. La Policía Nacional, la Gendarmería Nacional y las Fuerzas de Seguridad Interior se encargan de la seguridad pública. La Policía Judicial investiga delitos. MINUSCA y UNPOL pueden prestar apoyo internacional, pero no sustituyen a las fuerzas del orden locales. La policía comunitaria, los grupos locales de vigilancia y los comités de alerta temprana pueden brindar protección adicional. En algunas zonas, las denuncias también pueden tramitarse a través de autoridades locales, agentes comunitarios, ONG o mecanismos comunitarios de información y comentarios (CIF). Los centros CIF de Kaga-Bandoro, Bria, Bambari y Paoua ofrecen canales confidenciales para hacer llegar comentarios y denunciar la explotación y los abusos sexuales en lenguas locales, pero no sustituyen a la policía general. Para emergencias, las listas públicas indican el 117 para la policía y el 2161-2200 para la gendarmería. El número +236 2161 3072 también figura para denuncias policiales, ambulancias, incendios y desapariciones de niños. La información pública es incoherente, por lo que conviene verificar localmente los números antes de una emergencia. En Bangui, a veces las víctimas tienen que pagar el transporte policial debido a la falta de vehículos y combustible. Entre las precauciones prácticas figuran organizar de antemano un transporte de confianza, desplazarse en grupo, evitar viajar de noche y acudir a lugares aislados, pasar desapercibido, asegurar puertas y ventanas, llevar identificación y copias de documentos importantes, y evitar exhibir objetos de valor. No opongas resistencia a un robo a mano armada. Evita las manifestaciones y las multitudes, actúa con prudencia ante controles de carretera oficiales y extraoficiales, sigue los medios locales y no fotografíes instalaciones policiales, militares o gubernamentales. Las víctimas pueden buscar atención médica, apoyo psicosocial, asistencia jurídica y ayuda para la reintegración en centros de salud, el Ministerio de Promoción de la Mujer y la Infancia, UNICEF, UNFPA y ONG. Las redes comunitarias de protección RECOPE y Esperance, organización asociada a UNICEF, pueden ayudar a derivar a los hospitales y ofrecer seguimiento psicosocial. Según la investigación citada, solo el 26 % de las supervivientes de violencia sexual recibió atención médica oportuna en las 72 horas siguientes; los costos y los plazos en todo el país no están documentados de manera uniforme. El estigma, la inseguridad y la distancia pueden impedir el acceso. Se está poniendo en funcionamiento el Comité Nacional de Asistencia Jurídica; en 2024, más de 21.000 personas, en su mayoría mujeres y niñas, recibieron protección o asistencia jurídica, mientras que los datos de casos citados registran 15 víctimas que recibieron asistencia jurídica. El Tribunal Penal Especial puede conceder reparaciones económicas para casos concretos, pero no hay una garantía general de indemnización. El Ministerio de Economía Digital, Correos y Telecomunicaciones es oficialmente responsable de la ciberseguridad, los delitos informáticos y la protección de datos. La Célula Centroafricana de Internet y Seguridad (Central African Internet and Security Cell), vinculada a la Presidencia, indica la línea gratuita 76 50 00 36. No está claro si están operativas las estructuras especializadas contra delitos informáticos y un equipo nacional de respuesta a emergencias informáticas; por ello, las vías de denuncia en línea deben considerarse fragmentadas. No envíes dinero a contactos en línea ni a supuestos funcionarios, y conserva los mensajes, comprobantes de pago, datos de las cuentas y otras pruebas. Los niños afrontan riesgos particulares de reclutamiento y utilización por grupos armados, explotación sexual y violencia, separación familiar, trabajo infantil y ataques a las rutas escolares. En 2025, las Naciones Unidas verificaron 733 violaciones graves que afectaban a 479 niños, incluidos casos de reclutamiento o utilización de 331 niños; 406 niños anteriormente vinculados con grupos armados recibieron apoyo para su reintegración. Según un protocolo de 2024, los niños liberados deben ser trasladados al servicio civil de protección infantil más cercano dentro de las 24 horas. El Consejo Nacional para la Protección de la Infancia funciona desde 2024, pero no se ha documentado una línea independiente nacional para jóvenes víctimas de delitos.