Relaciones románticas en la República Centroafricana

Las citas y el cortejo en la República Centroafricana son principalmente informales. No se ha establecido ninguna institución estatal de citas, licencia, registro estándar, asesoramiento obligatorio ni coste nacional fijo. Las personas suelen conocerse a través de redes personales y familiares, comunidades religiosas o actores comunitarios locales. Los términos mariage, union, cohabitation y union de fait describen situaciones de pareja distintas, mientras que el Code de la Famille regula el matrimonio formal y asuntos familiares relacionados. El matrimonio es una transición formal. La edad mínima es de 18 años para ambos sexos. El Procureur de la République puede conceder una dispensa por motivos graves, y toda persona menor de 18 años también necesita el consentimiento de un progenitor o tutor. Ambas personas deben dar su consentimiento durante la ceremonia. El registro es obligatorio por ley. Entre los requisitos se enumeran un certificado de nacimiento, un certificado médico prematrimonial y una declaración relativa a la dote. El certificado de matrimonio se expide de inmediato y sin coste, mientras que las tasas locales de registro o presentación pueden variar según el municipio. El certificado de matrimonio puede establecer la monogamia o la poligamia; en 2023 seguían debatiéndose reformas del Código de Familia sobre poligamia, cohabitación, union de fait, jefatura del hogar, residencia y gastos domésticos. La convivencia sin matrimonio cuenta con una protección jurídica menos segura y más fragmentada que el matrimonio formal. La pareja no debe suponer que vivir junta crea automáticamente los mismos derechos u obligaciones que un matrimonio registrado. El divorcio formal, la división de bienes y la herencia pertenecen a temas de derecho civil y no se resuelven por el mero hecho de describir una relación romántica. El consentimiento se aplica a cada acto íntimo y no puede sustituirse por el matrimonio, la aprobación familiar, un pago o la presión social. Un informe anterior de las Naciones Unidas indicó que no había una edad mínima legal para las relaciones sexuales, mientras que el Código Penal seguía en revisión en 2023. La ausencia de un límite de edad legal no implica consentimiento, y el Código de Protección Infantil protege a los niños frente al abuso, la violencia y la explotación. El matrimonio infantil sigue siendo un riesgo importante: el 61 % de las mujeres de 20 a 24 años se había casado o unido antes de los 18 años y el 26 % antes de los 15. Las cifras comunicadas eran más altas en zonas rurales que urbanas, en los hogares más pobres que en los más ricos y entre las mujeres sin educación que entre aquellas con educación secundaria o superior. La Estrategia Nacional para Poner Fin al Matrimonio Infantil 2024–2027 busca proteger del matrimonio o la unión a todas las personas menores de 18 años para 2030. El acceso a servicios de salud sexual y reproductiva es desigual. Se informó de que el acceso a la planificación familiar moderna era del 7,6 % entre adolescentes de 15 a 19 años, con una necesidad insatisfecha del 44,7 %; el acceso era del 23,1 % entre las mujeres solteras o que no vivían en unión. En el conjunto de mujeres, la necesidad insatisfecha era del 37,6 % y del 17,8 % entre las casadas o unidas. Los centros de salud, clínicas móviles o fijas, preservativos e información dirigida a jóvenes son opciones disponibles, pero la educación sexual integral limitada, las normas sociales, la falta de existencias, la distancia, el transporte y la inseguridad pueden impedir el acceso. Se informó que el inicio de las relaciones sexuales antes de los 15 años afectó al 29,7 % de las mujeres de 15 a 24 años y al 10,6 % de los hombres del mismo grupo de edad. La violencia en las relaciones requiere protección y derivación, no solo mediación privada. Según el dato de 2018, la violencia de pareja afectó al 21 % de las mujeres y niñas de 15 años o más que habían tenido pareja; en el segundo trimestre de 2022 se registraron 11.717 casos de violencia de género. La violencia doméstica y el acoso sexual son delitos, pero los datos disponibles indicaban que la violación conyugal no estaba tipificada como delito. Los servicios de salud, sociales, policiales y judiciales, las unidades conjuntas de respuesta rápida en Bangui y Bouar, los espacios seguros para mujeres y niñas, los refugios temporales y los centros de empoderamiento en Bangui pueden ofrecer apoyo médico, psicosocial o jurídico. El acceso varía mucho por el conflicto, la distancia, la falta de recursos y el estigma; el sistema descrito no ofrecía indemnización estatal a supervivientes de violencia sexual. Una persona que deja una relación puede necesitar un plan de seguridad, atención médica, apoyo psicosocial, derivación jurídica o un refugio temporal. El procedimiento práctico depende de la ubicación, los servicios disponibles y el peligro inmediato; no se ha establecido una norma nacional fiable sobre el coste o el plazo de una separación. La disolución formal y las disputas por bienes o herencia requieren asesoramiento independiente de derecho civil.