Entorno cotidiano en las Comoras

La calidad del entorno cotidiano en la Unión de las Comoras depende de la isla, la comuna, el tipo de asentamiento y la fiabilidad de los servicios locales. Según una estimación del perfil de ONU-Hábitat de 2018, alrededor del 70 % de la población vivía en asentamientos informales, mientras que la planificación urbana y la aplicación de medidas de gestión de riesgos seguían siendo limitadas. Las carreteras, la electricidad, el saneamiento público, la gestión de residuos y el suministro de agua pueden depender de servicios públicos, sistemas comunitarios, servicios municipales, proyectos de desarrollo o acuerdos informales. No se ha verificado ninguna norma nacional sobre servicios para el entorno residencial, cuadro de tarifas para hogares ni calendario universal de conexión. El acceso al agua es especialmente desigual. En distintos lugares se utilizan conexiones de SONEDE, fuentes públicas, sistemas comunitarios de agua y tratamiento o cloración domésticos. Según datos de UNICEF de 2022, el 49 % de la población tenía acceso a saneamiento gestionado de forma segura y el 57 %, al menos a un saneamiento básico. En 2024, se informó de que solo alrededor del 35 % de las personas disponía de instalaciones para lavarse las manos con agua y jabón. En Anjouan, en marzo de 2025 se cloraron 48 sistemas comunitarios de agua repartidos en 20 localidades. En Kowé se instalaron puntos de agua resilientes al clima tras una escasez de dos días en octubre de 2025, mientras que, según se informó, casi el 40 % de los ríos de Anjouan se había secado. Los sistemas rurales pueden averiarse cuando faltan mantenimiento y financiación. Hay varios programas públicos destinados a mejorar las condiciones, pero los objetivos previstos no son resultados ya alcanzados. El programa de agua, saneamiento e higiene (WASH), aprobado para el período del 31 de marzo de 2026 al 31 de marzo de 2031, tiene como objetivo habilitar 10.000 conexiones domiciliarias, 375 puntos comunitarios de agua y tres bloques de abluciones, y beneficiar a unas 200.900 personas. Un tramo de 12 kilómetros de la RN3 entre Mtsangadjou y Foumbouni, previsto o en curso, cuenta con una asignación de 12,5 millones de dólares estadounidenses de la AIF y beneficiaría a unas 13.000 personas. Su corredor costero se enfrenta a inundaciones, subida del nivel del mar y erosión costera. No se han verificado de forma fiable a escala nacional los precios para los hogares, las tarifas de conexión ni las garantías del servicio. Una estrategia tarifaria vinculada a ARSEE, la creación de DGEAH y las reformas relacionadas del sector del agua son hitos previstos hasta 2031. Los peligros naturales afectan directamente a los lugares donde las personas viven y se desplazan. Las inundaciones se describen como el fenómeno más destructivo, junto con los ciclones tropicales, la sequía, el calor, la erosión costera, la subida del nivel del mar y el riesgo volcánico en Grande Comore. Los deslizamientos de tierra y los terremotos también contribuyen a la exposición. La DGSC, dependiente del Ministerio del Interior, COSEP, el PNRRC, ANACM y las autoridades locales participan en los avisos, la coordinación y la preparación. Se espera que la población siga las alertas oficiales, utilice los planes de evacuación disponibles, proteja la vida y los bienes y coopere con las medidas de protección civil. La calidad del aire también afecta al entorno cotidiano. La ficha de salud ambiental de la OMS de 2025 informó de una concentración media anual nacional de PM2.5 de 14 microgramos por metro cúbico, frente a la directriz de 5 microgramos de la OMS. La vigilancia y los datos sobre políticas siguen siendo incompletos, y el uso de combustibles domésticos contribuye a la exposición. No se ha verificado ningún sistema nacional de vigilancia del ruido ambiental, mapa público del ruido, cuadro general de límites acústicos ni canal específico para reclamaciones. Aun así, los proyectos de construcción pueden estar sujetos a controles específicos del ruido, el polvo y las vibraciones. La existencia de espacios verdes depende principalmente de las prácticas locales y no de una norma urbana nacional. La plantación de árboles en escuelas, la reforestación comunitaria, la restauración de manglares y las actividades locales de reducción de riesgos involucran a la Dirección General de Medioambiente y Bosques (Direction Générale de l’Environnement et des Forêts), las comunas, los comités aldeanos, las escuelas y los grupos comunitarios. No se ha verificado un inventario nacional de zonas verdes urbanas, ni una norma de mantenimiento, reglas de acceso o tarifas de uso que se apliquen a todo el país. Aquí interesa la función práctica de los espacios públicos y compartidos como lugares de uso cotidiano y protección frente al clima; la protección de la naturaleza en un sentido más amplio corresponde a otro tema. La participación suele depender de un programa o una iniciativa local. Los proyectos WASH pueden ofrecer sesiones comunitarias estructuradas, canales de opinión y mecanismos de reclamación; además, los diálogos comunitarios respaldados por UNICEF cuentan con jefes de aldea, líderes de mujeres, jóvenes, comunas y asociaciones. ONU-Hábitat ha utilizado la planificación participativa de resiliencia en Moroni y Fomboni. La tercera NDC, presentada en marzo de 2026, tiene como objetivo reducir un 57 % las emisiones de gases de efecto invernadero para 2035 con respecto a un escenario sin medidas adicionales y mantener a la vez el objetivo de sumidero neto de carbono. Estas metas, junto con los sistemas de agua resilientes, las carreteras, las alertas tempranas y la adaptación comunitaria, describen una transición en curso, no un servicio nacional ya completado. Las principales instituciones y vías están, por tanto, distribuidas: las autoridades de medioambiente, energía y agua, SONEDE, ARSEE, las direcciones regionales del agua, las comunas, MATUAFTT, la DGSC y las entidades responsables de cada proyecto cubren distintas partes del entorno cotidiano. Para hacer una consulta práctica, identifica la isla, la comuna y el servicio o peligro concretos, y averigua si el asunto corresponde a una empresa pública de servicios, un comité comunitario, el municipio o un proyecto financiado.