Derecho civil en Comoras

La capacidad jurídica suele permitir a una persona tener derechos y asumir obligaciones. Las principales restricciones afectan a los menores no emancipados y a los adultos declarados legalmente incapaces. Los documentos del estado civil son una prueba fundamental de identidad y de las relaciones familiares. El nacimiento debe declararse en un plazo de 15 días. Una declaración tardía puede requerir una resolución judicial supletoria (jugement supplétif) del Tribunal de Première Instance (TPI) o del Tribunal cadial; la rectificación de un registro existente corresponde al TPI. El estado civil de una persona extranjera se determina conforme a la legislación nacional de esa persona. Un contrato requiere partes con capacidad jurídica y un objeto que consista en dar, hacer o no hacer algo. Una vez constituido legalmente, obliga a las partes como ley entre ellas y debe cumplirse de buena fe. Un objeto o causa ilícitos pueden dar lugar a la nulidad. Por regla general, una compraventa intercambia la entrega de la cosa por el pago del precio. Las obligaciones civiles incluyen también cuasicontratos como la gestión de negocios ajenos (gestion d'affaires), cuando alguien gestiona los asuntos de otra persona, y la repetición de lo indebido (répétition de l'indu), que se refiere a la recuperación de un pago no debido. Los bienes pueden ser muebles o inmuebles. Los derechos pueden surgir por sucesión, donación, testamento, obligaciones, accesión o prescripción. Los derechos sobre la tierra deben inscribirse en la Conservación de la Propiedad Inmobiliaria (Conservation de la propriété foncière). Una cadena continua de transmisiones anteriores respalda la inscripción, y la entrada en el registro de la propiedad sirve de prueba frente a terceros. Las hipotecas pueden ser legales, judiciales o convencionales y recaer sobre inmuebles o derechos de usufructo. Una hipoteca convencional requiere un acto auténtico ante dos notarios o ante un notario y dos testigos. La posesión consuetudinaria o informal de tierras no sustituye las pruebas necesarias para obtener un título formal, por lo que la documentación tiene especial importancia en las disputas de propiedad y sucesión. Las cuestiones familiares de las personas comorenses se rigen por el Code de la famille. Según dicho código, el matrimonio es musulmán y requiere wali, el consentimiento de ambos cónyuges y dos testigos varones musulmanes adultos, además de un certificado médico prenatal y la celebración ante el juez competente. El acta matrimonial debe transcribirse en el registro civil en un plazo de 15 días; la transcripción es gratuita. Los efectos del matrimonio no surgen sin un acta matrimonial inscrita. Los cónyuges se deben convivencia, asistencia, fidelidad y manutención. La esposa conserva plena capacidad civil y bienes propios. El régimen matrimonial predeterminado es el de separación de bienes, salvo que la cláusula matrimonial disponga otra cosa; por su parte, se presumen comunes los inmuebles adquiridos durante el matrimonio, a menos que se pruebe que son propios o heredados. Los padres ejercen la autoridad sobre sus hijos y deben proporcionarles manutención. También pueden responder civilmente por actos de sus hijos menores. La kafala o delegación de la autoridad parental puede formalizarse mediante acto auténtico o sentencia. El divorcio puede tramitarse por twalaka, faskh o khol. El juez puede resolver sobre vivienda, bienes muebles, custodia, manutención, visitas y liquidación. En general, se puede apelar una sentencia familiar dentro de los 15 días y el recurso lo conoce la Cour d'Appel. El sistema sucesorio está fragmentado. El Code civil sigue aplicándose cuando el derecho islámico no lo excluye, mientras que este rige las materias designadas. Para una sucesión regida por el derecho islámico, un certificado de herederos inscrito por un Cadi puede aceptarse como prueba de los herederos. Para inscribir una tierra heredada suelen necesitarse el certificado de defunción y el certificado de herederos expedido por un notario, tribunal o Cadi. Un hijo adoptado mediante adopción simple conserva el apellido de su familia de origen y sus derechos sucesorios. Si no hay herederos, el Estado puede reclamar el patrimonio. En el caso de sucesiones vacantes, el Domaine solicita la posesión ante el TPI después de la publicación y exposición de anuncios; la decisión se adopta pasados tres meses y 40 días, y la administración de los bienes sin reclamar puede transferirse provisionalmente después de cinco años. Las cuotas y el procedimiento dependen del régimen jurídico aplicable, de la situación familiar y de la calificación conforme al derecho islámico; por ello, corresponde a un Cadi o al TPI confirmar la situación. La responsabilidad civil puede derivarse de una culpa conforme al artículo 1382, incluida la negligencia o imprudencia. También puede recaer en quien sea responsable de otra persona o de un bien bajo su custodia, en padres por los hijos menores que convivan con ellos, en empleadores por trabajadores domésticos u otros auxiliares, y en quienes tengan animales o edificios cuyo derrumbe cause daños. La solución habitual es la reparación o una indemnización calculada según el daño demostrado. El TPI es el tribunal ordinario de primera instancia y, por regla general, tiene competencia en la isla donde está situado. La Cour d'Appel cuenta con salas civiles, mercantiles, sociales y de derecho musulmán. La Cour Suprême es la máxima instancia judicial y conoce los recursos de casación. Las vistas suelen ser públicas y las sentencias deben motivarse. Las partes pueden defenderse por sí mismas y elegir un abogado (avocat). En las apelaciones familiares intervienen asesores de derecho musulmán, y los asuntos urgentes de divorcio, manutención y référé pueden tener prioridad. La entidad competente en materia de procedimiento puede variar entre el TPI y el sistema del Cadi. No se ha identificado una lista consolidada y vigente de tasas de los tribunales civiles ni una duración estándar, por lo que es necesario confirmarlas localmente antes de presentar una demanda. Una sentencia civil es ejecutiva inmediatamente si incluye ejecución provisional. En caso contrario, la ejecución suele comenzar una vez vencido el plazo de apelación o cuando la sentencia adquiere fuerza de cosa juzgada (force de chose jugée). Antes de proceder a una ejecución forzosa se requiere una notificación oficial o signification. El acreedor puede buscar un acuerdo amistoso o encargar la ejecución a un agente judicial (huissier) o commissaire de justice; la autotutela privada no es una alternativa legal. Por lo general, una sentencia civil puede ejecutarse durante 10 años, y cada acto de ejecución interrumpe y reinicia ese plazo. El Juez de Ejecución (Juge de l'Exécution) del TPI o del Tribunal de Comercio conoce las controversias de ejecución. Puede solicitar su intervención el acreedor, el deudor, un tercero de buena fe afectado o un huissier, mediante assignation, requête o declaración escrita con pruebas. Se prevé una resolución en un plazo de 15 días, mientras que una controversia de competencia sobre la saisie-vente se resolvería en cinco días. La secretaría judicial (greffe) puede emitir gratuitamente una copia ejecutiva, y puede haber asistencia jurídica para personas con recursos modestos, incluido apoyo para los gastos de abogado o huissier. El Acto Uniforme de OHADA se aplica a las medidas simplificadas de cobro y ejecución de reclamaciones mercantiles, no al derecho civil en general.