Relaciones sentimentales en Costa de Marfil

En Costa de Marfil se pueden usar términos como relation amoureuse, petit ami o petite amie, fiancé(e), concubinage, union libre y union de fait. Su significado y uso social varían según la edad, el lugar, la religión y la comunidad. Las citas, la elección de pareja y el compromiso son principalmente procesos privados o sociales, y no se identificó un procedimiento estatal de registro para las citas. Sigue habiendo poca información oficial nacional sobre las normas de las citas y las citas por internet. El matrimonio formal se celebra entre un hombre y una mujer ante un oficial del registro civil (officier de l’état civil) conforme a la ley n.º 2019-570. Por lo general, ambos cónyuges deben tener al menos 18 años y dar su consentimiento personal y exclusivo; el consentimiento forzado no es válido. Una ceremonia tradicional o religiosa puede coexistir con la ceremonia civil, pero es esta última la que establece el estado civil matrimonial. Normalmente, el expediente matrimonial incluye un extracto de nacimiento o una sentencia emitidos menos de tres meses antes, un certificado de residencia emitido menos de seis meses antes, copias de los documentos de identidad, fotografías y dos testigos adultos. Al menos uno de los futuros cónyuges debe residir en el municipio. Por lo general, la solicitud se presenta entre 30 y 10 días antes de la ceremonia. El portal gubernamental indica una tarifa de 100.000 FCFA para ceremonias de miércoles a sábado, pero esa página consta como actualizada en 2016; por eso, conviene confirmar la tarifa vigente con el municipio. La pareja extranjera puede necesitar además un acta de nacimiento certificada, una traducción al francés, un certificado de capacidad matrimonial y documentos vigentes de residencia o visado. La convivencia, el concubinage, la union libre y la union de fait tienen relevancia social y práctica, pero no se identificó una protección equivalente en el registro civil. Por tanto, la pareja no casada no debería dar por sentados los mismos derechos que los cónyuges en materia de bienes, herencia o trámites oficiales. Los cónyuges pueden elegir o estar sujetos a un régimen de comunidad de bienes, separación de bienes o capitulaciones matrimoniales. Cuando hay descendientes, el cónyuge superviviente recibe una cuarta parte conforme a la norma sucesoria indicada; no se documentó un derecho hereditario equivalente para las parejas informales. Una relación puede implicar decisiones compartidas sobre dinero, anticoncepción, residencia y participación de la familia. La anticoncepción, la atención de fertilidad, la prevención y detección de ITS y VIH, la atención del embarazo y los servicios para casos de violencia de género están disponibles a través del sistema de salud, aunque los costos varían según el centro y la cobertura. Los indicadores DHS de 2021 muestran que el 46,5% de las mujeres tomaba sus propias decisiones sobre las relaciones sexuales, el 52,7% usaba anticonceptivos, el 42,9% tomaba sus propias decisiones sobre atención médica y el 18,7% tomaba las tres decisiones. La edad mediana de la primera unión de convivencia fue de 20,8 años para las mujeres de 25 a 49 años y de 28,0 años para los hombres de 30 a 59; estas cifras no describen la edad de inicio de las citas. El consentimiento sexual es la base práctica de la intimidad. La violación incluye la penetración sexual impuesta mediante violencia, amenaza, coacción o sorpresa, y la ley considera irrelevante el consentimiento de un menor de 15 años. La compilación jurídica oficial vigente conserva la presunción matrimonial de consentimiento salvo prueba en contrario, por lo que las parejas no deben considerar que el matrimonio o la relación otorguen permiso para cualquier acto sexual. La Ley n.º 2021-894 se aplica a los cónyuges actuales y anteriores, a las parejas en concubinage y a las uniones de hecho, incluso cuando no comparten vivienda. Abarca la violencia física y sexual, el matrimonio forzado o infantil, la violencia psicológica o emocional y la privación de recursos, oportunidades o servicios. La unión forzada, tanto civil como tradicional o religiosa, está tipificada como delito. El artículo 439 del Código Penal establece penas de uno a cinco años de prisión y multas de 360.000 a 1.000.000 FCFA; el máximo es mayor si la víctima es menor de edad. El PNLVBG y el Ministerio de la Mujer, la Familia y la Infancia (Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant) coordinan la asistencia con centros de salud, la policía, la gendarmería y los servicios judiciales. El servicio 1308 es gratuito, confidencial y está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana; puede derivar a quien llama a centros de escucha, servicios de salud, policía o gendarmería y tribunales. Las directrices oficiales indican que se debe recibir una denuncia sin exigir previamente un certificado médico. Si existe peligro inmediato, se puede solicitar una orden de protección urgente al presidente del Tribunal, aunque la información consultada no establece una tarifa uniforme ni un plazo para decidir. La separación civil y el divorcio se tramitan ante el Tribunal. Entre los motivos unilaterales figuran el adulterio, los malos tratos o insultos graves, una condena que perjudique el honor del cónyuge y el abandono. El divorcio por consentimiento mutuo requiere al menos dos años de matrimonio, un periodo de reflexión de tres meses y una decisión en el plazo de un mes tras la confirmación; el acuerdo debe abordar las consecuencias y proteger a los hijos y al cónyuge. La separación tras una unión no civil es principalmente social o tradicional, y no se ha documentado un procedimiento nacional uniforme. Tras la disolución, la mujer suele esperar 300 días antes de volver a casarse, aunque el presidente del Tribunal puede reducir el plazo o una prueba médica puede demostrar que no está embarazada. Antes de basarse en los requisitos, tarifas y horarios, conviene verificarlos con el municipio, el Tribunal y el centro de salud.