Estado en Cuba

El Estado cubano se funda en su Constitución y en el principio socialista del sistema de poder popular (Poder Popular), o poder del pueblo. Las instituciones estatales ejercen funciones legislativas, ejecutivas, administrativas, judiciales y de supervisión. La Asamblea Nacional del Poder Popular es el máximo órgano estatal. Aprueba leyes, decisiones nacionales importantes y selecciona a altos funcionarios estatales conforme al sistema constitucional. El Consejo de Estado actúa en nombre de la Asamblea Nacional entre sus sesiones, dentro de las facultades que tiene asignadas. La Presidencia representa al Estado y desempeña las funciones constitucionales vinculadas a ese cargo. El Consejo de Ministros es el máximo órgano ejecutivo y administrativo. Dirige la administración nacional y coordina los ministerios y otras autoridades públicas. Las asambleas municipales son los principales órganos locales de representación. Sus delegados atienden las necesidades de la comunidad, supervisan las estructuras locales e informan a los residentes, aunque los recursos y las decisiones políticas importantes pueden depender en gran medida de niveles superiores. Los tribunales administran justicia dentro del sistema estatal, y los fiscales públicos supervisan la legalidad y los procedimientos penales dentro de sus funciones asignadas. El diseño institucional de Cuba no reproduce la separación estricta entre poderes en competencia que existe en algunos otros países. El Estado desempeña un papel importante en los servicios esenciales, la planificación, el empleo público, la educación, la atención sanitaria, la administración de la propiedad y la regulación económica. Esto puede apoyar programas públicos universales, pero las decisiones centralizadas y los recursos limitados pueden reducir la flexibilidad local o ralentizar las soluciones. Para los asuntos prácticos, las personas suelen tratar con la oficina administrativa específica responsable de los registros civiles, la vivienda, el trabajo, los servicios sociales o los asuntos municipales. Un órgano político puede escuchar una preocupación, pero normalmente el órgano administrativo competente debe completar la actuación formal.