Comunicación en Corea del Norte

El coreano de la RPDC es el idioma predominante en la comunicación cotidiana e institucional. El discurso público y político está restringido, y las críticas, los contenidos extranjeros no autorizados o el uso lingüístico no prescrito pueden acarrear graves sanciones. La comunicación también está condicionada por organizaciones vinculadas al Partido de los Trabajadores, prácticas de autocrítica y vigilancia. El Ministerio de Correos y Telecomunicaciones es responsable del sector de las comunicaciones. Según los informes disponibles, las redes móviles autorizadas por el Estado cubren casi todas las zonas, y en 2022 se estimaba que entre el 50 % y el 80 % de la población tenía teléfono móvil. Que se haya informado de la comercialización de la tecnología 4G no significa que exista acceso abierto a Internet: las aplicaciones móviles se limitan a los servicios autorizados por el gobierno y la comunicación internacional sigue estando muy restringida. La Ley de Comunicaciones Móviles prohíbe los teléfonos móviles y el software no autorizados. La Ley de Rechazo del Pensamiento y la Cultura Reaccionarios prohíbe los teléfonos móviles extranjeros. El contacto con la República de Corea puede considerarse un delito político. Kwangmyong es la intranet nacional controlada de Corea del Norte, separada de Internet mundial. El acceso a Internet mundial está casi totalmente fuera del alcance de los usuarios corrientes y se asocia principalmente con instituciones de investigación autorizadas y funcionarios del gobierno. Las inspecciones del Grupo 109 de computadoras, radios y televisores, junto con los registros domiciliarios de los que se ha informado, generan riesgos adicionales por la posesión de contenidos e información extranjera no autorizados. Existen servicios postales dentro del sistema estatal, pero hay poca información pública fiable sobre las redes actuales de servicios nacionales e internacionales, las tarifas, los plazos de entrega, las convenciones postales y los procedimientos de reclamación. No hay pruebas de un regulador independiente de las comunicaciones ni de un servicio transparente de defensoría. El acceso práctico depende de la autorización, la institución, la residencia, la ubicación, la condición de visitante y el cumplimiento de los requisitos sobre dispositivos y tarjetas SIM. Las alternativas funcionales están fragmentadas y no equivalen a un sistema de comunicación abierto. Las personas pueden usar servicios móviles estatales, canales postales, Kwangmyong a través de instituciones autorizadas o intermediarios de confianza. Se han documentado canales informales de intermediarios para el contacto familiar y las remesas, pero conllevan un alto riesgo y no son servicios públicos lícitos. No se han documentado mecanismos independientes de mediación, recursos en materia de privacidad ni procedimientos transparentes de reclamación. Si falla la comunicación o surge un conflicto, las vías más seguras disponibles son recurrir a un intermediario o intérprete autorizado y seguir la jerarquía institucional, estatal o del Partido correspondiente. Puede haber servicios de interpretación y traducción de idiomas extranjeros a través de canales institucionales autorizados, pero no hay pruebas de que exista un mercado independiente de intérpretes. Según informes, se han desarrollado ayudas de comunicación para personas con discapacidad y tecnologías informáticas en braille, aunque no se pueden verificar de forma independiente su disponibilidad práctica ni las normas de accesibilidad. Las tarifas actuales de comunicación, los períodos de espera y las garantías de entrega no se publican de forma fiable, por lo que no se pueden indicar costes o plazos generales.