Derecho civil en Corea del Norte

Entre las principales fuentes figuran la Constitución Socialista; la Ley Civil, aprobada el 5 de septiembre de 1990; la Ley de Procedimiento Civil, aprobada el 10 de enero de 1976 y con modificaciones disponibles públicamente hasta el 15 de diciembre de 2009; la Ley de Familia, aprobada el 24 de octubre de 1990; la Ley de Sucesiones, aprobada el 13 de marzo de 2002; la Ley de Indemnización por Daños, aprobada el 19 de abril de 2005; y la Ley de Relaciones Civiles Exteriores, aprobada el 6 de septiembre de 1995 y modificada el 10 de diciembre de 1998. La Asamblea Popular Suprema y su Presidium legislan. El Tribunal Central, los tribunales provinciales y municipales, los tribunales populares de municipios, distritos y condados, los tribunales especiales, las fiscalías populares, los comités populares, el organismo de administración de población, las oficinas del registro, las notarías, los ejecutores judiciales y los bancos pertinentes desempeñan distintas funciones jurídicas o administrativas. Por lo general, una persona tiene derechos civiles desde el nacimiento hasta la muerte. La mayoría de edad plena empieza a los 17 años. A partir de los 16, una persona puede actuar de manera independiente dentro de los límites de los ingresos que obtiene personalmente; los actos que excedan ese ámbito suelen requerir el consentimiento de sus progenitores o tutores. A partir de los 6 años, un menor suele poder comprar material escolar y artículos de primera necesidad. Los progenitores, tutores o representantes actúan en nombre de quien carece de capacidad, y el organismo de administración de población supervisa la tutela. La representación puede ser oral o escrita. La propiedad se divide en propiedad estatal, propiedad social o cooperativa y propiedad individual o privada. La propiedad individual puede incluir bienes obtenidos mediante la distribución del trabajo, prestaciones estatales o sociales, actividades complementarias de cría de animales, compras, herencias, donaciones u otros medios legales. Las casas, los bienes domésticos y culturales, los artículos de primera necesidad, los automóviles y otros artículos permitidos pueden formar parte de la propiedad individual. Por lo general, los bienes familiares son comunes. El uso y la transferencia de una vivienda estatal cuentan con protección jurídica formal, pero las investigaciones disponibles no acreditan la existencia de un mercado libre de propiedad del suelo al estilo occidental. El derecho civil regula transacciones como la compraventa, los servicios laborales, la custodia de bienes, los préstamos de bienes y de dinero, el transporte de pasajeros, los depósitos bancarios, los seguros y los mandatos. Los derechos y obligaciones de las partes derivan del cumplimiento adecuado de la transacción. En las operaciones patrimoniales con una contraparte extranjera, puede regir un tratado; las partes pueden elegir la ley aplicable y, si no la eligen, suelen aplicarse la ley del lugar donde se realizó el acto o las normas norcoreanas. No se aplica el derecho extranjero cuando no se puede determinar su contenido o cuando contradice los principios jurídicos norcoreanos. El matrimonio es libre y requiere inscribirse en una oficina del registro. La edad mínima es de 18 años para los hombres y 17 para las mujeres. Un matrimonio anterior inscrito, un parentesco cercano prohibido o el incumplimiento de la edad mínima pueden llevar a que un tribunal declare nulo el matrimonio. Los cónyuges tienen los mismos derechos y deberes de ayuda mutua. Si las partes no resuelven por sí mismas los asuntos, un tribunal puede decidir sobre el divorcio, la manutención, la crianza de los hijos y los bienes. Por lo general, un menor de tres años queda al cuidado de la madre, y el otro progenitor puede tener que aportar entre el 10 % y el 30 % de sus ingresos mensuales para los gastos de crianza hasta que el menor alcance la edad laboral. Los hijos nacidos fuera del matrimonio tienen los mismos derechos. Para adoptar a un menor de 17 años se necesitan los consentimientos exigidos de sus progenitores o tutores, el consentimiento de los mayores de seis años, la aprobación del organismo de administración de población y la inscripción en el registro. La Ley de Sucesiones protege la propiedad privada y permite la sucesión legal y testamentaria, las donaciones y la ejecución de testamentos. Hombres y mujeres reciben el mismo trato, mientras que las personas que no pueden actuar de manera independiente gozan de una protección preferente de sus intereses. En un caso internacional, los bienes inmuebles suelen regirse por la ley del lugar donde están situados y los bienes muebles por la ley vinculada al domicilio de la persona fallecida. Las normas sobre la forma del testamento pueden remitirse a la legislación norcoreana, la ley del lugar donde se otorgó, la del domicilio del testador o la del Estado donde se encuentren los bienes inmuebles. La Ley Civil y la Ley de Indemnización por Daños abarcan las lesiones corporales y los daños materiales. La indemnización puede incluir gastos de tratamiento o ingresos perdidos porque la persona lesionada no puede trabajar. El incumplimiento de derechos u obligaciones civiles puede generar responsabilidad civil; una conducta grave también puede plantear una cuestión distinta de derecho penal, que pertenece a otra rama jurídica. Los juicios civiles abarcan disputas patrimoniales que no correspondan a un arbitraje o procedimiento administrativo, divorcios, crianza y manutención de menores, así como la determinación de derechos civiles o hechos con relevancia jurídica. Una persona ciudadana, institución, empresa u organización puede presentar una demanda, y una fiscalía popular puede demandar para proteger los intereses del Estado, la sociedad o la ciudadanía. Por lo general, el escrito identifica la edad, el sexo, la ocupación y el domicilio de las partes, expone la demanda y sus fundamentos, y enumera las pruebas. Pueden participar representantes o abogados. Las pruebas pueden incluir declaraciones, testigos, documentos, objetos probatorios, dictámenes periciales e inspecciones. El procedimiento se celebra en coreano, con disponibilidad de una persona intérprete o intérprete-mediadora para necesidades lingüísticas o del habla. Por lo general, los juicios son públicos, salvo las excepciones por confidencialidad, y el tribunal suele estar formado por un juez y dos asesores populares. Por lo general, la jurisdicción corresponde al domicilio de la parte demandada. Algunas excepciones permiten presentar la demanda en el domicilio de quien demanda en casos de manutención infantil, daños a la salud o la vida, o asuntos de una mujer con un menor de un año o varios hijos. Un caso con una parte extranjera suele corresponder a un tribunal provincial o municipal, mientras que los casos relacionados con Rason pueden corresponder al tribunal de la Zona de Rason. Un caso de primera instancia tiene un plazo previsto de dos meses; los casos complejos o importantes pueden añadir un mes con aprobación de la presidencia del tribunal y otro mes con autorización de un tribunal superior. Los recursos, recursos extraordinarios y nuevos juicios tienen un plazo previsto de un mes. Las tasas estatales y los timbres por entrega de documentos constituyen los costes judiciales habituales, pero están exentos de la tasa estatal los casos de manutención infantil o de personas dependientes, daños a la salud o la vida, daños derivados de delitos y demandas de la fiscalía. Por lo general, la parte demandada paga una vez que se admite la demanda y la parte demandante, si esta se rechaza. Las copias de las sentencias o resoluciones deberían entregarse en un plazo de dos días. Por lo general, el recurso o la impugnación se presenta en diez días, y su presentación suspende la ejecución. No cabe un recurso ordinario contra una sentencia del Tribunal Supremo. La revisión extraordinaria puede iniciarla el presidente del Tribunal Supremo o el fiscal general. Puede celebrarse un nuevo juicio por pruebas falsas, hechos materiales recién descubiertos, actos ilegales o la revocación de una base jurídica; por lo general, la parte litigante presenta la solicitud en un plazo de tres meses desde que conoce el motivo. Un ejecutor judicial hace cumplir una sentencia o resolución firme. Por lo general, el mandamiento de ejecución de una reclamación patrimonial debe solicitarse dentro de los dos meses siguientes a la firmeza, y el ejecutor suele actuar en el plazo de un mes. Los bienes de una institución, empresa u organización pueden cobrarse a través de su banco en un plazo de diez días. Si la deuda sigue impagada al cabo de un mes, puede ser posible congelar una cuenta. Para hacer frente a la resistencia puede solicitarse la cooperación de un órgano de seguridad popular. Las quejas sobre la ejecución se presentan ante el tribunal competente, que suele resolverlas en quince días. En litigios transfronterizos, la jurisdicción o la elección de la ley pueden derivarse de un acuerdo sobre operaciones patrimoniales; Corea del Norte puede tener jurisdicción si allí reside la parte demandada o tiene su sede, si el daño o los bienes se encuentran en el país, o si están en juego inmuebles situados en Corea del Norte. El reconocimiento de una sentencia extranjera depende de un acuerdo recíproco entre Estados, de los principios jurídicos norcoreanos y de los límites de jurisdicción. Las pruebas extranjeras pueden utilizarse tras su autenticación por una notaría pública extranjera.