Desastres en Corea del Norte

Las inundaciones y las crecidas repentinas causan la mayor mortalidad por desastres comunicada en Corea del Norte. Entre 1991 y 2020, los desastres afectaron a unos 51 millones de personas y causaron más de 3.000 muertes. La sequía por sí sola afectó a más de 31 millones de personas, mientras que las inundaciones, las sequías y las tormentas juntas representaron más del 99 % de las personas afectadas notificadas. La degradación forestal y la erosión del suelo aumentan los riesgos de inundaciones y deslizamientos, mientras que el cambio climático añade incertidumbre en torno a las lluvias extremas y las inundaciones. Nampo, Pyongyang, Pyongan del Sur, Hwanghae del Norte y Hwanghae del Sur se encuentran entre las zonas de mayor exposición. Aproximadamente el 22,43 % del capital económico está expuesto a inundaciones, el 95,01 % a vientos ciclónicos fuertes, el 91,82 % de la producción agrícola a la sequía y el 18,24 % a las inundaciones. Las infraestructuras costeras y portuarias también afrontan marejadas ciclónicas e intrusión salina. La Ley de Prevención, Rescate y Rehabilitación en Casos de Desastre de Corea del Norte, adoptada el 27 de junio de 2014, establece obligaciones para la prevención, el rescate y la reconstrucción. El Comité Estatal de Gestión de Emergencias y Desastres dirige la coordinación nacional, mientras que los organismos provinciales y de condado encargados de los desastres, los puntos focales de los ministerios y los comités populares desempeñan funciones locales. La Administración Estatal de Hidrometeorología vigila y pronostica las condiciones meteorológicas e hidrológicas. El Instituto Geográfico aporta información cartográfica y satelital. Las alertas pueden difundirse mediante organizaciones gubernamentales y sectoriales, redes informáticas nacionales, servicios telefónicos y móviles, televisión, vehículos y comunicación oral en aldeas remotas. Las pruebas sobre las inundaciones de Hamgyong del Norte de 2016 indican que se activaron alertas y evacuaciones, pero el escaso conocimiento de las alertas, la zonificación deficiente de los riesgos, la falta de procedimientos normalizados, las deficiencias de medición y de la infraestructura para vigilar las aguas y la debilidad de la aplicación local redujeron su eficacia. Las medidas de preparación incluyen la reducción comunitaria del riesgo de desastres, la prevención de daños por inundaciones y la rehabilitación, la reparación de riberas y diques, la reforestación, la agroforestería, la rehabilitación de laderas, mejoras en el riego, la agricultura de secano, la diversificación de cultivos y los sistemas aislados de energía solar o biogás. Estas medidas se centran especialmente en las granjas cooperativas y los condados expuestos a amenazas recurrentes. No se ha verificado de forma independiente ninguna lista nacional fiable de preparación ante emergencias para los hogares ni un registro público de refugios. Tampoco se ha verificado un sistema público nacional de teléfonos de emergencia, un proceso de autoinscripción ni una norma uniforme de evacuación. Los organismos gubernamentales dirigen las labores de rescate, evacuación, socorro y reconstrucción. La Sociedad de la Cruz Roja presta apoyo en búsqueda y rescate, evacuación, primeros auxilios, suministros de emergencia y asistencia de agua y saneamiento, a menudo con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Las reservas estratégicas pueden incluir lonas, utensilios de cocina, edredones, artículos de higiene, materiales para tratar el agua y herramientas para refugios. Las evacuaciones suelen organizarse localmente a partir de alertas. El acceso individual puede depender del permiso oficial, las carreteras, las comunicaciones y la disponibilidad de transporte y refugio. En 2016, las inundaciones afectaron hasta 16.400 edificios y 27.000 hectáreas de tierras de cultivo, e interrumpieron el suministro de agua para unas 600.000 personas. En 2018, el calor alcanzó hasta 11 °C por encima de lo normal y las inundaciones afectaron a unas 340.000 personas y desplazaron a más de 11.000. En 2019, el tifón Lingling pudo haber expuesto a unos 5,3 millones de personas y desplazó a 6.362. La recuperación suele abarcar viviendas, carreteras, puentes, ferrocarriles, redes de agua y alcantarillado, diques, sistemas de riego, escuelas, clínicas, tierras de cultivo, instalaciones eléctricas y puertos. El gobierno coordina la reconstrucción, mientras que los organismos de las Naciones Unidas, la Cruz Roja y otras organizaciones humanitarias pueden proporcionar materiales para refugios, agua y saneamiento, alimentos e insumos agrícolas. La asistencia internacional suele responder a una solicitud del gobierno y a una evaluación de necesidades. Pueden ser necesarias exenciones humanitarias de las sanciones de las Naciones Unidas, y las restricciones de movimiento, la financiación, la banca, las importaciones, la logística y la supervisión pueden retrasar la entrega. La ayuda suele llegar a los hogares y comunidades afectados a través de organismos estatales, granjas cooperativas o estructuras de la Cruz Roja, y a menudo se da prioridad a niños, mujeres, personas con discapacidad y quienes afrontan necesidades urgentes. No se ha verificado de forma fiable ninguna prestación general en efectivo, tarifa de compensación normalizada ni plazo de solicitud fijo a escala nacional.