Familia en Corea del Norte

La Ley de Familia de Corea del Norte describe la familia como una unidad social y jurídica protegida. Según los informes, la ley protege a las madres y los menores y su última modificación fue el 7 de diciembre de 2004. Las autoridades centrales, los comités populares locales, las instituciones de Seguridad Popular, las oficinas de administración de población, las oficinas del registro civil, los tribunales y el Ministerio de Salud Pública se ocupan de distintas funciones relacionadas con la familia. El matrimonio requiere el consentimiento libre de un hombre soltero y una mujer soltera. Según los datos publicados, la edad mínima es de 18 años para los hombres y 17 para las mujeres. Los matrimonios forzados, múltiples, de menores de edad y determinados matrimonios entre parientes cercanos son nulos. El matrimonio obtiene reconocimiento legal y protección estatal al inscribirse en una oficina del registro civil; un informe estatal de la RPDC señala que está prohibido convivir como matrimonio sin registrar. No se pudieron verificar de forma fiable las tasas públicas, los plazos de tramitación ni la aplicación actual de las normas. Según los informes, los progenitores tienen las mismas obligaciones de crianza, cuidado diario y protección de la salud y el desarrollo de sus hijos. Los menores nacidos fuera del matrimonio conservan los mismos derechos de filiación, y las relaciones entre padrastros o madrastras e hijastros se tratan legalmente como las relaciones entre progenitores e hijos biológicos. Si un menor no recibe cuidados, la atención estatal puede prestarse en hogares para bebés, orfanatos o internados. Para adoptar se requiere la aprobación de una oficina de administración de población y la inscripción en una oficina del registro civil. Se necesita el consentimiento de los progenitores biológicos o del tutor; los menores de seis años o más también deben consentir. A partir de entonces, la relación jurídica sigue las normas de filiación entre progenitores e hijos. La inscripción del nacimiento se tramita en la institución local de Seguridad Popular. Según los informes, los progenitores o un tutor deben solicitarla dentro de los 15 días posteriores al nacimiento, y el examen puede tardar hasta 15 días. El certificado de nacimiento resultante acredita la identidad jurídica del menor. Los informes de la RPDC vinculan la inscripción con el acceso a alimentos, vivienda y atención sanitaria, pero no se han verificado suficientemente las condiciones de acceso actuales, los costes ni la aplicación de las normas. Las familias utilizan la red pública de atención primaria, las clínicas locales, las guarderías, los médicos de familia y las Jornadas de Salud Infantil. Según los informes, una campaña de recuperación de vacunación de 2024 llegó a más de 800.000 menores y 120.000 mujeres embarazadas en los 210 condados, con UNICEF y el Ministerio de Salud Pública. La cobertura formal es amplia, aunque están documentadas interrupciones de suministro, deficiencias de calidad y diferencias regionales. El acceso a la atención reproductiva se ve afectado por la escasez de suministros esenciales, equipos y personal cualificado; además, según los informes, el asesoramiento sobre planificación familiar y la elección de métodos son limitados. La ayuda alimentaria no es una prestación monetaria familiar universal. En un informe del PMA se utilizó la estimación de unos 10,7 millones de personas desnutridas de la evaluación El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo de 2022; también se informó de retraso del crecimiento en alrededor del 18 % de los menores. Las raciones del Sistema de Distribución Pública suelen estar por debajo del objetivo. Cuando las operaciones lo permiten, los alimentos enriquecidos pueden llegar a cerca de un millón de mujeres embarazadas, madres lactantes y menores, junto con apoyo a instituciones como guarderías, hospitales e internados. Los datos de protección infantil son incompletos y antiguos. La encuesta MICS de 2017 informó de que el 95 % de los menores de 24 a 59 meses había participado en al menos cuatro actividades de estimulación con personas adultas, mientras que el 16 % de los menores de cinco años había sido dejado solo o al cuidado de otro menor de menos de diez años durante más de una hora en la semana anterior. También informó de castigo físico o agresión psicológica para el 59 % de los menores de uno a catorce años. Un informe del programa de UNICEF de 2024 describió servicios de protección integrados en 333 de 514 distritos y ciudades. Estas cifras no establecen la prevalencia nacional actual. Las declaraciones estatales prohíben todas las formas de violencia doméstica, pero no se dispone de cifras nacionales actuales de casos, líneas de ayuda, refugios ni vías individuales de protección documentadas de forma fiable. Por tanto, una prohibición formal no demuestra que una persona pueda acceder a protección efectiva en un caso concreto. Las organizaciones internacionales pueden apoyar programas, pero no se ha verificado que UNICEF, el PMA o el UNFPA garanticen un derecho individual general a todas las familias. El divorcio pone fin al matrimonio. Según los informes, las mujeres tienen el mismo derecho a divorciarse que los hombres. Los progenitores pueden acordar la custodia en interés del menor; de lo contrario, decide un tribunal. Por regla general, los menores de tres años quedan con la madre, salvo que exista un motivo imperioso para adoptar otra decisión. Según los informes, el progenitor sin custodia debe pagar una pensión alimenticia equivalente al 10 %-30 % de sus ingresos mensuales, en función del número de hijos, hasta que alcancen la edad laboral. Los tribunales también pueden resolver sobre la pensión y los bienes familiares, pero no se pueden verificar las tasas, los plazos ni la aplicación actuales. Las familias separadas por la guerra de Corea o por acontecimientos transfronterizos dependen de un proceso político y esporádico, no de una vía privada regular. En enero de 2024, según los informes, la RPDC anunció que ya no promovería la reunificación con la República de Corea. El paradero de muchos familiares separados sigue sin estar claro y el acceso puede cambiar según la situación política.