Derecho civil en la República Democrática del Congo

En la República Democrática del Congo, la capacidad jurídica se refiere a las personas físicas y jurídicas. Las personas menores de 18 años son menores de edad; las medidas de protección incluyen tutelle y curatelle, y el Tribunal de paix conoce de asuntos pertinentes de representación y protección. La responsabilidad civil puede surgir incluso cuando una persona carece de plena capacidad, según su discernimiento y las circunstancias. Los contratos se rigen principalmente por las normas sobre obligaciones del Libro III del Código Civil. La validez de un acuerdo depende del consentimiento, la capacidad, un objeto y una causa, mientras que las pruebas escritas o auténticas exigidas dependen del tipo de contrato. El incumplimiento puede dar lugar a ejecución, indemnización por daños o resolución. Los arrendamientos residenciales no profesionales también se rigen por la Ley 15/025 de 2015. Las leyes uniformes de OHADA se aplican a las actividades comerciales y a los procedimientos de cobro; la República Democrática del Congo pertenece a OHADA desde 2012 y la aplicación entró en vigor el 12 de septiembre de 2012. El Estado es propietario exclusivo, inalienable e imprescriptible del suelo. Por tanto, una persona suele tener una concesión u otro derecho real reconocido, como emphytéose, superficie, usufruit, usage, habitation o servitude, en lugar de la plena propiedad privada del terreno. La vía formal habitual va desde una concesión estatal hasta la inscripción y la obtención de un certificat d'enregistrement, seguida de una mutación o inscripción ante el conservateur des titres immobiliers. La ocupación consuetudinaria y los acuerdos informales pueden tener importancia práctica, pero por lo general no ofrecen la misma posición que un título registrado. Las disputas consuetudinarias sobre tierras pueden someterse al Tribunal de paix. Las relaciones familiares se rigen por el Código de Familia, incluida la Ley 87-010 de 1987, modificada por la Ley 16/008 de 2016. El matrimonio civil es público y solemne; una celebración familiar puede producir efectos jurídicos si se registra debidamente, mientras que una unión únicamente religiosa no tiene efectos matrimoniales. Se requiere el consentimiento personal y, por regla general, ambos cónyuges deben tener al menos 18 años. La dot se acuerda según la costumbre, aunque se permite una dot simbólica y se exige un pago parcial. Los regímenes matrimoniales son separación de bienes, comunidad reducida a las adquisiciones y comunidad universal; por defecto se aplica la comunidad reducida a las adquisiciones. El divorcio es judicial, con conciliación ante el Tribunal de paix, y una disolución consuetudinaria o familiar por sí sola no pone fin al matrimonio. Una separación de al menos tres años genera una presunción de ruptura irremediable, mientras que, por lo general, el divorcio no se permite durante los dos primeros años, salvo en los supuestos previstos por la ley. Los niños tienen derechos sin discriminación por haber nacido dentro o fuera del matrimonio. La filiación puede establecerse mediante inscripción del nacimiento, reconocimiento o procedimiento judicial. Los progenitores tienen obligaciones de manutención y la adopción requiere una solicitud judicial. La sucesión se abre en el domicilio o residencia principal de la persona fallecida. Las pruebas del fallecimiento y del estado civil respaldan el inventario, la liquidación y el reparto de la herencia. Los hijos, incluidos los hijos reconocidos nacidos fuera del matrimonio y los adoptados, constituyen la primera categoría de herederos y reciben tres cuartas partes; el cónyuge supérstite, los progenitores y los hermanos pertenecen a la segunda categoría, mientras que tíos y tías pertenecen a la tercera. Pueden intervenir el consejo familiar, el Tribunal de paix, el Bureau administratif des successions y las oficinas del estado civil. Las disputas de parentesco pueden requerir una declaración judicial, y la administración de la herencia, los certificados y el reparto generan costes administrativos, notariales o judiciales variables. La responsabilidad civil suele requerir prueba de una falta, un daño y un nexo causal. La negligencia y la imprudencia pueden justificar una reclamación de dommages-intérêts, y también puede surgir responsabilidad por personas o cosas bajo la guarda de otra persona. El incumplimiento contractual sigue una vía contractual separada. Los proyectos de construcción están sujetos a un régimen especial de seguro obligatorio y pueden intervenir aseguradoras cuando dicho régimen se aplica. Los procedimientos civiles utilizan instrumentos como assignation, greffe y notificación por huissier. El Tribunal de paix conoce de asuntos de familia, sucesiones, liberalidades, tierras consuetudinarias y litigios civiles valorados hasta 2.500.000 CDF. El Tribunal de grande instance tiene competencia civil residual y, por regla general, se ocupa de la ejecución, salvo la de las sentencias del Tribunal de paix. Los recursos corresponden al tribunal de apelación pertinente y el recurso de casación, a la Cour de cassation. La ausencia de tribunales en ciertas zonas puede afectar a qué tribunal está disponible en la práctica. Las pruebas, peritos, recursos, tasas y ejecución se rigen por normas procesales, pero los plazos dependen de la reclamación o el recurso. La ejecución combina el Código nacional de procedimiento civil con el Acta Uniforme de OHADA sobre procedimientos simplificados de cobro y ejecución. El Acta revisada se adoptó el 17 de octubre de 2023, se publicó el 15 de noviembre de 2023 y entró en vigor el 16 de febrero de 2024. Entre los procedimientos disponibles están las órdenes de pago, las órdenes de entrega o restitución, la saisie conservatoire, la saisie-exécution, la saisie-vente, la saisie-attribution y la saisie immobilière. El tribunal competente, el greffe y el huissier aplican el procedimiento correspondiente; los honorarios, la valoración, los costes de venta y la duración práctica dependen del acto, el tribunal, la notificación y los bienes del deudor. Las tasas de estado civil, tierras, tribunales y ejecución varían según el procedimiento y la localidad. No se ha verificado una tarifa nacional fija, un plazo de tramitación estándar ni una vía uniforme de asistencia jurídica gratuita para todos los asuntos de derecho civil. La mediación familiar o consuetudinaria puede facilitar una solución, pero no sustituye al divorcio judicial ni a la inscripción necesaria para obtener un título formal sobre la tierra. La protección de las personas consumidoras, el derecho laboral y el derecho penal siguen siendo marcos principales separados, aunque una disputa también pueda generar una reclamación civil.