El Estado en la República Democrática del Congo

La Constitución del 18 de febrero de 2006, reformada el 20 de enero de 2011, define a la República Democrática del Congo como un Estado soberano, indivisible, democrático, social y laico, regido por el Estado de derecho. El francés es el idioma oficial; el kikongo, el lingala, el suajili y el tshiluba son idiomas nacionales. La Constitución prevalece sobre otras normas estatales y protege, entre otras cosas, la igualdad, los procedimientos justos, la libertad de expresión y de prensa, la información, la reunión, la manifestación y la asociación. Estas libertades están sujetas a límites legales para proteger el orden público, la moral pública y los derechos de otras personas. El presidente es jefe de Estado, es elegido por sufragio universal, puede ejercer como máximo dos mandatos de cinco años, nombra al primer ministro entre la mayoría parlamentaria y es comandante en jefe. El gobierno ejecuta la política nacional, el primer ministro coordina su labor y el gobierno rinde cuentas ante la Asamblea Nacional. El Parlamento está compuesto por la Asamblea Nacional y el Senado; aprueba leyes, supervisa al gobierno y aprueba el presupuesto. La Asamblea Nacional representa a la población y el Senado, a las provincias; los expresidentes forman parte del Senado de por vida. El poder judicial es independiente. Entre los tribunales principales figuran el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Casación, el Consejo de Estado y los tribunales militares. El Consejo Superior de la Magistratura (Conseil supérieur de la magistrature) contribuye a la organización del sistema judicial. En muchas zonas, los conflictos, los desplazamientos y la inseguridad dificultan el acceso a los tribunales y las autoridades públicas. Las autoridades consuetudinarias y las formas locales de resolución de conflictos siguen teniendo importancia práctica, pero deben respetar la Constitución, las leyes y el orden público. La República Democrática del Congo tiene 26 provincias, incluida Kinshasa, que posee un estatus provincial especial. Cada provincia cuenta con una asamblea provincial y un gobierno provincial; la asamblea provincial elige al gobernador y al vicegobernador, que son nombrados por el presidente. Las ciudades, comunas, sectores (secteurs) y jefaturas (chefferies) son entidades territoriales descentralizadas con personalidad jurídica propia. En cambio, los territorios, barrios, groupements y aldeas son unidades administrativas desconcentradas sin personalidad jurídica propia. El Ministerio del Interior coordina las competencias centrales en materia de seguridad interna, descentralización y asuntos consuetudinarios; los gobernadores, administradores territoriales, alcaldes, jefes de sector y jefes de jefatura aplican las normas estatales o provinciales según sus competencias. El acceso a los servicios públicos depende de la autoridad competente, el servicio, los documentos requeridos, el idioma, el transporte y la situación de seguridad. No existe un procedimiento ni una tarifa única para todos los servicios públicos del país. En zonas de conflicto, las vías humanitarias o comunitarias pueden ser más accesibles en la práctica, pero no sustituyen automáticamente a la oficina estatal competente. En el este, se han documentado grupos armados con control propio o estructuras administrativas paralelas; ese control de facto no debe confundirse con el mandato estatal formal. El Estado se financia mediante la ley anual de finanzas. Las provincias y las entidades territoriales descentralizadas tienen ingresos propios y reciben una parte de los ingresos nacionales y transferencias. Según la Constitución, el 40 % de los ingresos nacionales se asigna a las provincias; el 10 % de determinados ingresos nacionales financia el Fondo Nacional de Compensación (Caisse nationale de péréquation). Las entidades territoriales descentralizadas tienen derecho al 40 % de los ingresos nacionales asignados a las provincias y al 40 % de los impuestos provinciales compartidos. El desembolso y el uso efectivos deben comprobarse para el año y la provincia correspondientes. El Tribunal de Cuentas (Cour des comptes) realiza auditorías externas, independientes y a posteriori del Estado, las provincias, las entidades territoriales descentralizadas y las instituciones públicas. La Inspección General de Finanzas (Inspection générale des finances) investiga y audita organismos estatales y descentralizados. La supervisión parlamentaria, la transparencia financiera y el seguimiento de las conclusiones funcionan de manera distinta en la práctica. El Consejo Superior del Audiovisual y la Comunicación (Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication) se ocupa de los medios y la comunicación pública, en particular de la protección de los medios, la ética profesional, la información pluralista y el acceso en condiciones de igualdad. Las funciones de seguridad nacional corresponden principalmente a las Fuerzas Armadas (FARDC) y la Policía (PNC). El presidente tiene la máxima responsabilidad militar y de seguridad, mientras que el Ministerio del Interior se ocupa de la seguridad pública y la administración territorial. El estado de sitio (état de siège) es un régimen constitucional excepcional de seguridad; su proclamación dura inicialmente 30 días y luego se contemplan prórrogas de 15 días cada una. Desde 2021 existe un régimen de excepción de este tipo en Ituri y Kivu del Norte; su vigencia actual y cada prórroga deben comprobarse en la orden o ley oficial más reciente. El alcance efectivo del Estado, la ejecución presupuestaria, la autoridad de las oficinas públicas y la situación de seguridad pueden cambiar con poca antelación según la provincia y la zona.