Relaciones románticas en la República Democrática del Congo

Conocer a alguien, vivir juntos y separarse puede variar mucho según la provincia, la ciudad o la zona rural, el idioma, la religión, la edad, el género, el grupo étnico, el conflicto y el desplazamiento. En la vida cotidiana se usan términos como relación romántica (relation amoureuse), pareja, compromiso matrimonial (fiançailles) y unión sin matrimonio (union libre) o convivencia; su significado puede variar según la región lingüística y el contexto social. La familia, las comunidades religiosas, las autoridades tradicionales y el entorno personal pueden influir en la elección de pareja y en el paso al compromiso o al matrimonio. Una relación romántica por sí sola no crea un estatus jurídico propio en la República Democrática del Congo. La Constitución garantiza el derecho a casarse con la persona elegida. Sin embargo, el matrimonio se constituye mediante el acto civil y público previsto entre un hombre y una mujer; según el Código de Familia, una unión puramente religiosa no tiene efectos independientes como matrimonio reconocido por el Estado. Por tanto, las citas o la convivencia sin matrimonio no crean automáticamente deberes conyugales de manutención o fidelidad ni obligaciones patrimoniales. La protección frente a la coacción, la violencia sexual y otras formas de violencia se aplica haya matrimonio o no. El consentimiento debe ser voluntario y continuo. La violencia de género y la violencia de pareja siguen siendo riesgos importantes. Una encuesta anterior registró violencia física o sexual por parte de una pareja actual o anterior entre el 36,8 % de las mujeres y niñas de 15 a 49 años que habían tenido una relación; los datos de las encuestas abarcan de 2000 a 2018. Según la información disponible, los casos denunciados de violencia de género aumentaron de 47.502 en 2018 a 119.394 en 2022. Estas cifras también pueden haberse visto influidas por la mejora de las denuncias y los cambios en la prestación de servicios, y no describen automáticamente la frecuencia actual en todas las provincias. Los esponsales o el matrimonio que impliquen a una persona menor de 18 años están prohibidos. La legislación de protección infantil tipifica como delito entregar a un menor en matrimonio o forzarlo a casarse. Una encuesta de 2015–2016 indicó que el 29,1 % de las mujeres de 20 a 24 años se habían casado o habían vivido en una unión similar al matrimonio antes de cumplir 18 años; esta cifra corresponde a un período específico y no debe interpretarse como una tasa provincial actual. En caso de peligro o violencia, según el lugar puede recurrirse a la policía, la fiscalía, los servicios sanitarios y los servicios especializados de apoyo. La ayuda puede incluir asistencia médica, psicosocial, jurídica y social; sin embargo, no hay centros integrales, asesoramiento jurídico, centros de salud, organizaciones juveniles, servicios móviles ni espacios seguros en todas partes. La confidencialidad, el estigma, las represalias, el idioma, el transporte, la situación de seguridad y los retrasos en las derivaciones afectan al acceso. Por tanto, no se puede garantizar de manera general que los servicios sean gratuitos ni que tengan plazos uniformes. La separación tras una relación o convivencia sin matrimonio suele ser informal y no tiene un trámite nacional propio de solicitud o inscripción. En caso de violencia, lo primero es elaborar un plan de seguridad y proteger el alojamiento, los menores, el dinero, los datos personales y las cuentas digitales. En un matrimonio formal y en asuntos relacionados con los menores, la filiación, la custodia o los bienes, los tribunales y el derecho de familia pueden tener competencia. El nacimiento de hijos fuera del matrimonio puede activar plazos y trámites especiales para establecer la filiación legal; esas consecuencias pertenecen al derecho de familia y civil, no a un estatus propio de la relación romántica.