Seguros en la República Democrática del Congo

La legislación de seguros de la República Democrática del Congo se basa, para el mercado privado, principalmente en la Ley n.º 15/005, de 17 de marzo de 2015. El antiguo monopolio de Sonas ha terminado. La ARCA es la autoridad estatal reguladora y supervisora con competencia nacional, bajo el Ministerio de Finanzas. Otorga licencias, supervisa la estabilidad financiera de los proveedores y protege a los asegurados. La CNSS, regida por la Ley n.º 16/009, de 15 de julio de 2016, administra en cambio el sistema general de seguridad social. El mercado formal comprende seguros de vida y de no vida. Entre las aseguradoras de vida figuran RAWSUR LIFE SA, AFRISSUR SA y ACTIVA VIE RDC SA. Entre las aseguradoras de no vida están ACTIVA ASSURANCES RDC SA, SFA CONGO SA, RAWSUR SA, SUNU ASSURANCES IARD RDC SA, MAYFAIR INSURANCE CONGO SA, GLOBAL PIONNER ASSURANCE SA y SONAS SA. Antes de contratar, verifica directamente con la ARCA la situación del proveedor y el producto concreto. En 2024, las primas ascendieron a 377,89 millones de USD, de los que 342,80 millones correspondieron a seguros de no vida y 35,10 millones a seguros de vida. La penetración del seguro fue del 0,53 %, la densidad del seguro fue de 3,46 USD por habitante y el gasto en siniestros ascendió a 56,18 millones de USD. Por tanto, existe un mercado formal en todo el país, aunque fuera de los principales centros puede que no llegue a todas las personas por igual. La CNSS cubre, entre otras cosas, pensiones de vejez, discapacidad, prestaciones para supervivientes y familiares, maternidad y accidentes o enfermedades profesionales. El régimen general se aplica a trabajadores asalariados, grupos asimilados y otras categorías cubiertas por ley; también se contempla el seguro voluntario. Para una pensión de vejez suelen requerirse 60 años, al menos 180 meses de cotización y el cese del empleo dependiente. La jubilación anticipada voluntaria puede ser posible a partir de los 55 años; la edad límite obligatoria es 65. Las prestaciones por discapacidad requieren al menos 36 meses de cotización dentro de los últimos 20 trimestres. Las empresas deben inscribirse, declarar a su personal y pagar las cotizaciones. Los pagos ausentes o insuficientes pueden generar atrasos, sanciones y problemas para recibir prestaciones. Los seguros privados cubren, por ejemplo, vida, fallecimiento, discapacidad, daños materiales, responsabilidad civil, riesgos técnicos, incendios, transporte y riesgos empresariales. El seguro privado de salud lo ofrecen administradores de seguros de salud autorizados por la ARCA. Para 2024, la ARCA citó a GGA, MSO, Pactilis y Société Conseils Assistances en Santé. Esto no establece un régimen general privado o estatal de seguro de salud para todas las personas residentes; el alcance, el acceso y las prestaciones dependen del contrato correspondiente. Los grupos informales de ahorro o solidaridad pueden compartir riesgos, pero no equivalen a seguros regulados. Entre los seguros exigidos legalmente figuran el seguro de responsabilidad civil frente a terceros para propietarios de vehículos terrestres, el seguro contra incendios para ciertos edificios y usos, el seguro de construcción contra daños a la estructura y la responsabilidad decenal, el seguro de responsabilidad del transporte aéreo, el seguro de responsabilidad del transporte marítimo, fluvial y por vías navegables interiores, y el seguro de mercancías importadas. La cobertura de vehículos motorizados se aplica en todo el país; se exige un certificado de seguro. El certificado debe emitirse como máximo diez días después de la celebración del contrato y un certificado provisional puede tener una validez máxima de un mes. La ARCA fija tarifas mínimas para estos productos, pero no existen precios minoristas uniformes para todos los seguros. La prima, el límite de cobertura, las exclusiones, el método de pago, la moneda y la disponibilidad dependen del proveedor y de la póliza. Antes de celebrar un contrato, la póliza o nota informativa escrita debe especificar la persona o el bien asegurado, el riesgo, el límite de cobertura, la fecha de inicio, la duración, la prima, los plazos de pago, la renovación, la cancelación, las exclusiones, las obligaciones y el procedimiento para comunicar siniestros. Las preguntas sobre el riesgo deben responderse con veracidad. Las declaraciones deliberadamente falsas pueden invalidar el contrato o provocar la pérdida de prestaciones. El contrato se modifica mediante una adenda firmada (avenant), que suele denominarse avenant en francés. La persona asegurada debe comunicar el siniestro sin demora y conforme a la póliza, y guardar la póliza, los recibos de pago y los certificados. El plazo legal mínimo para los siniestros generales es de ocho días laborables; para robo o mortalidad de ganado se aplican cinco días, y para incendios con lesiones corporales, 15 días. Según el caso, pueden exigirse historias clínicas, denuncias ante las autoridades, fotografías, prueba de propiedad o un informe pericial. La aseguradora debe indicar los plazos previstos en la póliza para evaluar el siniestro y pagar la indemnización. La reclamación comienza con el intermediario o la aseguradora. Si la respuesta es insuficiente, la persona asegurada debe solicitar una posición final por escrito y después contactar con la ARCA. La ARCA puede investigar y mediar; el servicio al consumidor es gratuito y debería tramitarse en un plazo de 60 días. Las recomendaciones de la ARCA no son ejecutables. El procedimiento no se aplica, entre otros, a casos que ya estén ante un tribunal o en otro procedimiento, pólizas extranjeras, reclamaciones empresariales, disputas profesionales entre aseguradoras o disputas sobre accidentes y enfermedades profesionales; de estas últimas se ocupa la CNSS. Para contratos con una duración superior a un año, la persona asegurada puede cancelar en la fecha de aniversario con al menos un mes de preaviso. En caso de cambio de residencia, ocupación, jubilación o situación familiar, se puede cancelar dentro de los tres meses; la cancelación surte efecto un mes después de la notificación y se reembolsan proporcionalmente las primas pagadas en exceso. Cuando se vende un vehículo motorizado, el contrato queda suspendido a partir del quinto día. Se puede cancelar con diez días de preaviso; si no se reactiva ni se cancela, el contrato termina automáticamente al cabo de seis meses. Si no se paga una prima, la aseguradora solo puede suspender o cancelar la cobertura ocho días después de entregar un requerimiento de pago.