Delincuencia en El Salvador

La Policía Nacional Civil (PNC) es el servicio policial nacional de El Salvador. El Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, la Fiscalía General de la República (FGR) y otros organismos públicos se ocupan de la prevención, la respuesta a emergencias, la investigación, las denuncias y el apoyo a las víctimas. Las cifras oficiales son datos comunicados por el gobierno y no constituyen una estimación independiente de toda la delincuencia. Un menor número de homicidios no elimina riesgos cotidianos como el hurto, las estafas, la violencia sexual, la extorsión, el secuestro o los delitos contra vehículos. Para una emergencia que requiera respuesta policial inmediata, llama a la Unidad de Emergencia de la PNC al 911. El número es gratuito y funciona las 24 horas, todos los días. El Sistema 123 es un canal de inteligencia separado de la PNC que acepta denuncias anónimas sobre posibles actividades delictivas o de pandillas, funciona las 24 horas y proporciona un código de referencia a quien llama. Es un canal de inteligencia y no sustituye una denuncia formal de la víctima. Se puede presentar una denuncia formal en una Oficina de Atención Ciudadana (ODAC) de la PNC, ubicada en una delegación policial o cualquier puesto policial. La FGR también acepta denuncias o avisos en cualquier Oficina Fiscal, las 24 horas del día y los 365 días del año. La FGR puede dirigir la investigación junto con la PNC, brindar asesoría jurídica y acompañamiento a las víctimas y emitir o gestionar referencias forenses. Su catálogo de servicios indica que son gratuitos. Normalmente se solicita el Documento Único de Identidad (DUI) salvadoreño, pasaporte u otra identificación. Conforme a la política de la FGR, no se exige un documento de identidad en ciertos casos urgentes relacionados con delitos contra la vida, tentativas de delito, delitos sexuales, violencia de género, violencia intrafamiliar o víctimas menores de edad. Una oficina puede recibir una denuncia aunque el asunto quede fuera de su competencia territorial o especializada y remitirlo a la oficina responsable. El robo de un vehículo requiere actuar de inmediato. Llama al 911, 122 o 2511-1000 para que una Denuncia Previa active una alerta nacional y la búsqueda policial; luego acude de inmediato a la ODAC más cercana para presentar la Denuncia Formal. Indica la placa del vehículo e incluye en la misma denuncia los documentos de identidad o del vehículo que hayan sido robados. Si recuperan el vehículo, no lo toques; llama al 911, 2511-1000 o 2511-1380 y espera instrucciones. La Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia (UTE) administra el Programa de Protección de Víctimas y Testigos. Una víctima, testigo, persona allegada u otra persona en peligro por participar en una investigación o juicio puede solicitar protección mediante la FGR o la UTE. La UTE evalúa el riesgo y determina medidas ordinarias, extraordinarias o urgentes. La División de Protección a Víctimas y Testigos de la PNC puede implementar esas medidas, que son confidenciales. El Área de Protección a Víctimas y Testigos se puede contactar en el 2204-8700 o en areadeproteccion@ute.gob.sv; el conmutador principal de la UTE es 2204-7600. La información revisada no señala un costo fijo de protección, un pago fijo ni un monto universal de indemnización. Para un niño, niña o adolescente que enfrente una amenaza directa o indirecta u otra vulneración de derechos, la Línea de Atención y Ayuda 119 de CONAPINA es gratuita, confidencial y está disponible las 24 horas. También se pueden presentar denuncias mediante una Junta de Protección departamental, las oficinas de CONAPINA o sus redes sociales. La información útil incluye el nombre y los datos de contacto de quien denuncia, el nombre del menor si se conoce, las personas adultas involucradas, el lugar exacto o las referencias y la naturaleza del riesgo. El Salvador cuenta con 16 Juntas de Protección, que pueden ordenar medidas administrativas de protección y gestionar asistencia psicológica, jurídica o un albergue si el riesgo lo justifica. La desaparición de una persona menor de 18 años se puede denunciar inmediatamente en cualquier oficina de la FGR, las 24 horas del día y los 365 días del año, o de forma anónima y confidencial mediante Alerta Ángel Desaparecido al 11-61-11. La FGR decide si activa la alerta y qué forma tendrá. Una alerta alta dura 48 horas y puede prolongarse cuando sea necesario. La alerta inmediata está prevista para una desaparición denunciada en las horas siguientes, no para un caso de larga duración, y no se activa automáticamente cuando un adolescente se ha marchado de casa voluntariamente. Proporciona el nombre o alias, la edad, el sexo, características distintivas, discapacidad o enfermedad, ropa, último lugar y hora en que se le vio, personas o vehículos sospechosos, una fotografía reciente y contactos pertinentes. POLITUR es la división de la PNC especializada en seguridad turística y cuenta con 23 puestos. Se puede solicitar asistencia o escolta mediante un Centro de Atención Turística o a POLITUR en el 2225-2705 o el 2511-8302. Los proveedores de tours y taxis reputados reducen la exposición a servicios no oficiales. Evita senderos aislados y viajes nocturnos innecesarios, mantén los objetos de valor fuera de la vista, usa cajeros automáticos dentro de bancos, hoteles o centros comerciales durante el día y mantén cerradas las puertas y ventanas del vehículo. Si ocurre un robo, no te resistas. Obtén un informe policial si la aseguradora lo exige. Ante un fraude en línea o una transacción no autorizada, denuncia cuanto antes mediante el 911, la PNC o la FGR y conserva los registros de transacciones, mensajes, datos del dispositivo y demás pruebas. Las fuentes oficiales revisadas no identifican un portal público específico para denunciar delitos cibernéticos. SalCERT aparece en el marco estatal de ciberseguridad, pero no se encontraron pruebas de un canal público de admisión para víctimas. El Régimen de Excepción nacional seguía vigente hasta el 27 de septiembre de 2026, conforme a su prórroga número 54, tras prórrogas recurrentes de 30 días desde el 27 de marzo de 2022. Las advertencias oficiales describen facultades de detención más amplias y la suspensión o limitación de garantías procesales ordinarias, incluidos los derechos a un juicio rápido y a asistencia letrada. El riesgo de detención y aplicación arbitraria de la ley sigue siendo pertinente pese al menor nivel de homicidios. Las recomendaciones oficiales de viaje también advierten sobre el riesgo de detención o deportación y aconsejan evitar manifestaciones y actividades políticas.