La convivencia en Eritrea

La convivencia en Eritrea varía según la localidad y depende de varios sistemas que se superponen. Una zoba es una división administrativa regional, con oficinas de sub-zoba por debajo. Las redes familiares y de parentesco, las administraciones locales, los Tribunales Comunitarios, el derecho consuetudinario, los ancianos locales, las instituciones religiosas y las estructuras vinculadas al Estado influyen en las relaciones cotidianas. Los Tribunales Comunitarios ofrecen una vía formal local para algunos conflictos y pueden coexistir con acuerdos consuetudinarios y la mediación informal. Por ello, el Ministerio de Justicia, las administraciones de zoba y sub-zoba, las instituciones religiosas registradas, las autoridades de seguridad y las estructuras vinculadas al PFDJ pueden influir en la gestión de un problema. No existen cifras nacionales actuales y fiables que establezcan tasas, plazos o proporciones de apelación estándar para los Tribunales Comunitarios o la mediación local, y no se ha documentado de forma fiable un sistema independiente de quejas o de defensoría del pueblo. La reparación administrativa está reconocida formalmente en la Constitución, pero su aplicación práctica sigue siendo incierta. La Constitución de 1997 reconoce formalmente la igualdad y la protección frente a la discriminación por raza, origen étnico, idioma, color, género, religión, discapacidad, edad, opinión política y condición social o económica, así como la práctica religiosa, la reunión pacífica, la organización, la privacidad, la propiedad y el acceso a la reparación administrativa. También establece deberes relacionados con el servicio nacional, la unidad nacional y el respeto de los derechos de otras personas. Estas disposiciones formales no describen por sí solas el acceso cotidiano. Se informa que el espacio cívico está completamente cerrado: el PFDJ es el único partido autorizado, no hay medios independientes ni oposición política abierta, y no se puede contar con organizaciones autónomas de la sociedad civil ni con protestas como canales accesibles. La Constitución prevé el derecho al voto a partir de los 18 años, pero Eritrea no celebra elecciones nacionales libres ni ofrece una competencia política abierta. El servicio nacional y militar de duración indefinida puede influir en la vida familiar, las relaciones vecinales, la movilidad y la participación comunitaria, mientras que la vigilancia y la preocupación por el reclutamiento o la deserción pueden afectar la forma en que las personas hablan y se organizan. Eritrea reconoce nueve grupos étnicos: tigriña, tigre, saho, afar, bilen, hedareb, nara, rashaidí y kunama. Reconoce cuatro comunidades religiosas: la Iglesia ortodoxa eritrea Tewahedo, el islam suní, la Iglesia católica y la Iglesia evangélica luterana de Eritrea. Se informa ampliamente de una tolerancia cotidiana entre cristianos y musulmanes, y puede haber iglesias y mezquitas muy próximas; los informes disponibles no señalan violencia sectaria. No se garantiza la igualdad de protección para todos los grupos. Las comunidades religiosas no registradas carecen de una protección equivalente, y el culto en viviendas particulares puede conllevar riesgo de detención. No se han registrado nuevas comunidades religiosas desde 2002. Se informa de que las comunidades afar sufren discriminación, detenciones, desplazamientos, restricciones a la pesca tradicional y acceso limitado a servicios; los afar y los kunama figuran entre los grupos descritos como especialmente vulnerables. Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son ilegales, no existe una protección efectiva contra la discriminación por orientación sexual y el estigma social es elevado. Las normas sobre el espacio público afectan directamente a la convivencia. Las personas deben llevar identificación. Fotografiar instalaciones gubernamentales o militares es ilegal, y se debe pedir permiso al personal de seguridad antes de fotografiar cerca de lugares sensibles. Por lo general, las personas extranjeras necesitan un permiso de viaje para desplazarse fuera de Asmara y Zoba Maekel; las solicitudes pueden requerir la intervención del Ministerio de Turismo, el Ministerio de Comercio e Industria o el Ministerio de Asuntos Exteriores, pueden tardar varios días y no se garantiza su aprobación. Los residentes también pueden encontrarse con requisitos locales de permiso o registro, controles de carretera y toques de queda temporales, aunque las normas aplicables y su cumplimiento varían. La vivienda compartida es principalmente privada, familiar o informal, y no se ha identificado de forma fiable un servicio nacional especializado en convivencia. La oferta de vivienda, los alquileres y el acceso al alojamiento corresponden sobre todo a la política de vivienda; los Tribunales Comunitarios, el derecho consuetudinario y la mediación son relevantes aquí solo cuando las personas necesitan resolver un conflicto. La convivencia digital también es limitada. El acceso a internet se concentra en hoteles y cibercafés, las conexiones fuera de Asmara y de las ciudades más grandes son poco fiables, y la información de viaje actual indica que no hay servicio 3G. Se informa de que la actividad en línea y el uso de redes sociales se vigilan o bloquean, los cibercafés pueden exigir identificación y EriTel es el proveedor central de telecomunicaciones. No se ha identificado ningún organismo nacional fiable para conflictos vecinales digitales, moderación en línea o quejas relacionadas.