Derecho civil en Eritrea

El derecho civil eritreo abarca a las personas físicas, las personas jurídicas y las asociaciones desde el nacimiento hasta la muerte. Por lo general, los menores de 18 años tienen capacidad jurídica limitada y un tutor puede gestionar sus asuntos personales y patrimoniales. Los registros del estado civil incluyen nacimientos, defunciones y matrimonios. El Ministerio de Gobierno Local administra una oficina central en Asmara y oficinas regionales mediante funcionarios del estado civil y comunas. Normalmente, se utilizan documentos administrativos para acreditar la identidad; si no se dispone de ellos, dos testigos pueden aportar pruebas sustitutivas. El Código Civil de 2015 establece un registro matrimonial para todas las formas de matrimonio reconocidas. Un perfil de UNICEF basado en información anterior afirma que la inscripción matrimonial no era legalmente obligatoria; antes de basarse en un registro, conviene contrastar el texto legal con la práctica local. Las tasas, los plazos y la disponibilidad local no se han verificado de manera coherente en fuentes primarias públicas. Los contratos pueden abarcar ventas, arrendamientos, servicios, préstamos, prendas, hipotecas, transacciones, conciliación y arbitraje. La formación, validez, interpretación, cumplimiento, cesión y terminación del contrato determinan los derechos de las partes. Para el arbitraje se requiere un acuerdo escrito. La transferencia de bienes inmuebles debe inscribirse, mientras que la propiedad de bienes muebles suele transmitirse mediante su entrega. El Código de 2015 establece un plazo general de prescripción de 20 años; las reclamaciones relativas al cumplimiento o la terminación de contratos, lesiones y pagos periódicos suelen tener un plazo de cinco años, aunque algunas están sujetas a un máximo de 20 años. El cálculo exacto puede depender de la reclamación y de las normas transitorias aplicables. La tierra tiene una estructura jurídica especial. El Estado es propietario de las tierras, el agua y los recursos naturales; los ciudadanos pueden tener derechos sobre edificios y bienes muebles, así como derechos de uso de la tierra reconocidos e inscritos. El usufructo de un ciudadano permite utilizar el terreno para vivienda o agricultura sin ser propietario privado de la tierra. Tiesa se refiere a terrenos de vivienda vinculados a la aldea de origen. El usufructo agrícola puede durar toda la vida e incluir normalmente las mejoras y los frutos, pero por lo general no se vende ni se dona. El arrendamiento de la totalidad o parte de un usufructo requiere un acuerdo y su inscripción ante el Organismo de Administración de Tierras. La Proclamación n.º 95/1997 regula la identificación y el registro de parcelas, las transferencias de bienes inmuebles, las hipotecas y la divulgación de gravámenes. El acceso de extranjeros a bienes inmuebles debe comprobarse conforme a la legislación especial aplicable. Las disputas sobre tierras pueden pasar del Organismo de Administración de Tierras a la Comisión de Tierras mediante una reclamación o apelación administrativa. Conforme a la Proclamación n.º 58/1994, se describe como definitiva una decisión de la Comisión, aunque la aplicación regional no ha sido uniforme y las normas anteriores sobre tierras pueden seguir vigentes temporalmente. La expropiación para la reconstrucción o el desarrollo nacionales puede incluir una compensación en efectivo o tierras sustitutivas; la compensación debería proporcionarse antes de tomar posesión, y un desacuerdo puede llevarse ante el Tribunal Superior. El derecho de familia eritreo reconoce el matrimonio civil, religioso y consuetudinario, y atribuye los mismos efectos jurídicos a las tres formas. La edad general para contraer matrimonio es de 18 años. El Código prevé una excepción a partir de los 16 años en casos de embarazo o parto con dispensa ministerial. Un contrato matrimonial puede regular los bienes y deberes. La adopción se basa en un contrato; la persona adoptante debe ser adulta y tener al menos 18 años más que el menor. El divorcio puede basarse en la ruptura irreparable, que se considera concluyente tras un año de separación. La solicitud puede presentarse ante árbitros familiares o un tribunal. Durante el proceso pueden adoptarse medidas de reconciliación, manutención temporal y administración de bienes, y un laudo arbitral puede tardar hasta seis meses. Las decisiones de custodia y manutención se centran en el interés superior del menor. La repudiación unilateral no tiene por sí sola efectos jurídicos. La sucesión se abre en la residencia principal del fallecido y la inscribe un tribunal. La normativa eritrea reconoce la sucesión intestada, los testamentos y los acuerdos que combinan ambas modalidades. Los hijos heredan primero y reciben partes iguales; si no hay descendientes, pueden heredar el cónyuge, los padres y los hermanos conforme a las cuotas aplicables, y cada progenitor recibe al menos una cuarta parte en las circunstancias indicadas. Puede haber representación si un heredero no está disponible. Los hijos adoptados y los nacidos fuera del matrimonio tienen la misma posición hereditaria; el sexo, la edad o la nacionalidad no excluyen a un heredero. El testamento debe presentarse dentro de 30 días, y una impugnación puede estar sujeta a un plazo de cinco años. Si no hay herederos legales, puede heredar el Estado. El usufructo de tierras sigue un régimen especial: los hijos supervivientes tienen prioridad, la división está restringida y, conforme a las normas aplicables, puede surgir la obligación de restituir el terreno al Gobierno. La responsabilidad civil puede derivarse de una culpa, de responsabilidad objetiva establecida por ley para ciertas actividades o cosas, o de la responsabilidad por la conducta de otra persona. Los propietarios pueden responder por animales, edificios, máquinas, vehículos y productos manufacturados. El Estado puede tener que indemnizar por culpa oficial. Los remedios disponibles pueden incluir detener la conducta perjudicial, restablecer la situación anterior, indemnizar las pérdidas económicas e indemnizar el perjuicio moral cuando se cumplan las condiciones legales. El Código de Procedimiento Civil de 2015 establece procedimientos para disputas civiles y comerciales ante los tribunales comunitarios, los tribunales regionales o de zoba, el Tribunal Superior y el Tribunal Supremo. Por lo general, un caso implica una demanda, notificación, escritos, pruebas y sentencia. Los tribunales pueden ordenar detención provisional, embargo, medidas cautelares, administración judicial, precintos o inventario. Existe un procedimiento rápido para ciertas deudas dinerarias respaldadas por títulos negociables, deudas líquidas por escrito o garantías. Por lo general, el deudor debe oponerse en 15 días; el anuncio de apelación suele presentarse en 15 días y el escrito de apelación en 60 días desde la entrega de la copia de la resolución. En circunstancias definidas pueden existir revisión extraordinaria, oposición de terceros y revisión judicial. La ejecución se solicita ante el tribunal que dictó la resolución o ante el tribunal al que se haya transferido la ejecución. Puede embargarse dinero, bienes muebles o inmuebles, salario o títulos negociables, y la ejecución puede culminar en una subasta. Los tribunales también pueden exigir el cumplimiento específico, una medida cautelar o la entrega de la posesión. El reconocimiento de una sentencia extranjera exige una solicitud separada y depende de la firmeza, la reciprocidad y las garantías del debido proceso conforme al Código de 2015. Las tasas judiciales están establecidas, pero un demandante sin recursos puede pedir autorización para litigar como pobre mediante una declaración jurada y un escrito de demanda. En algunos procedimientos, un abogado o procurador es opcional, aunque puede resultar útil según la disputa. Es necesario confirmar localmente las tasas actuales de los tribunales, las tierras y los registros, así como los plazos medios de tramitación. Las tierras sin inscribir, la falta de documentos del estado civil, las dudas entre la legislación transitoria y la de 2015, la aplicación regional desigual y las restricciones de acceso pueden generar riesgos considerables para la ejecución.