Etapas de la vida en Eritrea

El registro de nacimiento establece la identidad legal y facilita el acceso a la escuela y a otros servicios. Los padres son quienes declaran el nacimiento, y el registro suele ser gratuito si se completa dentro de los 90 días en una oficina de registro civil o en el lugar de nacimiento; el registro tardío puede conllevar una tarifa y una sanción legal. Entre los requisitos señalados figuran la identificación de los padres, su presencia y consentimiento, pruebas del matrimonio, la tarjeta de vacunación y el nombre del niño, pero los formularios y las prácticas varían según la región. La educación básica es gratuita y obligatoria. Los informes describen distintas estructuras: dos años de preescolar, cinco de primaria, tres de nivel medio y cuatro de secundaria, mientras que los resúmenes de la UNESCO describen una estructura de siete-cuatro-cuatro. Las comunidades rurales, remotas y nómadas afrontan mayores barreras de acceso y permanencia; la alfabetización de adultos, la educación continua, la recuperación de estudios y la educación básica complementaria ofrecen vías alternativas. Los adolescentes pueden acceder a servicios de salud sexual y reproductiva y de habilidades para la vida a través del Ministerio de Salud, los Centros Amigables para Jóvenes y programas comunitarios o rurales, aunque el embarazo, el matrimonio antes de la edad legal, la mutilación genital femenina, la violencia y el abandono escolar siguen siendo riesgos graves en estas transiciones. Encuestas históricas indicaron que el 41 % de las mujeres de 20 a 24 años se había casado o unido antes de los 18, que el 69 % de las niñas y mujeres de 15 a 19 años había sufrido mutilación genital femenina y que la tasa de natalidad adolescente era de 76 nacimientos por cada 1.000 niñas de 15 a 19 años; estas cifras proceden principalmente de 2008 a 2010 y no establecen la prevalencia actual. Completar la secundaria y obtener el Certificado Nacional de Finalización de Secundaria puede dar acceso al Centro de Educación y Formación de Sawa, a una formación cuya duración indicada es de cuatro a seis meses y, posteriormente, al Servicio Nacional u otras vías educativas y laborales. La edad de elegibilidad para el Servicio Nacional está establecida formalmente entre los 18 y los 40 años; entre las preocupaciones recientes sobre los derechos de la infancia figuran la formación o el servicio militar vinculados al último año de secundaria y las escasas garantías para presentar quejas de forma independiente. El Código Civil Transitorio establece en 18 años la edad legal para contraer matrimonio para ambos sexos, aunque las excepciones de códigos civiles posteriores y los riesgos en la práctica requieren verificación local. Según la evidencia revisada, el registro matrimonial está descentralizado y no es legalmente obligatorio. El Ministerio de Salud presta servicios de maternidad, atención al recién nacido y salud sexual y reproductiva para el embarazo y la crianza, incluidas casas de espera materna vinculadas a centros de salud, sobre todo en zonas rurales; no se ha documentado un derecho universal a guarderías ni a prestaciones parentales. La protección infantil depende del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, de servicios distritales y comunitarios, de la atención familiar, la búsqueda de familiares y la reintegración, así como de alternativas como el Centro de Atención Infantil de Asmara. El mismo ministerio también brinda protección social comunitaria, rehabilitación, apoyo psicosocial, ayuda en efectivo y derivaciones a personas que afrontan pobreza, discapacidad o necesidades de cuidado, mientras que el Ministerio de Salud presta atención primaria. Un programa de 2022 formó a 4.748 trabajadores comunitarios de servicios sociales y llegó a unos 30.000 niños vulnerables, de los cuales el 32 % tenía discapacidades; un informe de 2024 registró 77.053 niños vulnerables atendidos, incluidos 23.883 niños con discapacidades. Estas cifras de programas no establecen un derecho universal y la continuidad de los servicios es desigual. Las personas mayores suelen depender del apoyo familiar y comunitario. En una encuesta de 2010, alrededor del 7 % de la población tenía 65 años o más; entre las iniciativas posteriores de envejecimiento saludable figuran la atención integrada para las personas mayores, conocida como ICOPE, la integración en la atención primaria y la implementación planificada en zobas y subzobas. No se ha documentado un derecho universal a una pensión de vejez ni a cuidados de larga duración municipales. Las sequías, las inundaciones, la inseguridad alimentaria, los desplazamientos, los conflictos, la huida, la detención, la trata y la separación familiar pueden interrumpir el registro, la escolarización, los cuidados y las transiciones laborales. La respuesta incluye trabajadores comunitarios, transferencias de efectivo, apoyo psicosocial, derivaciones, búsqueda de familiares y cuidados alternativos basados en la familia, pero no se ha identificado un único punto nacional de acceso para crisis. En el material revisado no se encontró con claridad un marco legal, una obligación, un plazo, una tarifa o un proceso de certificación para el registro de defunciones. Por ello, conviene confirmar los documentos, las tarifas, la disponibilidad del servicio y los procedimientos regionales vigentes con la oficina responsable de la zoba o subzoba.