El Estado en Etiopía

El orden constitucional de Etiopía reconoce la soberanía de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos y establece el autogobierno federal, los derechos constitucionales y el Estado de derecho. El país está organizado en los estados regionales de Tigray, Afar, Amhara, Oromía, Somalí, Benishangul-Gumuz, Gambela, Harari, Sidama, Pueblos del Sudoeste de Etiopía, Sur de Etiopía y Etiopía Central, junto con las administraciones de las ciudades con estatuto propio de Adís Abeba y Dire Dawa. Las estructuras administrativas varían según el lugar, pero suelen incluir zonas, woredas y kebeles. Un kilil es un estado regional, una woreda es una unidad administrativa de nivel distrital y una kebele es una unidad administrativa local. El Gobierno federal es responsable de las relaciones exteriores, la defensa nacional, las finanzas y la moneda federales, los asuntos entre estados regionales, la policía federal y la protección del orden constitucional. Los estados regionales aprueban sus propias constituciones y leyes, elaboran políticas y presupuestos estatales, recaudan ingresos estatales y gestionan la tierra y los recursos naturales conforme a la legislación federal. También administran los servicios civiles y la policía estatal. Las diferencias regionales influyen en la seguridad, el idioma, la capacidad de prestar servicios, los impuestos y la disponibilidad práctica de las oficinas públicas. La Oficina del Primer Ministro coordina el nivel más alto del poder ejecutivo. El Consejo de Ministros respalda la labor ejecutiva federal. La Cámara de Representantes de los Pueblos aprueba las leyes federales y el presupuesto federal, y supervisa al poder ejecutivo. La Cámara de la Federación representa a las Naciones, Nacionalidades y Pueblos, interpreta la Constitución, resuelve los conflictos fronterizos entre estados regionales y determina el reparto de los ingresos recaudados conjuntamente, las subvenciones y los subsidios. El Consejo de Investigación Constitucional presta apoyo técnico para la interpretación constitucional. Los tribunales federales y la Administración Judicial Federal se ocupan de los asuntos asignados al poder judicial federal. Los servicios públicos se solicitan ante la institución responsable del nivel y sector correspondientes. Puede ser un ministerio o una agencia federal, una oficina regional, una oficina de woreda o una oficina de kebele. Las agencias federales operan conforme a sus leyes de creación, incluido el marco asociado a la Proclamación n.º 1263/2021. La contratación en el servicio civil federal se rige por la Proclamación n.º 1353/2024, que establece la contratación competitiva, la diversidad y la inclusión, la evaluación de competencias y un servicio accesible y receptivo. Etiopía no tiene una tarifa ni un plazo de tramitación únicos para los servicios estatales en todo el país. La ley, el tarifario, las instrucciones de servicio y la situación presupuestaria del organismo responsable determinan los requisitos y plazos concretos. El Ministerio de Finanzas prepara el presupuesto federal, gestiona la política fiscal y tributaria, desembolsa las asignaciones aprobadas y administra la deuda pública y los recursos externos. Los consejos de los estados regionales aprueban presupuestos regionales financiados con ingresos propios y subsidios federales. La Proclamación n.º 1250/2021 establece el marco de asignación, mientras que la Cámara de la Federación determina el reparto de los ingresos conjuntos, la fórmula de subvenciones y los subsidios. Los importes y plazos vigentes se rigen por la proclamación presupuestaria federal o regional aplicable y el calendario presupuestario anual. Varios organismos supervisan el ejercicio del poder público. La Oficina del Auditor General Federal audita las cuentas federales y examina el cumplimiento, el desempeño, los controles de tecnologías de la información y los controles ambientales; después informa anualmente a la Cámara de Representantes de los Pueblos. La Comisión Federal de Ética y Lucha contra la Corrupción se ocupa de la ética y la prevención, incluidas las declaraciones de bienes e intereses financieros y la información pública; las comisiones regionales de ética desempeñan funciones correspondientes dentro de sus jurisdicciones. La Comisión Etíope de Derechos Humanos promueve y protege los derechos humanos como organismo federal independiente e informa a la Cámara de Representantes de los Pueblos. La Institución del Defensor del Pueblo y la revisión judicial ofrecen mecanismos adicionales de supervisión. La Constitución protege la libertad de expresión y los derechos de los medios de comunicación. La Autoridad Etíope de Medios es una autoridad federal autónoma que rinde cuentas a la Cámara de Representantes de los Pueblos y se ocupa de las licencias de medios, el registro, la supervisión, las reclamaciones y las normas profesionales. El Servicio de Comunicación del Gobierno y las oficinas regionales de comunicación proporcionan información oficial. El acceso a la información depende de la oficina correspondiente, del marco regulador de los medios y de la práctica administrativa. La defensa es una función federal. La Policía Federal de Etiopía se ocupa de los asuntos de competencia federal, incluidos los delitos de competencia de los tribunales federales, las amenazas al orden constitucional, el terrorismo, la trata, la ciberdelincuencia y el orden público. La policía regional se ocupa del orden público y la seguridad en el ámbito estatal. La intervención federal en un estado regional es un mecanismo excepcional regulado por la Proclamación n.º 1373/2024, citada también como n.º 1373/2025 en una página del Ministerio de Justicia; no sustituye a la administración local ordinaria. Las personas y organizaciones siguen sujetas a los impuestos aplicables, las órdenes oficiales lícitas y las normas de los servicios públicos, y se aplican las garantías de derechos constitucionales y del debido proceso. Ninguna oficina única de ámbito nacional presta todos los servicios estatales, por lo que el nivel responsable y la norma regional o institucional pertinente determinan dónde presentar una solicitud.