Vivienda en Etiopía

Etiopía no tiene un único sistema nacional de vivienda. En Adís Abeba y otras zonas urbanas, las personas consiguen vivienda mediante propietarios privados, corredores, dueños, cooperativas, alquileres públicos, condominios y viviendas secundarias, como ampliaciones o habitaciones en un recinto. Una casa kebele es una vivienda administrada a través de la estructura de la kebele local. Un condominio es una unidad en un complejo residencial gestionado conjuntamente, incluidos los proyectos relacionados con el Programa de Desarrollo Integrado de Vivienda (IHDP). La vivienda rural suele estar ocupada por sus propietarios y ser construida por los hogares mediante acuerdos locales, familiares o comunitarios; los procedimientos urbanos de arrendamiento e inscripción no se aplican automáticamente en zonas rurales. Las tierras urbanas pertenecen al Estado o a autoridades públicas y, por lo general, se poseen mediante arrendamiento, no mediante propiedad privada plena. Por eso, antes de comprar o construir hay que comprobar el documento de tenencia o título de la tierra, la situación del arrendamiento, el permiso de construcción, el vendedor o promotor y el registro. La Proclamación 1381/2024 está estandarizando la adjudicación, el catastro y la inscripción de las tenencias de tierras urbanas; la Proclamación 1357/2025 aborda el desarrollo, la comercialización y la valoración inmobiliarios. Los gobiernos regionales, los municipios y las administraciones urbanas controlan muchos servicios prácticos, como los arrendamientos de tierras, los permisos, el catastro, la vivienda pública y la aplicación local. Alquilar en centros urbanos suele requerir un contrato escrito autenticado o inscrito ante el organismo local designado. Conforme a la Proclamación 1320/2024, el contrato debería inscribirse por lo general en un plazo de 30 días; un contrato no inscrito puede considerarse inexistente. El alquiler anticipado se limita a dos meses y el pago debe hacerse mediante un banco o un medio de pago electrónico legal, conservando los comprobantes. El inquilino que se marcha suele avisar con dos meses de antelación, y el propietario no puede aumentar arbitrariamente el alquiler ni poner fin al arrendamiento antes del plazo acordado. Entre las causas enumeradas pueden estar el impago, el uso comercial no autorizado, las molestias graves, el uso delictivo o los daños importantes. Adís Abeba aplica procedimientos locales adicionales mediante la Directiva 184/2025. Por lo general, la oficina responsable es la de la subciudad o el woreda del AAHDB que atiende la ubicación del inmueble. La inscripción requiere identificación, el contrato y pruebas de que el arrendador tiene derecho a alquilar la vivienda. El contrato debe indicar las partes, la dirección, la unidad, el plazo, el alquiler, las tasas de servicios y los derechos y obligaciones. Las modificaciones deben inscribirse en un plazo de 30 días. Las normas de Adís Abeba también contemplan canales de reclamación para contratos no inscritos o subarrendados, alquileres o pagos anticipados excesivos y terminaciones ilegales; estas normas locales no se aplican automáticamente en todo Etiopía. La vivienda pública y asistida incluye condominios del IHDP, programas 20/80 y 40/60, cooperativas de vivienda y alquileres públicos o compartidos. El acceso depende del programa concreto, la inscripción, los ahorros, las condiciones de elegibilidad y las unidades disponibles. Estos programas no crean un derecho automático a obtener una vivienda. Ninguna oficina nacional única de solicitud abarca todas las opciones de vivienda; los organismos locales y los administradores de cada programa gestionan procedimientos diferentes. Los extranjeros solo pueden poseer una vivienda residencial o adquirir tierras para construir una vivienda si cumplen las condiciones de la Proclamación 1388/2024 y la Directiva 1147/2018. Estas normas no crean un derecho general de propiedad plena sobre las tierras etíopes y hay que comprobar el procedimiento vigente ante la autoridad competente. Entre los riesgos de vivienda están la tenencia sin documentación, los documentos falsos de título o arrendamiento, los servicios deficientes, la escasez, el desplazamiento por renovación urbana y las diferencias entre la protección jurídica formal y su aplicación práctica. Datos nacionales antiguos indicaban que el 47,5 % de los hogares de Adís Abeba vivían de alquiler y que el 95,4 % de los hogares rurales eran propietarios de sus viviendas; estas cifras de 2016 constituyen una referencia histórica, no una estimación actual.