Derecho civil en Gabón

El francés es el idioma oficial del sistema de derecho civil de Gabón. El Code civil consta de una primera parte basada en la Loi 15/72, modificada por la 009/2010 y la 003/2017, y una segunda parte basada en la Loi 19/89, modificada por la 002/2015. Las normas gabonesas de derecho internacional privado, el orden público y las disposiciones localmente imperativas pueden afectar a los contratos, los asuntos familiares y patrimoniales y los litigios con partes extranjeras. Las normas de derecho civil abarcan el état civil (registro del estado civil), la personalidad jurídica, la capacidad jurídica, la tutelle (tutela), la adopción y la protección de menores y majeurs protégés (personas adultas protegidas). Los registros del estado civil y los certificados oficiales se tramitan mediante el sistema de état civil. Las obligaciones contractuales suelen regirse por la elección de las partes cuando esta tiene una conexión legítima; de lo contrario, puede aplicarse la ley del lugar donde se celebró el contrato. Los derechos sobre bienes muebles e inmuebles suelen regirse por la ley del lugar donde se encuentra el bien. Antes de firmar un contrato o basarse en él, conviene comprobar las formalidades locales, la inscripción, la intervención notarial y la posible aplicación de las normas de la OHADA. La propiedad de la tierra se establece principalmente mediante la immatriculation (inmatriculación registral), el livre foncier (registro inmobiliario) y un titre foncier (título de propiedad inmobiliaria). La Conservation de la Propriété Foncière et des Hypothèques (Conservación de la Propiedad Inmobiliaria y de las Hipotecas) registra los derechos y las cargas. El marco de reforma vigente incluye la Ordonnance 0006/PR/2026, y el Guichet Unique de la Propriété Foncière (ventanilla única de la propiedad inmobiliaria) funciona como servicio de atención al público desde el Décret 00114/PR/2026. Una operación inmobiliaria puede incluir levantamiento topográfico, immatriculation, publicité foncière (publicidad registral), inscripción e impuestos. El plazo depende del expediente y de la autoridad. La transición de los regímenes anteriores de 1963 y 2012 al marco de 2026 requiere una comprobación específica para cada caso. Los asuntos familiares comprenden el matrimonio civil, la filiación, la tutelle, la adopción, la pensión alimenticia y el divorcio. Al casarse, la pareja elige entre monogamia o poligamia y un régimen matrimonial conforme a las normas aplicables. El divorcio se tramita ante un tribunal, precedido por una conciliación; el plazo de citación es de al menos ocho días. Por lo general, una sentencia o decisión surte efecto frente a terceros después de su transcripción en los registros del estado civil correspondientes. Pueden coexistir acuerdos tradicionales o familiares con el derecho formal, pero su efecto jurídico depende de los hechos y del documento o autoridad de que se trate. La sucesión se abre con el fallecimiento o tras la retranscription (transcripción posterior) de la declaración de defunción. El tribunal competente puede ordenar medidas de protección, como prohibir el desalojo o la desposesión, colocar sellos o disponer el secuestro de bienes. El expediente sucesorio puede requerir registros del estado civil, un acte de notoriété (acta de notoriedad) y, según el caso, la intervención de un notario o de un mandataire (mandatario). La competencia suele determinarse por la última residencia del fallecido o por la parte principal de la herencia. Entre los herederos legales figuran los descendientes, el cónyuge o los cónyuges supervivientes y los padres. El cónyuge superviviente tiene el usufructo de una cuarta parte de la herencia, sujeto a las normas aplicables. Puede ser necesario liquidar los bienes gananciales antes de repartirla. Las reglas legales y familiares de sucesión, incluido el conseil de famille (consejo de familia), afectan al proceso; puede ser necesario nombrar un mandataire en el plazo de un mes si no se constituye un conseil de famille. En general, los herederos responden de las deudas de la herencia y los descendientes tienen una porción reservada de al menos la mitad. Deben comprobarse los plazos judiciales pertinentes y su aplicación a la sucesión concreta. La responsabilidad civil puede derivarse de un contrato o de un acto dañoso. Las reclamaciones pertinentes también pueden incluir el enriquecimiento sin causa, el pago de lo indebido y la gestion d'affaires (gestión de negocios ajenos); el abuso de un derecho también puede generar responsabilidad. Por lo general, quien reclama debe acreditar el daño, la causalidad y las pruebas que lo sustentan. La ley aplicable puede ser la del lugar donde ocurrió el hecho dañoso, y la prescripción depende de la reclamación y las circunstancias. Los delitos penales quedan fuera de este tema, aunque una conducta con consecuencias penales también puede dar lugar a una reclamación civil de indemnización. El orden judicial comprende la Cour de Cassation, cinco Cours d'Appel judiciaires en Libreville, Port-Gentil, Franceville, Mouila y Oyem, y los Tribunaux judiciaires. El Tribunal de Première Instance de la provincia pertinente suele conocer de las reclamaciones civiles en primera instancia. La Cour d'Appel conoce de los recursos, y la Cour de Cassation es el máximo tribunal civil. El Code de procédure civile vigente se basa en la Ordonnance 1/77. El 11 de agosto de 2026 se presentó un nuevo proyecto de unas 800 páginas, pero todavía no es ley. Para acceder a los procedimientos pueden intervenir el Greffe (secretaría judicial), un avocat (abogado) inscrito en el Barreau National (Colegio Nacional de Abogados) y un Huissier (agente judicial). La asistencia judicial puede cubrir la totalidad o parte de los gastos del tribunal, del abogado y del Huissier para quienes carecen de medios suficientes. Las tasas judiciales, los plazos y la duración total no son uniformes en todo el país y dependen del asunto, el tribunal y los recursos. La resolución alternativa y tradicional de controversias está reconocida en el marco constitucional del 19 de diciembre de 2024. El Acte uniforme relatif à la médiation de la OHADA se aplica desde el 15 de marzo de 2018. La mediación es voluntaria, confidencial e imparcial, y un acuerdo puede adquirir fuerza ejecutiva mediante el procedimiento aplicable. La mediación de la OHADA es principalmente pertinente para controversias comerciales y empresariales; la fuerza ejecutiva de un acuerdo tradicional puede variar según su documentación y el tratamiento judicial que reciba. La ejecución de deudas y las garantías pueden estar sujetas a las normas de la OHADA y a la actuación de tribunales, Greffes y Huissiers locales. El AUVE de la OHADA, de 17 de octubre de 2023, se aplica desde el 16 de febrero de 2024 y prevé procedimientos como injonction de payer (requerimiento de pago), injonction de délivrer ou restituer (requerimiento de entrega o restitución), saisie-attribution (embargo de créditos), saisie-vente (embargo y venta) y saisie immobilière (embargo inmobiliario). El AUDS de la OHADA regula garantías como el cautionnement (fianza), las garanties autonomes (garantías autónomas), la retención, el gage (prenda), el nantissement (garantía mobiliaria) y la hypothèque (hipoteca). La ejecución puede generar gastos judiciales, de notificación, de ejecución y honorarios jurídicos; su duración depende en gran medida del expediente y de los bienes disponibles.