Desempleo en Gambia

La Encuesta de Población Activa de Gambia de 2025 mide el desempleo como no tener trabajo durante la semana de referencia, haber buscado empleo o un negocio durante las cuatro semanas anteriores y estar disponible para trabajar durante la semana de referencia o las dos semanas siguientes. La tasa medida fue del 8,3 % a escala nacional, del 7,5 % entre los hombres y del 9,2 % entre las mujeres. Fue del 8,9 % en zonas urbanas y del 7,2 % en zonas rurales; entre personas de 15 a 35 años fue del 11,5 %, frente al 4,4 % entre las personas de 36 años o más. Entre las personas desempleadas, el 56,7 % llevaba menos de seis meses sin trabajo y el 28,3 %, más de un año. Los indicadores más amplios de subutilización de la mano de obra fueron del 26,7 % y el 34,2 %. Las personas desanimadas que buscan trabajo, incluidas en una medida más amplia de inactividad, ayudan a explicar por qué la tasa estricta de desempleo no refleja toda la demanda insatisfecha de empleo. El empleo informal representó el 81,0 % del empleo, mientras que los empleados constituían el 30,9 % de todas las personas empleadas; por eso, la protección formal de ingresos solo cubre a una minoría de trabajadores. La tasa también varía mucho por área de gobierno local: Kuntaur registró un desempleo del 19,6 % y del 24,5 % entre los jóvenes, mientras que Kerewan registró un 3,5 % y un 4,1 %. Banjul registró un 8,5 % y un 13,9 %; Kanifing, un 9,1 % y un 12,7 %; Brikama, un 9,1 % y un 13,0 %; Mansakonko, un 8,4 % y un 11,9 %; Janjanbureh, un 4,9 % y un 5,9 %; y Basse, un 4,2 % y un 5,3 %. Estas cifras describen las condiciones de la encuesta y no crean un derecho individual a recibir pagos. La Política Nacional de Protección Social de 2015–2025 excluía el seguro de desempleo y la Política de Empleo 2022–2026 lo trataba como una ampliación prevista, no como una prestación operativa. La Política Nacional de Protección Social 2026–2035, anunciada oficialmente, todavía no establece reglas operativas verificadas para el seguro de desempleo. Una persona que pierde el trabajo puede recurrir a varias vías distintas. La Ley del Trabajo de 2023 establece derechos por terminación laboral, despido colectivo y resolución de conflictos. Las reglas de la SSHFC y del Fondo Nacional de Previsión pueden permitir retiros específicos a trabajadores formales que cumplan los requisitos. El Programa de Fortalecimiento Familiar del Departamento de Bienestar Social y el Ministerio de Género, Infancia y Bienestar Social atiende a algunas personas vulnerables a través del Registro Social, no mediante una prestación por desempleo. El Departamento de Trabajo ofrece servicios públicos de empleo y mantiene un registro que conecta a empleadores y personas que buscan trabajo. Está en 110 Kairaba Avenue, Fajara, y publica este horario: de lunes a jueves, de 8:00 a 16:00; los viernes, de 8:00 a 12:30. No se publica ninguna tasa ni plazo de inscripción. La ley promueve el registro de disponibilidad para trabajar, pero no se describe como una solicitud general de prestaciones y no da lugar a pagos automáticos. Conserva el contrato de trabajo escrito, los recibos de salario, la carta de terminación, el certificado de terminación y los registros de afiliación o aportaciones a la SSHFC. La Ley del Trabajo de 2023 exige un contrato escrito y las condiciones de empleo en un plazo máximo de 14 días laborables desde que empieza el empleo. Si el contrato no especifica una fecha de finalización, el preaviso depende del periodo de pago y la antigüedad. En general, quienes cobran mensualmente reciben un mes de preaviso. Si el pago es quincenal, el plazo es de dos semanas con menos de seis años de servicio y de un mes a partir de los seis años. Si el pago es semanal, es de una semana con menos de dos años; de dos semanas entre dos y menos de seis años; y de un mes a partir de los seis años. Para el trabajo diario o por horas, es de un día con menos de seis meses; de una semana entre seis meses y menos de dos años; de dos semanas entre dos y menos de seis años; y de dos meses a partir de los seis años. Un contrato de duración determinada normalmente termina en la fecha estipulada, sin preaviso; terminarlo antes requiere un mínimo de 14 días de preaviso. El empleador puede pagar la remuneración y otras prestaciones en lugar del preaviso. El pago final debe efectuarse a más tardar al terminar el periodo de preaviso o, cuando no corresponda preaviso, el siguiente día laborable. El certificado de terminación debe facilitarse si se solicita. El despido colectivo puede obedecer a motivos económicos, organizativos, climáticos o técnicos, incluida la mecanización o automatización. El empleador debe consultar, considerar alternativas y buscar la posible readmisión. Una alternativa no es adecuada si el trabajador no tiene la cualificación necesaria o si el puesto es mucho peor o está considerablemente peor pagado. La ley establece, en general, seis meses de preaviso y una indemnización equivalente a seis meses de remuneración habitual, con excepciones que incluyen a empleadores con cinco empleados o menos. Las reglas del Fondo Nacional de Previsión describen una prestación opcional de retiro relacionada con despido colectivo o liquidación, disponible tras al menos cinco años de afiliación al plan y tres meses sin trabajo. El importe depende de la edad: el 25 % de la cuenta entre los 25 y los 31 años; el 32 % entre los 32 y los 38; el 37 % entre los 39 y los 44; el 50 % entre los 45 y los 54; y el 60 % entre los 55 y los 59. Otra prestación de retiro del Fondo Nacional de Previsión exige al menos cinco años o 60 meses de aportaciones y no tener empleo. Paga el 70 % de la cuenta entre los 45 y los 54 años y el 85 % entre los 55 y los 59, sujeto a un periodo de espera de seis meses para las edades de 45 a 54 o de tres meses para las de 55 a 59. Empezar a trabajar de nuevo pone fin al derecho al retiro. Para solicitarlo se necesita la carta de terminación del empleador, el formulario de solicitud, una fotografía de pasaporte, un documento nacional de identidad y una declaración jurada de desempleo. En general, estas prestaciones son pagos únicos, no pagos mensuales por desempleo, y no se publica un plazo oficial de tramitación ni una tasa. Quien crea que el despido fue ilegal puede presentar una reclamación ante el Comisionado o un sindicato en un plazo de seis meses. El Comisionado tiene como objetivo resolver el asunto en un mes; los casos no resueltos pueden pasar al Tribunal Industrial, que puede ordenar la reincorporación, la readmisión o una indemnización. Las reclamaciones por terminación o salarios también pueden presentarse ante el Departamento de Trabajo para su gestión o mediación. No se ha verificado ninguna obligación general de registrarse como persona desempleada. El Programa de Fortalecimiento Familiar selecciona a las personas según su vulnerabilidad, no únicamente por su situación de desempleo. Su proyecto piloto cubrió a 2.000 personas e identificó categorías como personas con discapacidad, personas de 70 años o más sin pensión, huérfanos menores de 10 años y hogares encabezados por mujeres. El proceso puede incluir inscripción, validación comunitaria, visita al domicilio, un periodo de reclamación de diez días, inscripción y pagos mensuales en efectivo. El acceso depende de la región y el distrito, y la capacidad es limitada. La reincorporación al empleo suele combinar la búsqueda de puestos a través del Departamento de Trabajo, contactos con empleadores o comunidades y, en la práctica, el trabajo informal por cuenta propia. La formación puede apoyar el regreso al trabajo, pero no constituye por sí misma un pago por desempleo. Los grupos más expuestos incluyen jóvenes, mujeres, trabajadores rurales e informales y personas afectadas por despidos colectivos.