Procedimientos de rehabilitación e insolvencia para empresas

El acceso a los procedimientos depende de la situación jurídica del deudor y de que exista una crisis financiera relevante conforme a la ley. La evaluación requiere recopilar información sobre el efectivo disponible, las obligaciones vencidas y futuras, los créditos, las garantías reales, los activos y las previsiones realistas de flujo de caja. Una solicitud de insolvencia requiere información fiable sobre la capacidad de pago actual y prevista, así como pruebas relativas a los acreedores y los activos. El tribunal de insolvencia competente examina la admisibilidad, la legitimación para solicitar la apertura y los motivos documentados para iniciar los procedimientos. Solo una resolución judicial abre los procedimientos colectivos y activa sus efectos legales. A partir de ese momento, la ejecución individual de los créditos de los acreedores y la gestión de los activos de la empresa quedan sujetas a las normas de los procedimientos. Una moratoria puede restringir determinadas medidas individuales, pero su alcance exacto depende de los procedimientos abiertos y de las normas aplicables. Todos los activos pertinentes deben identificarse y asignarse de forma transparente a la masa concursal. Los contratos, los empleados, las cuentas bancarias, las garantías reales, los procedimientos pendientes y los posibles riesgos de rescisión deben declararse y revisarse íntegramente. En la rehabilitación, las medidas de reestructuración operativa, la financiación y el tratamiento de los acreedores se integran en un plan de rehabilitación ejecutable. Los acreedores deben clasificarse de forma transparente, incluirse debidamente en la votación y recibir un trato conforme a las normas del plan confirmado. El tribunal examina si se cumplen los requisitos para confirmar el plan. En los procedimientos de quiebra, los activos se realizan mediante métodos de venta permitidos y documentados. A continuación, los ingresos se distribuyen teniendo en cuenta los créditos verificados, las garantías reales, las prioridades y los costes de los procedimientos. Disponer desde el principio de información financiera completa facilita decidir si es realista continuar la actividad o si resulta más adecuado realizar los activos.