Convivencia en Guinea Ecuatorial

Guinea Ecuatorial no cuenta con un servicio único ni con un programa nacional de convivencia. La práctica varía entre Río Muni y las islas de Bioko, Annobón, Corisco y Elobey, así como entre regiones, provincias, distritos y municipios. En pueblos y barrios, los consejos de poblado (consejos de poblados), las comunidades vecinales (comunidades de vecinos), las entidades locales menores (entidades locales menores) y los jefes tradicionales coordinan los asuntos locales. Un jefe tradicional (jefe tradicional) representa a una tribu (tribu) o a un clan, es elegido por el grupo correspondiente y nombrado por el Ministerio del Interior y Administración Local (Ministerio del Interior y Administración Local). Para asuntos gubernamentales, las gestiones suelen dirigirse al delegado del Gobierno (Delegado de Gobierno) o al ayuntamiento (ayuntamiento); el acceso depende del lugar de residencia. No se han publicado tasas ni plazos de tramitación uniformes. La Ley Fundamental de 2012 (Ley Fundamental) protege, entre otras cosas, la libertad de expresión, residencia y circulación, la práctica religiosa, las reclamaciones y peticiones, así como la asociación, reunión y manifestación. Exige una convivencia pacífica, el respeto de los derechos de los demás y el cumplimiento de la ley. Se castiga la discriminación por motivos de tribu, pertenencia étnica, sexo, religión o razones sociales o políticas. Los partidos políticos no pueden basarse en una tribu, etnia, región, distrito o municipio. El español y el francés son idiomas oficiales; las lenguas indígenas forman parte de la cultura nacional y determinan el acceso en la vida cotidiana. Fang, bubi, ndowé, bisio y annobonés son grupos principales documentados históricamente, pero sus proporciones actuales en todo el país no se han verificado de forma fiable. No se ha establecido una estructura pública nacional de traducción o mediación. Los conflictos pueden plantearse ante la policía o la gendarmería, los tribunales, el Defensor del Pueblo (Defensor del Pueblo), la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el Departamento de Derechos Humanos (Human-Rights-Department). También existen vías locales a través de jefes tradicionales, comunidades vecinales y oficinas administrativas. No se han verificado un servicio independiente nacional de mediación, sus costes, plazos ni el efecto jurídico de la mediación local. La Constitución garantiza la asociación, reunión y manifestación, pero informes de 2023 describen fuertes restricciones prácticas, permisos rechazados con frecuencia y presión sobre grupos de la sociedad civil. Según la tarea, los municipios, los delegados del Gobierno, la policía y la gendarmería comparten la responsabilidad de los espacios públicos. El acceso a la infraestructura es desigual entre regiones y entre zonas urbanas y rurales: entre 2022 y 2023, el acceso a la electricidad fue de aproximadamente el 82 por ciento en todo el país, el 97 por ciento en las ciudades y el 50 por ciento en las zonas rurales; el agua corriente llegó aproximadamente al 50, 61 y 28 por ciento, respectivamente. No se conoce una oficina nacional fiable para reservar o presentar reclamaciones sobre espacios públicos. No existe una normativa nacional documentada sobre covivienda o vivienda compartida; las personas conviven principalmente en privado, en familias, comunidades o de manera informal. El alquiler y la propiedad se rigen por normas de vivienda distintas y quedan fuera del alcance principal de este tema. La agenda digital estatal ADIGE impulsa las telecomunicaciones, la administración digital y las tecnologías de la información y la comunicación; en 2018 comenzó un proyecto piloto de registro civil digital. La identidad digital, la regulación y la ciberseguridad siguen sin completarse. El acceso a Internet fue de aproximadamente el 60 por ciento en 2023 y el 63 por ciento en 2024, mientras que una conexión de banda ancha solo de datos podía costar más del 23 por ciento del ingreso nacional bruto mensual per cápita. El suministro y los precios de la electricidad, así como las diferencias entre las islas y las regiones continentales, afectan a la participación digital. Informes de 2023 también mencionan restricciones de Internet, interrupciones y censura en línea; no se ha establecido un sistema nacional verificado para la resolución digital de conflictos.