Empleo por cuenta ajena en Guinea Ecuatorial

El Ministerio de Trabajo y Formación Profesional, a través de la Dirección General de Trabajo, supervisa la administración laboral. La Oficina Central del Servicio Nacional de Empleo y Migraciones (OCSNEM) coordina ofertas y demandantes de empleo, orientación profesional, planificación laboral, clasificaciones profesionales, procedimientos migratorios y permisos de trabajo. Las Oficinas de Empleo locales y las Delegaciones Provinciales de Trabajo se ocupan de la inscripción y administración en sus respectivas zonas. Una persona que busca trabajo puede inscribirse sin pagar en la Oficina de Empleo competente. Por lo general, el empleador presenta la vacante con las cualificaciones requeridas, el tipo de contrato, el lugar y la jornada. Si la oficina no gestiona la colocación, el contrato de trabajo debe notificarse y registrarse en un plazo de siete días. Para el primer empleo puede exigirse un Certificado de Buena Conducta del Consejo de Poblado o de la Comunidad de Vecinos. Quien haya trabajado anteriormente también puede necesitar un Certificado de Trabajo. Los contratos de trabajo deben constar por escrito, describir la función o las tareas y registrarse en el Ministerio de Trabajo. También importa el trabajo que se realiza realmente al evaluar la relación, y por lo general las condiciones poco claras se interpretan a favor del trabajador. El empleador debe afiliar al INSESO a toda persona que trabaje por cuenta ajena, incluso si ha sido contratada mediante un acuerdo verbal. El acceso a las prestaciones de seguridad social depende del registro efectivo y de las cotizaciones. El INSESO administra la cobertura relacionada con accidentes laborales y enfermedades profesionales, incluidos tratamiento, medicamentos, atención hospitalaria, transporte y prestaciones por discapacidad o fallecimiento. El contrato indefinido es la forma normal. Los contratos de duración determinada suelen durar tres meses y pueden prorrogarse hasta un año. Los contratos de sustitución cubren la ausencia de un trabajador. Una actividad nueva o reestructurada puede usar un plazo de un año, renovable por un año más con autorización ministerial. Un contrato para una obra o servicio específico es temporal y puede durar hasta dos años. Continuar trabajando una vez vencido legalmente un contrato temporal suele dar lugar a una relación indefinida. El trabajo a tiempo parcial requiere que se especifiquen por escrito las horas y su distribución. Otras modalidades incluyen prácticas de hasta seis meses, aprendizaje o formación, trabajo estacional de hasta seis meses, trabajo diario, a comisión y a destajo. El trabajo doméstico se rige por un régimen especial. El periodo de prueba depende de la cualificación del puesto: un mes para un trabajador sin cualificación, hasta tres meses para un técnico de nivel medio y hasta seis meses para un puesto de nivel superior o altamente cualificado, o un trabajo difícil de evaluar. Durante un periodo de prueba válido, cualquiera de las partes suele poder terminar la relación sin indemnización, pero el trabajador recibe el salario básico de su categoría. Si el periodo de prueba supera el máximo permitido, pueden aplicarse desde el primer día la cobertura del INSESO y los derechos proporcionales a salario, vacaciones y antigüedad. La jornada normal es de ocho horas diarias y 48 horas semanales. El trabajo nocturno se limita a seis horas diarias y 36 semanales; el trabajo mixto, a siete horas diarias y 42 semanales. El trabajo en alta mar puede llegar a 12 horas diarias, incluidas ocho horas ordinarias y cuatro extraordinarias. Por lo general, las horas extraordinarias no son obligatorias y se pagan con un suplemento del 25 % durante el día o del 50 % en trabajo nocturno o mixto. Los trabajadores tienen una pausa de una hora, al menos 12 horas entre jornadas y un día de descanso semanal después de seis días. Las vacaciones anuales son de 30 días pagados y pueden dividirse en un máximo de dos periodos, con acumulación de hasta dos años. Los festivos y las bajas por enfermedad certificadas no se descuentan de las vacaciones anuales. El salario mínimo interprofesional legal, conocido como SMI, se fija por decreto gubernamental tras consultar a representantes de empleadores y trabajadores. El importe de referencia verificado directamente es de 117.304 francos CFA al mes, según el Decreto 30/2016 para 2014–2016; no se ha verificado en una fuente primaria accesible el importe actual del SMI para 2026. Antes de comenzar el trabajo deben explicarse las condiciones salariales y el pago debe hacerse en la moneda legal. Las pagas anuales consisten en 15 días de salario al final de cada año y otros 15 al comienzo del año siguiente; esta última se abona antes del 20 de diciembre. Los trabajadores estacionales contratados hasta seis meses reciben al menos el mínimo legal más un suplemento del 25 %. Los trabajadores domésticos deben recibir como salario en efectivo al menos el 80 % del SMI. El empleador debe pagar el viaje de regreso y añadir un 25 % del salario básico si traslada al trabajador fuera de su lugar de residencia. También paga una ayuda de instalación de al menos un mes de salario. A partir del tercer mes, los familiares de primer grado pueden viajar a petición del trabajador. Los desplazamientos largos al trabajo o el trabajo en otro lugar pueden dar lugar a transporte a cargo del empleador. Un destino laboral permanente en el extranjero o de al menos un año incluye viaje, instalación y una ayuda de manutención de al menos el 50 % del salario básico, salvo que el destino sea de formación. Desde 2026, el teletrabajo está regulado como voluntario y reversible, con disposiciones sobre igualdad de trato, protección de datos, seguridad laboral, jornada, desconexión y derechos colectivos. Los trabajadores tienen libertad para elegir ocupación, protección contra el trabajo forzoso y protección contra la discriminación por raza, etnia, sexo, religión, opinión política, origen social o afiliación sindical. La libertad sindical y la negociación colectiva están reconocidas legalmente. Los trabajadores deben cumplir instrucciones lícitas y normas del lugar de trabajo y realizar el trabajo acordado. La Inspección General de Trabajo supervisa la seguridad y salud laboral. No se ha identificado una normativa específica para el trabajo en plataformas en la investigación disponible. El despido debe constar por escrito e indicar una causa legal. Un despido sin la forma escrita o el motivo exigidos, así como uno en represalia por acudir a una autoridad o por una infracción procesal, puede ser nulo y dar lugar a readmisión con salarios atrasados. El preaviso es de una semana después de un mes de empleo y de 20 días tras al menos seis meses; el empleador puede sustituirlo pagando el importe correspondiente. El empleador debe expedir un certificado de trabajo con la fecha de inicio, la fecha de finalización y la categoría laboral. La modificación de 2026 de la Ley 6/2026 cambia la indemnización por antigüedad de 45 a 30 días de salario por año de servicio; deben consultarse las disposiciones transitorias aplicables en el texto pertinente del BOE. Por lo general, una reclamación de readmisión debe presentarse en un plazo de 90 días desde la notificación del despido. Un conflicto individual suele comenzar ante la Delegación Provincial de Trabajo, y los casos de despido incluyen conciliación. Un acuerdo alcanzado en conciliación es vinculante. La Magistratura de Trabajo decide y ejecuta las resoluciones. Los trabajadores deben conservar el contrato, los registros salariales, la prueba de afiliación al INSESO, la notificación del despido y el certificado de trabajo. Los trabajadores extranjeros necesitan la autorización de trabajo tramitada a través de la OCSNEM y un permiso de residencia aparte. En ciertos casos pueden aplicarse normas de contenido local o del sector de hidrocarburos y la prueba de una búsqueda local de 30 días; no debe comenzarse a trabajar antes de obtener las autorizaciones necesarias. Según los datos disponibles del Banco Mundial, los empleos formales representan menos del 20 % del total, utilizando las cotizaciones al INSESO como medida del empleo formal. La proporción es de alrededor del 26 % en Malabo, el 20 % en otras ciudades y el 8 % en zonas rurales. El empleo público representa aproximadamente el 13,3 % de todos los trabajos y cerca de tres cuartas partes de los empleos formales, con una ventaja salarial comunicada del 20–30 %; alrededor del 73 % de sus trabajadores tiene estudios posteriores a la secundaria. El trabajo informal, la escasez de empleos privados de calidad, el acceso de jóvenes y mujeres y las diferencias regionales condicionan mucho las opciones laborales. No hay pruebas de un sistema nacional de seguro de desempleo ni de sustitución estatal de ingresos tras el despido.