Convivencia en Guyana

Guyana tiene 10 regiones administrativas y una población preliminar de 878.674 habitantes según el censo de 2022. Alrededor del 87,16 % de la población vivía en zonas costeras y el 12,84 % en el interior. El censo registra la etnia, la religión, el idioma del hogar, los huéspedes y los empleados domésticos, pero la investigación disponible aún no había publicado por completo la composición detallada de 2022. Entre las comunidades registradas figuran personas africanas o negras, amerindias, indias orientales, chinas, mestizas, portuguesas, blancas y de otras identidades. En los hogares se utilizan idiomas como inglés, portugués, español, criollo haitiano, mandarín o cantonés y lenguas tradicionales. La vida religiosa incluye denominaciones cristianas y comunidades hindúes, musulmanas, bahá'ís, rastafaris y no religiosas. En las cifras de 2012, el 24,8 % de las personas encuestadas era hindú y el 22,8 % pentecostal, pero esas cifras no deben considerarse proporciones actuales de la población. Los artículos 145 a 149 de la Constitución protegen la conciencia, la religión, la expresión, la reunión, la asociación y la manifestación pacífica. Las protecciones constitucionales contra la discriminación abarcan características como la raza, el origen, la opinión política, el color, el credo, la edad, la discapacidad, el estado civil, el sexo, el género, el idioma, el nacimiento, la clase social, el embarazo, la religión, la conciencia, las creencias y la cultura. El artículo 32 establece que la prevención del delito es un deber conjunto del Estado, la sociedad y la ciudadanía. Estas protecciones ofrecen una base jurídica para la participación y la convivencia pacífica, aunque determinadas quejas pueden requerir una autoridad responsable o un procedimiento formal. La Comisión de Relaciones Étnicas (Ethnic Relations Commission, ERC) es un organismo constitucional que promueve la igualdad de oportunidades, la armonía entre grupos étnicos, la tolerancia, la diversidad y la participación. Las personas afectadas y las organizaciones pueden presentar quejas por discriminación racial o marginación. La ERC puede investigar, buscar una conciliación o mediación y remitir los asuntos a la autoridad pertinente. Su resumen de 2023 registró 80 quejas: 9 concluyeron, 5 se remitieron a la policía, 10 se remitieron a entidades externas, 2 pasaron por conciliación, 26 seguían pendientes y 25 estaban activas. La investigación disponible no confirma una tasa general ni un plazo para todas las quejas, por lo que conviene consultar con la ERC el procedimiento vigente. Los consejos democráticos de vecindario (Neighbourhood Democratic Councils, NDC) y los consejos democráticos regionales (Regional Democratic Councils, RDC) son organismos locales electos. Los municipios y los consejos municipales también gestionan zonas locales. Entre sus responsabilidades pueden figurar la gestión de la zona, los bienes públicos, las condiciones de vida, la vida social y cultural, la conciencia cívica, el orden público y los derechos de la ciudadanía. Las reuniones comunitarias y las actividades de acercamiento permiten a los residentes plantear inquietudes locales a los concejales. En 2025, información oficial sobre actividades de acercamiento mencionó aproximadamente 70 NDC. Los servicios locales se financian mediante tasas, impuestos y subvenciones centrales; la investigación disponible no encontró una tasa general por asistir a reuniones locales. Los consejos municipales y distritales controlan ciertos aspectos de los espacios públicos, las vías, los mercados, las obstrucciones y el saneamiento en virtud de la Ley de Consejos Municipales y Distritales (Municipal and District Councils Act). En la práctica, los NDC pueden ocuparse de la basura, el drenaje, el alumbrado público comunitario y las instalaciones locales. Los parques, las plazas, las calles más seguras, los mercados y el alumbrado también forman parte de políticas actuales o de su planificación, pero las ordenanzas y responsabilidades concretas varían según el municipio, el distrito y el NDC. Por ello, una queja local debe precisar el lugar y dirigirse al organismo responsable de esa zona. Los grupos de vigilancia comunitaria, conocidos como Community Policing Groups (CPG), operan bajo la Fuerza de Policía de Guyana y el Ministerio del Interior. Incluyen la participación voluntaria de residentes en la prevención del delito, las relaciones comunitarias, la resolución de conflictos y la formación en mediación. Un registro histórico de marzo de 2019 enumeró 210 grupos y 4.255 integrantes, pero no se ha verificado el total nacional actual. Las inquietudes sobre seguridad y delincuencia deben comunicarse a la Fuerza de Policía de Guyana o a un CPG adecuado. Los conflictos graves corresponden a la policía o a los tribunales. La justicia restaurativa o la resolución alternativa de conflictos pueden ser apropiadas en algunos casos, pero la violencia de género y la violencia doméstica no deben derivarse a una mediación o conciliación forzadas. Las comunidades indígenas cuentan con un marco propio de gobernanza local. En virtud de la Ley Amerindia de 2006 (Amerindian Act 2006), un consejo de aldea está integrado por un Toshao y concejales, y puede representar a la aldea, planificar su desarrollo, gestionar las tierras de la aldea y proteger la cultura y los conocimientos. El Consejo Comunitario tiene autoridad en asuntos relativos a los integrantes de la comunidad y los derechos tradicionales. El Consejo Nacional de Toshaos (National Toshaos Council) representa a los pueblos indígenas; en 2025 estaban representadas más de 200 comunidades amerindias. El Ministerio de Asuntos Amerindios, el Consejo Nacional de Toshaos y los consejos de aldea cumplen distintas funciones. El acceso suele comenzar a través de un Toshao, un consejo de aldea o el Consejo Nacional de Toshaos. En 2025, las directrices sobre consentimiento libre, previo e informado seguían en fase de borrador o consulta, por lo que no deben considerarse un procedimiento nacional aprobado. La participación adopta formas formales e informales, como las reuniones de los NDC y RDC, el voluntariado en los CPG, las consultas de la ERC, las conferencias del Consejo Nacional de Toshaos y la participación de organizaciones religiosas, juveniles, de mujeres, laborales y del sector privado. El acceso y el transporte pueden dificultar la participación en el interior, y la vía de contacto práctica depende del organismo y la comunidad locales. La investigación disponible no identifica una vía nacional específica para la vivienda compartida. Los huéspedes y los empleados domésticos figuran en las categorías censales, pero los acuerdos cotidianos se basan principalmente en pactos del hogar junto con las normas generales de salud pública, planificación y las autoridades locales. La tenencia y los derechos de propiedad corresponden al tema independiente de vivienda. La convivencia digital está cobrando más importancia. La Ley de Delitos Cibernéticos de 2018 (Cyber Crime Act 2018) tipifica como delito la coacción, las amenazas, el acoso y la intimidación mediante sistemas informáticos, así como la publicación de material obsceno o falso que cause daño. La Ley de Protección de Datos de 2023 (Data Protection Act 2023) fue promulgada, pero su entrada en vigor depende de una orden ministerial y debe verificarse. El Sistema de Denuncia contra el Acoso Escolar del Ministerio de Educación permite que los menores presenten informes confidenciales y hagan seguimiento de su estado. En 2026, una consulta nacional sobre la seguridad infantil en línea propuso verificar la edad, establecer obligaciones para las plataformas, promover la alfabetización digital y crear una Autoridad de Protección Infantil en Línea; según la investigación disponible, estas propuestas no se habían aplicado.