Derecho penal en Guyana

Las fuentes principales incluyen la Constitución de Guyana; la Ley de Derecho Penal (Delitos), cap. 8:01; la Ley de Derecho Penal (Procedimiento), cap. 10:01; la Ley de Procedimiento de la Jurisdicción Sumaria, cap. 10:02; y la Ley de Jurisdicción Sumaria (Magistrados), cap. 3:05. La situación jurídica también comprende leyes posteriores, como la Ley de Fianza de 2022, la Ley de Justicia Restaurativa de 2022, la Ley de Procedimiento Penal (Negociación de la declaración, acuerdo de culpabilidad y acuerdo de colaboración) de 2024, la Ley de Procedimiento de Derecho Penal (Remisiones por escrito) de 2024 y la Ley Miscelánea de Derecho Penal de 2025. Las leyes revisadas publicadas por el Ministerio de Asuntos Jurídicos reflejan la situación hasta el 31 de diciembre de 2022, por lo que las modificaciones posteriores deben comprobarse por separado. La Fuerza de Policía de Guyana investiga las presuntas infracciones y prepara el expediente policial. El director de la Fiscalía (DPP, por sus siglas en inglés) revisa los expedientes, asesora jurídicamente y dirige o controla los procesos, pero por lo general no realiza la investigación policial. Los tribunales de magistrados conocen asuntos sumarios, fianzas e investigaciones preliminares. Los asuntos procesables siguen su curso mediante una investigación preliminar ante un tribunal de magistrados o una remisión por escrito y luego llegan al Tribunal Superior, donde un juez y un jurado conocen la acusación formal. Según la decisión, las apelaciones pueden pasar al Pleno del Tribunal Superior o al Tribunal de Apelación; el Tribunal de Justicia del Caribe es la última instancia de apelación. La Constitución protege la presunción de inocencia, un juicio justo en un plazo razonable, tiempo y medios suficientes para preparar la defensa, la representación por un abogado o la autodefensa, el interrogatorio de los testigos de la acusación y de la defensa, la asistencia de un intérprete cuando se necesite, la protección contra delitos y penas retroactivos y la prohibición de ser juzgado dos veces por el mismo delito. La persona detenida debe recibir cuanto antes, en un idioma que entienda, los motivos de su arresto; debe tener acceso sin demora a asesoramiento jurídico y comparecer pronto ante un tribunal. Puede corresponder la puesta en libertad si no se celebra el juicio dentro de un plazo razonable, según las circunstancias aplicables. Los delitos incluyen violencia, delitos sexuales, delitos contra menores, robo, fraude, atraco, allanamiento, falsificación, incendio provocado, corrupción, alteración del orden público, fuga de prisión, delitos de drogas, delitos viales y ciberdelitos. La ley también contempla la tentativa, la conspiración, la incitación y la complicidad. Los delitos sexuales se rigen principalmente por la Ley de Delitos Sexuales, cap. 8:03. Las protecciones aplicables a los menores rigen para los menores de 18 años e incluyen medidas especiales como biombos, enlaces audiovisuales, intermediarios y personas de apoyo. Los delitos de drogas se rigen principalmente por la Ley de Control de Drogas Narcóticas y Sustancias Psicotrópicas, cap. 10:10; los ciberdelitos, como el acceso ilícito y la interferencia con datos o sistemas informáticos, están contemplados en la Ley de Ciberdelincuencia de 2018. La policía o un tribunal pueden conceder la libertad bajo fianza mediante compromiso de comparecencia, fiador o condiciones. La decisión puede tener en cuenta el riesgo de incomparecencia, reincidencia o interferencia con testigos, la seguridad del denunciante o de un menor y las dificultades personales. Incumplir las condiciones de la fianza puede dar lugar a una orden de arresto, la pérdida de una garantía o la prisión preventiva. No se ha verificado un plazo uniforme de tramitación nacional: la duración depende del cargo, el distrito, la situación de custodia, que el expediente de la Fiscalía esté completo y la disponibilidad de testigos. Las sanciones posibles incluyen multas, indemnización, inhabilitación, prisión, pena de muerte, decomiso, confiscación y restitución. El capítulo 8:01 también enumera los azotes o la flagelación, aunque su aplicación práctica actual debe confirmarse por separado para cada caso. El Servicio Penitenciario de Guyana gestiona la custodia, las penas, la rehabilitación y la reintegración. La Junta de Libertad Condicional asesora al ministro, y la libertad condicional permite salir en libertad bajo licencia y sujeto a condiciones. La justicia juvenil se aplica a los menores de 18 años. En general, la responsabilidad penal comienza a los 14 años; se presume que un menor de 14 no tiene capacidad, salvo que una evaluación establezca lo contrario. La Ley de Justicia Juvenil de 2018 permite la amonestación policial, la derivación a medidas alternativas, la mediación, las conferencias y los círculos restaurativos; la privación de libertad es el último recurso y los menores deben permanecer separados de los adultos. Las medidas pueden incluir una advertencia o el sobreseimiento, libertad vigilada, supervisión, multa o indemnización cuando corresponda, restitución, servicio comunitario, internamiento abierto o cerrado y custodia aplazada. Según los acuerdos comunicados por el Departamento de Justicia Juvenil, los menores en prisión preventiva pueden recibir representación jurídica gratuita. Las víctimas y los testigos pueden recibir protección en virtud de la Ley de Protección de Testigos de 2018, medidas especiales para delitos sexuales, apoyo a sobrevivientes y derivaciones de la Unidad de Políticas sobre Delitos Sexuales y Violencia Doméstica del Ministerio de Servicios Humanos y Seguridad Social. La Ley de Justicia Restaurativa de 2022 permite formas de reparación, mediación y participación comunitaria o de las víctimas cuando se cumplen los requisitos. La indemnización penal es independiente de una demanda civil y Guyana no cuenta con un código general de víctimas verificado que abarque todos los casos. El acceso a representación varía según la región y la capacidad disponible. La Clínica de Asistencia Jurídica de Guyana ofrece asesoramiento y representación gratuitos o subvencionados en oficinas de Georgetown, Esequibo, la costa oeste de Berbice y Berbice Oriental. El Centro de Asistencia Jurídica de Linden atiende a la Región 10 y aplica una evaluación de recursos. Los abogados privados suelen cobrar honorarios, y el costo total depende de los requisitos de acceso a asistencia jurídica, el transporte, los documentos, los gastos de fianza y los cargos judiciales. Las leyes de tránsito de Guyana abarcan licencias, condiciones de los vehículos, conducción peligrosa o negligente, conducción bajo los efectos de sustancias, pruebas y negativa a someterse a ellas, uso del teléfono móvil, obligaciones tras una colisión, puntos de demérito e inhabilitación. Las apelaciones contra decisiones sobre puntos de demérito se presentan ante el Tribunal Superior.