Empresas en Haití

La actividad empresarial en Haití abarca el comercio, los servicios, la agricultura, la industria y numerosas pequeñas actividades realizadas en la calle, en viviendas o en locales informales. FinScope MPME 2023 registró alrededor de 660.845 propietarios de microempresas, pequeñas y medianas empresas, 710.337 establecimientos y 1.122.557 trabajadores. Las microempresas representaban el 71,15 % de los establecimientos; las pequeñas empresas, el 23,90 %; y las medianas, el 4,95 %. Cerca del 67 % de los propietarios eran mujeres y el 65 % de los establecimientos eran urbanos, con grandes concentraciones en Ouest, Artibonite y Sud. Solo alrededor del 11 % de los establecimientos estaba registrado o tenía licencia, por lo que la actividad informal sigue siendo el modelo práctico predominante. La informalidad no ofrece el mismo estatus jurídico, protección contractual, acceso a servicios financieros públicos o formales ni situación de cumplimiento que una empresa registrada. La formalización puede facilitar contratos, relaciones bancarias, negocios con el sector público y financiación, aunque el acceso a financiación sigue siendo difícil porque muchas empresas carecen de registros y temen los requisitos de cualificación o el endeudamiento. En FinScope MPME 2023, el 17 % de las personas encuestadas había pedido un préstamo durante los doce meses anteriores; el 5 % recurrió a un banco, el 5 % a un proveedor formal no bancario y el 13 % a fuentes informales; el 83 % no había pedido préstamos. El 58 % utilizaba mecanismos financieros informales, el 30 % no tenía ningún producto financiero formal ni informal y solo el 3 % tenía seguro. Los pagos de clientes se hacían casi exclusivamente en efectivo: el 99 %. Un proceso formal suele comenzar en el Guichet del MCI, con una búsqueda previa del nombre comercial, documentos de identidad, datos personales o de la empresa y una solicitud en línea. Una empresa individual generalmente necesita un nombre comercial, un Numéro d’Immatriculation Fiscale (NIF), una patente y una Carte d’Identité Professionnelle (CIP). La patente es un impuesto comercial o gravamen de actividad asociado a un establecimiento. Las sociedades, como la empresa en nombre colectivo o la sociedad en comandita simple, utilizan contratos o estatutos y requieren publicación. Una sociedad anónima normalmente necesita un abogado o notario, estatutos, un acta constitutiva, el depósito de al menos una cuarta parte del capital, autorización del MCI y publicación en Le Moniteur. Una sucursal extranjera requiere legalización consular o notarial, certificación, traducción, asistencia jurídica y coordinación con CFI o MCI. Por lo general, las personas haitianas presentan un NINU o documento de identidad, mientras que las solicitantes extranjeras utilizan el pasaporte y el permiso de residencia. El MCI revisa la solicitud y puede inspeccionar el local antes de expedir la CIP. El NIF es obligatorio para toda empresa individual y persona jurídica, y cada establecimiento suele necesitar su propia patente. Entre las cifras publicadas actualmente figuran 50 HTG por un NIF, aproximadamente 163 HTG más un timbre de 25 HTG y 11 HTG en sellos para el trámite del nombre comercial, y aproximadamente entre 400 y 2.000 HTG por una patente; los cargos relacionados con la CIP incluyen unos 1.000 HTG y un trámite del MCI de aproximadamente 250 a 500 HTG. Los plazos publicados incluyen unas 48 horas para una CIP y entre una semana y media y dos semanas para publicar una sucursal extranjera, pero conviene volver a comprobar las tasas, los portales y los plazos antes de presentar la solicitud. El registro no elimina los requisitos específicos de cada sector. Algunos ejemplos son documentos para farmacias ante el Ministerio de Salud Pública y Población, requisitos para agencias marítimas ante la APN, autorización para agentes de aduanas ante la administración aduanera y requisitos para actividades de cambio de divisas. El Ministerio de Comercio e Industria se ocupa del registro, el registro mercantil, la expedición de la CIP y algunos permisos sectoriales; la Dirección General de Impuestos gestiona el NIF, la patente, las declaraciones tributarias y los cargos relacionados con el cierre; CFI presta apoyo para solicitudes de inversión; la administración aduanera gestiona las importaciones y exportaciones; y las autoridades locales o los ministerios sectoriales pueden imponer requisitos adicionales. Los empleadores también tienen obligaciones continuas. La contribución a la Office National d’Assurance-Vieillesse es del 6 % para el empleado y del 6 % para el empleador. La Office d’Assurance Accidents du Travail, Maladie et Maternité exige un formulario E1 y una lista de empleados, y el E1 debe presentarse dentro de los ocho días de su recepción. Las tasas de contribución empresarial indicadas en la investigación son del 2 % para el comercio, del 3 % para la agricultura, la industria y la exportación, y del 6 % para la minería. Los registros de nóminas y de personas aseguradas deben conservarse durante al menos cinco años. Por lo general, los importadores presentan la declaración aduanera dentro de los 21 días siguientes a la llegada. Las declaraciones comerciales deben tramitarse mediante un commissionnaire en douane autorizado y suelen requerir un conocimiento de embarque y la factura original. Se aplica una verificación anticipada DPI y SGS a partir de un valor de importación de 5.000 USD; los productos agrícolas y pesqueros pueden requerir una solicitud DQCPAP y certificados de origen, fitosanitarios o zoosanitarios. Las empresas registradas pueden solicitar incentivos a CFI si son empresas nuevas, proyectos nuevos o entran en un sector nuevo. El expediente puede requerir una carta, formulario de solicitud, proyecciones empresariales a cinco años, lista de importaciones, prueba jurídica, NIF, CIP, patente vigente, quitus fiscal, balance de apertura y declaraciones definitivas del impuesto sobre la renta. Los sectores admisibles para 2025–2026 incluyen exportación y reexportación, agricultura, artesanía, industria nacional, turismo y servicios, zonas francas y regímenes especiales. La Comisión de Inversiones decide sobre los incentivos después de revisarlos y recibir opiniones sectoriales favorables; las reglas actuales pueden permitir exenciones de hasta diez años en varios sectores, con sujeción a la legislación aplicable. Las empresas también afrontan importantes riesgos operativos por la inflación, la inseguridad, los bloqueos de carreteras, los peajes de bandas, los costes de entrega y las crisis políticas o climáticas. La planificación de la continuidad empresarial, la protección del efectivo y los activos, y la diversificación de proveedores y canales de venta son medidas prácticas de protección. Cerrar una empresa exige algo más que dejar de operar. Una sociedad anónima inactiva puede conservar su existencia jurídica, y la DGI exige una notificación anual antes del 15 de enero y un impuesto especial de 500 HTG pagadero en los 30 días posteriores a la notificación de liquidación. Se informa que una solicitud de cierre ante la DGI cuesta 25.000 HTG. Antes del cierre definitivo deben liquidarse las obligaciones relativas al NIF, la patente, la CIP, los impuestos y los empleadores. La inactividad temporal es distinta de la liquidación. Haití no tiene un procedimiento estándar único documentado para transferir o heredar una empresa; la solución depende de la forma jurídica, los estatutos y los contratos, y puede implicar al MCI, el registro mercantil, la DGI, una publicación y un notario. Las fuentes publicadas tampoco establecen una definición universal única de MPME, una vía de licencias aplicable a todo el país ni una tabla completa de tasas y plazos para cada forma jurídica.