El Estado de Honduras

La Constitución de Honduras protege la igualdad, la libertad de expresión y de prensa, el derecho de petición y asociación, y el debido proceso. También establece deberes conforme a la Constitución y las leyes, y asigna al Estado la responsabilidad de garantizar la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social. Honduras se divide en 18 departamentos y 298 municipios. El Congreso crea los departamentos y modifica sus límites. Los municipios tienen autonomía dentro del marco legal y se gobiernan mediante corporaciones municipales electas. El Distrito Central es un municipio formado por Tegucigalpa y Comayagüela. Los municipios gestionan muchos permisos, servicios locales e impuestos municipales, por lo que los requisitos, las tasas y los plazos de tramitación varían según el municipio y el servicio. El Congreso Nacional tiene 128 diputados. Aprueba leyes y el presupuesto general anual, y ejerce funciones políticas y de control. El Ejecutivo está integrado por la Presidencia, las Secretarías de Estado y las instituciones descentralizadas o desconcentradas. El Poder Judicial comprende la Corte Suprema de Justicia y los tribunales de apelación y de primera instancia. El Ministerio Público es una institución nacional única, técnica y profesional que ejerce la acción penal pública, protege los intereses de la sociedad y dirige la investigación penal. La Policía Nacional lo auxilia conforme a las instrucciones legales. Los asuntos administrativos corresponden a la Secretaría de Estado, institución o municipalidad competente y al procedimiento establecido para el servicio. Honduras no cuenta con una ventanilla pública única para todos los servicios del Gobierno. Entre los trámites separados están obtener el Registro Tributario Nacional, presentar declaraciones de impuestos, emitir facturas, pagar impuestos, solicitar un permiso municipal y pedir información pública. La Secretaría de Finanzas, conocida comúnmente como SEFIN, dirige las finanzas públicas. El Servicio de Administración de Rentas, o SAR, administra las obligaciones tributarias. La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, o SGJD, coordina los asuntos municipales y de descentralización. Los requisitos de acceso, la legitimación, los documentos, las tasas y los plazos dependen del trámite concreto. SEFIN formula, coordina, ejecuta y liquida el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, incluidas las funciones de tesorería, contabilidad, deuda pública, inversión e ingresos. El Congreso aprueba el presupuesto anual; el presupuesto de 2026 y su reformulación están disponibles en índices públicos. Los contribuyentes deben cumplir las normas tributarias aplicables y presentar declaraciones exactas. Los impuestos y las tasas públicas se originan en la ley o el servicio correspondiente, y no existe una tarifa única fija para todos los trámites ante el Estado. El Gobierno presenta al Congreso la liquidación y cuenta anual a más tardar el 30 de abril del año siguiente. El control se reparte entre varias instituciones. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) es la autoridad constitucional autónoma de control externo y audita los poderes del Estado, los organismos descentralizados y desconcentrados, los municipios, los bancos estatales o mixtos, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y otras entidades que gestionan recursos públicos. Su labor abarca el control financiero, de gestión y de resultados, así como el enriquecimiento ilícito, los activos y pasivos y la transparencia. El TSC presenta su informe anual a más tardar 40 días después del ejercicio económico. El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) protege el acceso a la información pública y los datos personales mediante el Portal Único de Transparencia y los canales institucionales de acceso. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) recibe quejas y promueve y protege los derechos humanos mediante informes públicos, anuales y especiales. Una queja o consulta ante estos organismos no sustituye una sentencia judicial ni una resolución administrativa vinculante. El Ministerio Público se ocupa de la responsabilidad penal. La Constitución protege la expresión pública, la actividad de prensa, el derecho de petición y la asociación. La información pública puede solicitarse por medios digitales o en persona, pero su disponibilidad depende de la institución y el municipio. Las obligaciones de transparencia y el derecho de acceso están sujetos a los límites constitucionales y legales, al debido proceso y a la protección de datos personales. La Secretaría de Seguridad dirige la política de seguridad interna, el orden público, la prevención e investigación de delitos, la protección de personas y bienes, la regulación de la seguridad privada, el control de armas y explosivos, la administración penitenciaria y la Policía. La Policía Nacional es el servicio operativo de seguridad pública. La Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) coordina la política de defensa y las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son permanentes, profesionales, apolíticas, obedientes y no deliberantes; sus funciones constitucionales incluyen defender la soberanía y la integridad territorial, proteger el orden constitucional y contribuir a la paz. Pueden cooperar con la Policía y otros organismos estatales cuando la Constitución o la ley establezcan una solicitud o mandato, incluso para responder a desastres, proteger el medio ambiente y combatir los narcóticos o la delincuencia organizada. La labor policial se refiere principalmente a la seguridad interna, mientras que la de las Fuerzas Armadas se refiere principalmente a la defensa nacional. Ambas deben respetar los derechos humanos. Estos servicios se financian con fondos públicos y no tienen una tarifa general para usuarios; el acceso depende del incidente, la misión o el mandato legal, no de una inscripción ciudadana ordinaria.