Derecho en Indonesia

Indonesia utiliza principalmente un sistema de derecho civil, en el que las normas escritas son la fuente central del derecho. La Constitución está por encima de las leyes, los reglamentos gubernamentales, las normas presidenciales, las normas ministeriales y los reglamentos regionales válidos. El término local para derecho es derecho (hukum). Las normas nacionales son creadas y aplicadas por varias instituciones, por lo que una cuestión jurídica puede involucrar al mismo tiempo una ley, un reglamento de aplicación y una decisión administrativa. Indonesia también reconoce las normas consuetudinarias (adat), vinculadas a comunidades concretas. Pueden ser relevantes en ámbitos como la tierra, la herencia o las relaciones comunitarias, pero no prevalecen automáticamente sobre el derecho nacional. El derecho islámico tiene un papel definido para los musulmanes en determinados asuntos personales, especialmente el matrimonio, el divorcio y la herencia. Los Tribunales Religiosos suelen ocuparse de estos asuntos, mientras que los Tribunales Generales conocen de la mayoría de los casos civiles y penales. La estructura judicial incluye tribunales de primera instancia, Tribunales Superiores y el Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional decide por separado cuestiones constitucionales importantes, incluido el examen de las leyes frente a la Constitución. Muchos problemas jurídicos cotidianos comienzan fuera de los tribunales. Una persona puede primero reunir documentos, contactar con la otra parte, presentar una queja ante una autoridad, solicitar mediación o pedir asesoramiento antes de iniciar un procedimiento formal. Los organismos administrativos también toman decisiones sobre licencias, estatus migratorio, registros de tierras, impuestos y otros asuntos públicos. Algunas decisiones gubernamentales pueden impugnarse mediante objeciones administrativas o ante los Tribunales Administrativos del Estado. El acceso a la justicia puede ser difícil porque importan los procedimientos, el idioma, los desplazamientos, los costes y las pruebas. Las organizaciones de asistencia jurídica, los abogados autorizados, los notarios y los funcionarios de escrituras de tierras tienen funciones diferentes, por lo que el profesional adecuado depende del problema.