Política en Irán

Irán es una república islámica. Su orden político combina instituciones republicanas, como las elecciones y un Parlamento, con instituciones basadas en la interpretación oficial del gobierno islámico. El Líder Supremo, comúnmente llamado líder supremo (rahbar), ocupa la posición más alta. Este cargo influye en la orientación general del Estado y tiene amplias competencias en ámbitos como la seguridad, las fuerzas armadas, la radiodifusión y los nombramientos de alto nivel. El presidente dirige el poder ejecutivo y gestiona gran parte del trabajo cotidiano del Gobierno. Los ministros supervisan distintas áreas de política, pero las facultades presidenciales están limitadas por otras instituciones y por la autoridad del Líder Supremo. El Parlamento nacional se denomina Asamblea Consultiva Islámica (Majles). Debate las leyes, aprueba el presupuesto estatal, interpela a los ministros y puede investigar la actividad gubernamental, aunque sus decisiones están sujetas a una revisión institucional. El Consejo de Guardianes revisa la legislación para comprobar su compatibilidad con la Constitución y los principios islámicos. También examina si las personas que desean presentarse a determinados cargos electivos pueden ser candidatas, lo que influye considerablemente en la competencia política. Otros órganos importantes son el poder judicial, la Asamblea de Expertos y el Consejo de Discernimiento de Conveniencia. Sus funciones incluyen resolver disputas jurídicas, seleccionar y supervisar al Líder Supremo y ayudar a resolver algunos desacuerdos institucionales. La actividad política incluye elecciones, debates parlamentarios, administración pública, peticiones, asociaciones profesionales, redes religiosas y debate público. Existen partidos políticos formales, pero la política suele desarrollarse mediante grupos cambiantes, redes personales y corrientes amplias descritas habitualmente como conservadoras, reformistas o pragmáticas. En la vida cotidiana, la política afecta a la educación, el empleo, la conducta pública, los medios de comunicación, la política económica y las relaciones con otros países. La participación puede abrir vías para resolver problemas locales, pero las candidaturas, la expresión, la organización y el cambio institucional funcionan dentro de límites legales y políticos estrictos.