Familia en Islandia

Islandia reconoce diversas formas de familia, entre ellas el matrimonio, la convivencia registrada o no registrada (*sambúð*), las familias monoparentales y las familias reconstituidas, de acogida y adoptivas. No existe una ley integral de convivencia, por lo que los derechos de las parejas no casadas dependen del asunto: por ejemplo, la custodia, la herencia, los impuestos, la vivienda o las prestaciones sociales. Los servicios y las tarifas municipales también dependen del domicilio legal del menor. La formación de una familia comienza con la atención prenatal en los centros de salud. Las consultas periódicas del embarazo, la ecografía de la semana 20, las visitas posnatales de la matrona a domicilio y la atención infantil son gratuitas. Puede haber que pagar por las ecografías tempranas y las de las semanas 11 a 14. La inscripción del nacimiento genera la *kennitala* del menor, su número de identificación personal. Por lo general, los padres tienen seis meses para inscribir un nombre; para un nombre que no figure en la lista puede ser necesario presentar una solicitud ante el Comité de Nombres Personales y pagar una tasa. La madre debe establecer la paternidad en un plazo de seis meses. El matrimonio o la convivencia registrada suele otorgar la custodia compartida a ambos progenitores desde el nacimiento. En los demás casos, la madre tiene inicialmente la custodia exclusiva, salvo que los progenitores suscriban un acuerdo de custodia compartida. El establecimiento de la paternidad genera derechos y deberes relativos a la custodia, el contacto, la manutención y la herencia. Los centros de fertilidad autorizados ofrecen tratamiento con independencia del estado civil. Los donantes pueden ser anónimos; si no lo son, la persona concebida con su donación puede solicitar información sobre sus orígenes a partir de los 18 años. Iceland Health concede una subvención para reproducción asistida conforme al Reglamento 1579/2024: hasta 150.000 ISK para el primer tratamiento y 400.000 ISK para los tratamientos del segundo al cuarto. Antes de iniciar el tratamiento, consulta las tarifas de la clínica, los pagos anticipados y las condiciones de reembolso. La adopción se rige por el interés superior del menor y puede ser nacional o internacional. La adopción internacional exige la aprobación previa del Comisionado de Distrito; Íslensk ættleiðing es la agencia certificada. Por lo general, quienes solicitan la adopción deben tener al menos 25 años, llevar dos años casados o cinco años conviviendo y superar las evaluaciones de salud y estabilidad; puede haber excepciones a partir de los 20 años. El recurso ante el Ministerio de Justicia suele presentarse en un plazo de dos meses. La aprobación previa es gratuita. Si una adopción extranjera cumple los requisitos, puede obtenerse una subvención si se solicita en un plazo de seis meses: 823.108 ISK por el primer menor y un 20 % más por cada menor adicional. En general, un progenitor empleado debe acreditar al menos seis meses de empleo continuo y una jornada laboral mínima del 25 % para tener derecho al permiso parental. Cada progenitor dispone de seis meses, doce meses en total, y pueden transferirse hasta seis semanas. En algunos casos, los progenitores monoparentales, quienes han tenido un hijo mediante inseminación artificial individual y las personas adoptantes principales o acogedoras permanentes pueden disponer de hasta doce meses. Por lo general, el permiso puede utilizarse hasta que el menor cumpla 24 meses o se incorpore al hogar. Se recomienda avisar al empleador con ocho semanas de antelación y presentar la solicitud unas seis semanas antes; el trámite suele tardar entre dos y cinco semanas. Los estudiantes, las personas desempleadas y los progenitores que trabajan menos del 25 % pueden tener derecho a una subvención o prestación parental. El derecho de los estudiantes suele incluir tres meses para cada progenitor y tres meses compartidos; la solicitud debe presentarse al menos tres semanas antes del inicio. Cada progenitor también puede disfrutar de cuatro meses de permiso parental no remunerado por cada hijo hasta que este cumpla ocho años; por lo general, debe llevar al menos seis meses con el empleador y dar un aviso previo de seis semanas. La guardería o el cuidado infantil suelen empezar cuando el menor tiene entre seis y dieciocho meses; algunas solicitudes pueden presentarse hasta doce meses antes. No es obligatorio asistir a la educación infantil antes de los seis años, aunque muchos menores empiezan alrededor de los 18 meses. El horario habitual oscila entre cuatro y nueve horas y media al día. El municipio del domicilio legal del menor determina las plazas, las tarifas, las subvenciones y las normas locales; no existe un estándar nacional único de disponibilidad o precio. Los estudiantes y las familias monoparentales pueden reunir los requisitos para obtener descuentos municipales. En 2024, más de 20.200 menores asistían a educación infantil, lo que abarcaba aproximadamente al 88 % de los niños de uno a cinco años. El acceso variaba considerablemente entre regiones: desde aproximadamente el 84 % en los fiordos occidentales hasta el 9 % en el suroeste. Skatturinn administra las prestaciones por hijos a cargo hasta que estos cumplen 18 años. El cálculo depende de los ingresos y puede incluir el capital y los ingresos extranjeros. Se aplican condiciones de residencia o domicilio, entre ellas una regla general basada en más de 183 días en un período de doce meses; también es pertinente la situación que conste en el Registro Nacional a 31 de diciembre. Los pagos suelen efectuarse el 1 de febrero, el 1 de mayo, el 1 de junio y el 1 de octubre. Los dos primeros son pagos anticipados y los posteriores dependen de la liquidación tributaria. Puede aplicarse una prestación adicional si el menor tiene menos de siete años. Un acuerdo de residencia compartida registrado genera un cálculo independiente para cada progenitor. Por lo general, las solicitudes de rectificación deben presentarse antes del 28 de febrero. Las normas transfronterizas del EEE, la AELC y las Islas Feroe pueden cambiar el resultado. El progenitor que paga la manutención no se considera automáticamente el progenitor que mantiene al menor para calcular estas prestaciones. Para recibir la prestación monoparental de la Administración del Seguro Social, hay que residir en Islandia, tener al menos dos menores a cargo de menos de 18 años y compartir el domicilio legal con ellos. Las cantidades indicadas son 14.660 ISK al mes por dos hijos y 38.111 ISK por tres o más. La prestación está sujeta a impuestos, pero no depende de los ingresos; puede terminar tras un matrimonio, la convivencia, un traslado o la pérdida del domicilio compartido exigido. Además, los servicios sociales municipales pueden conceder una ayuda para la vivienda o asistencia económica tras evaluar las necesidades locales. Se puede conceder una pensión infantil si uno de los progenitores ha fallecido, es desconocido, está en prisión o no puede ofrecer sustento debido a una discapacidad. La cantidad indicada es de 50.634 ISK mensuales, por lo general con un requisito de residencia de tres años. El apoyo para cuidados depende de las necesidades de quien los recibe. Una prestación por cuidado infantil puede contribuir al cuidado de un menor con una enfermedad crónica, una discapacidad o un trastorno del desarrollo si el menor y la persona solicitante comparten domicilio legal y cumplen las condiciones de residencia. La evaluación de cuidados puede durar hasta cinco años, incluye cuatro categorías remuneradas y actualmente alcanza un máximo de 273.969 ISK al mes. Las solicitudes se presentan ante la Administración del Seguro Social y suelen requerir informes médicos, de tratamiento, gastos y profesionales. El proceso suele tardar entre cuatro y seis semanas. Puede haber prestaciones parentales cuando cuidar de un menor impide trabajar o estudiar. El cónyuge o la persona adulta conviviente que cuide de alguien que recibe prestaciones por discapacidad, vejez o rehabilitación por enfermedad puede tener derecho a una prestación para cuidadores si el cuidado se realiza en Islandia y causa una pérdida de ingresos. La aprobación dura como máximo un año cada vez; el máximo actual es de 250.170 ISK al mes y el umbral de ingresos indicado es de 856.085 ISK antes de impuestos. Los municipios organizan el apoyo domiciliario para personas mayores con tarifas locales; la enfermería domiciliaria a través de un centro de salud es gratuita. Otras opciones de vivienda y apoyo también se organizan a nivel local. El Comisionado de Distrito tramita las solicitudes de separación legal y divorcio en el distrito de residencia. Las solicitudes pueden incluir la custodia, el domicilio legal del menor, la manutención, los activos, los pasivos y los derechos de pensión del cónyuge. El divorcio suele concederse tras seis meses de separación legal, aunque puede ser inmediato por acuerdo o en circunstancias como la infidelidad, la violencia, una condena, un año sin convivencia por conflicto o la bigamia. Las tasas indicadas son de 9.100 ISK por la separación legal y 9.100 ISK por el divorcio; se notifica al registro matrimonial. Tras la separación, la norma general es la responsabilidad parental compartida. El menor suele tener un solo domicilio legal, y la vivienda del otro progenitor se registra como dirección de residencia. El progenitor con el domicilio legal toma las decisiones cotidianas de mayor alcance; ambos progenitores deben consultarse sobre cuestiones importantes y el menor debe mantener contacto habitual con los dos. La residencia compartida requiere que los hogares estén cerca, normalmente en el mismo municipio, y una cooperación fiable. Otorga a ambos progenitores la toma de decisiones conjunta sobre mudanzas, estudios, salud y actividades, y normalmente elimina la reclamación de manutención infantil y la resolución del Comisionado de Distrito sobre la manutención. La mediación es obligatoria antes de que el Comisionado de Distrito dicte una resolución o un tribunal inicie una causa sobre custodia, domicilio legal o contacto. Pueden celebrarse entre una y siete sesiones en un período de doce meses. Si no se alcanza un acuerdo, el certificado tiene una validez de seis meses. La parte que necesite un intérprete debe encargarse de conseguirlo. Por lo general, el progenitor con quien vive permanentemente el menor debe recibir manutención del otro hasta que este cumpla 18 años. Ningún acuerdo puede fijar una cantidad inferior a la básica. No es obligatorio confirmar el acuerdo, pero su confirmación permite exigir su cumplimiento y obtener pagos anticipados a través de la Administración del Seguro Social. El anticipo mínimo se paga el primer día de cada mes. La manutención adicional puede depender de las necesidades del menor, los recursos y la capacidad de generar ingresos de los progenitores, una enfermedad o necesidad especial, otros hijos y las condiciones de contacto. Un cambio importante puede justificar una solicitud de reducción o anulación de la manutención. Los servicios municipales de protección infantil reciben avisos sobre cuidados inaceptables, violencia o riesgos graves para la salud o el desarrollo de un menor, incluidos los riesgos para un menor que aún no ha nacido. Los organismos públicos y los profesionales que trabajan con menores deben informar de cualquier sospecha de peligro. La persona que informa facilita su nombre al servicio, pero puede pedir que no se revele a las demás partes. Por lo general, el servicio tramita el aviso en un plazo de siete días. Ante un peligro inmediato, hay que avisar al 112, también a través de su chat en línea. La línea de ayuda de la Cruz Roja, 1717, funciona las 24 horas; los centros de salud y el Servicio de Atención a la Violencia Doméstica de Landspítali ofrecen asistencia ininterrumpida. La Agencia Nacional para la Infancia y las Familias coordina y apoya el trabajo de protección infantil, mientras que Barnahús atiende las sospechas de violencia sexual, física o doméstica que afectan a menores. Un plan de tratamiento familiar puede incluir a los progenitores y al menor. Las acogidas familiares y otros acuerdos de cuidado privado requieren autorización de la autoridad supervisora. En situaciones de violencia en relaciones cercanas, las necesidades de seguridad y acceso pueden prevalecer sobre las suposiciones habituales sobre mediación o contacto. Tras una muerte, el certificado de defunción se utiliza para los trámites sucesorios ante el Comisionado de Distrito. El proceso sucesorio suele iniciarse en un plazo de cuatro meses. Según los bienes y las circunstancias, puede tramitarse como un procedimiento sin bienes o limitado a los gastos funerarios, una administración del patrimonio con beneficio para el cónyuge superviviente, una liquidación privada o una liquidación judicial. El cónyuge, los hijos y los demás descendientes que reúnan los requisitos para heredar forzosamente tienen derecho a dos tercios del patrimonio en total; por lo general, un testamento puede disponer libremente del tercio restante. Los funerales suelen celebrarse entre cinco y diez días después. El municipio puede conceder una ayuda funeraria si el patrimonio no puede cubrir los gastos, y la Administración del Seguro Social puede ofrecer una pensión infantil u otras prestaciones por fallecimiento.