La lengua en Islandia

La Ley n.º 61/2011 establece el íslenska como lengua nacional y oficial de Islandia y exige su uso y desarrollo en toda la sociedad. Alþingi, los tribunales, la administración estatal y municipal, las escuelas y los servicios públicos funcionan principalmente en islandés. Los organismos públicos deben usar un lenguaje claro, sencillo y comprensible. Los municipios fijan sus propias políticas lingüísticas y reglas para comunicarse en otros idiomas, por lo que el acceso práctico puede variar entre instituciones. La Íslensk málnefnd asesora al Estado en política lingüística. Sus reglas oficiales de ortografía, Ritreglur Íslenskrar málnefndar, se aplican a la enseñanza escolar y a las publicaciones estatales; las reglas vigentes se publicaron en 2016 y 2018. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum apoya el desarrollo terminológico, los diccionarios, los corpus lingüísticos y la tecnología del lenguaje. El islandés está estrechamente ligado a las sagas, la literatura, la terminología nacional y el patrimonio cultural. RÚV tiene el deber legal de apoyar el islandés, la historia islandesa y el patrimonio cultural, y se espera que los proveedores de medios promuevan el islandés. El contenido audiovisual en idiomas extranjeros suele llevar subtítulos o doblaje en islandés. En Islandia hay diferencias regionales de pronunciación y también de vocabulario, inflexión y estructura de las oraciones. Algunos ejemplos son las formas de hablar asociadas a Reikiavik y Akureyri, los Fiordos del Oeste y Hornafjörður. Estas diferencias no constituyen lenguas oficiales regionales: la norma nacional sigue siendo el islandés en todo el país. El Íslenskt táknmál es la lengua minoritaria tradicional de quienes dependen de ella, incluidos los niños. Según estimaciones de investigación de Árnastofnun, hay aproximadamente entre 200 y 300 hablantes nativos. El Estado y los municipios deben apoyar su preservación, desarrollo, uso y accesibilidad. Málnefnd um íslenskt táknmál tiene cinco miembros con mandatos de cuatro años. La lengua de signos islandesa es una forma de expresión igualitaria en el uso interpersonal, y los organismos públicos deben proporcionar los servicios de lengua de signos necesarios. El braille islandés es la primera lengua escrita de las personas que dependen de él. El polaco, el español, el árabe, el inglés y otros idiomas se utilizan como lenguas de migración y familiares. En 2025, Islandia tenía 73.795 inmigrantes, que representaban el 18,9 % de la población; las personas de primera y segunda generación juntas representaban el 21 %. El polaco era el grupo de lengua de origen más numeroso, con 22.925 inmigrantes, o el 31,1 % del total. En el curso escolar de 2024, 7.661 alumnos, o el 16,2 %, tenían otra lengua materna; las más comunes eran el polaco, con más de 2.200 alumnos; el español, con más de 600; el árabe, con algo menos de 600; y el inglés, ligeramente por debajo de esa cifra. Estos datos describen la lengua materna o familiar, no todos los idiomas que habla la población. Las escuelas ofrecen islandés como segunda lengua y apoyan a los alumnos cuya primera lengua es otra. También pueden apoyar, cuando sea posible, el uso continuado de la lengua familiar. El dominio del islandés se vincula en el Currículo Nacional con la participación democrática activa. El apoyo concreto disponible depende de la escuela, el municipio y la aplicación local. Las personas que no hablan islandés deberían poder resolver asuntos importantes y comprender los documentos pertinentes, pero el inglés u otro idioma no tiene el mismo estatus legal que el islandés. Los tribunales deben proporcionar interpretación o interpretación en lengua de signos cuando lo exija la legislación procesal. La política 2024–2027 para la lengua de signos islandesa abarca la adquisición, investigación y preservación de la lengua, las actitudes positivas, la ampliación de sus ámbitos de uso, el marco jurídico y la tecnología lingüística. La Ley n.º 61/2011 no establece una tarifa general para los usuarios ni un plazo general de tramitación para el acceso lingüístico. Los servicios de lengua de signos son responsabilidad del Estado y los municipios, y la ley no fija una tarifa general para ellos. Los cursos locales, la traducción y otros apoyos dependen del proveedor o municipio; la información disponible no establece un precio ni un plazo únicos para todo el país.